Paraguay y la trayectoria del luguismo: Aniquilar la propiedad privada
El 28 de noviembre de 2011, en Asunción, durante el Seminario de Soberanía Alimentaria, el brasileño Horacio Martins de Carvalho sostuvo que se debe “impedir el uso y promoción de las semillas transgénicas. Ellas representan la propiedad privada sobre la vida, de la posibilidad de la libre producción, y además representan la destrucción de toda la biodiversidad”. “ ..Y como el recurso de la tierra es limitado, su control y la apropiación privada o el arrendamiento de las tierras aptas para la agricultura en todo el mundo se volvió una prioridad geopolítica estratégica del agronegocio internacional”. “Apropiación privada de la naturaleza…”.
Unos meses atrás, desde el Palacio de Gobierno reunido con Fernando Lugo, José Rodríguez, líder de los carperos y dirigente de Patria Libre, declaraba para la televisión venezolana primero y después en un comunicado escrito que: “todos los títulos de propiedad de inmuebles rurales deben ser anulados”.
Antes, apenas asumiera el Gobierno de Fernando Lugo, el actual “Ministro” de Comunicación, Augusto dos Santos, decía: “Por eso, la lucha por la tierra debe ir encadenada al control del territorio comunitario campesino. Las medidas para afianzar a la población campesina deben ser la TITULACIÓN COLECTIVA, INTRANSFERIBLE, inalienable e imprescriptible”.
La más reciente manifestación del luguismo en esta línea es el Decreto 7525 que viene a implementar con respaldo de las fuerzas públicas el plan de desalojar a los productores de sus fincas.
EL DECRETO 7525 supuestamente reglamenta la Ley 2532, que establece la Zona de Seguridad Fronteriza, pero que en realidad crea la Gestapo Rural.
El decreto crea una comisión (Cizosef) a cargo del Ministerio de Defensa Nacional (art. 4). Esta comisión, dice el decreto, “designará equipos de trabajo de campo que serán los encargados de realizar los procedimientos establecidos en este Decreto” (art. 6). El equipo estará integrado por miembros de la FF.AA., del Servicio de Catastro y del Indert (art. 4). Las unidades militares ubicadas dentro de la franja de Seguridad Fronteriza realizarán periódicas verificaciones e informarán a la Cizosef, es decir, al Ministerio de Defensa (art. 7).
Primera línea: Hasta aquí tenemos que el Ministerio de Defensa va a constituir un equipo con soldados y con agentes del Indert (bajo las órdenes reales de Sixto Pereira; esta institución es su cupo) para cumplir con “los procedimientos establecidos en este Decreto”.
¿Cuál o cuáles fueron las acciones anteriores a esta para poder establecer esta norma?: i. Lo que sabemos es que el entonces candidato y actual Presidente siempre dijo que se reservaba algunos ministerios, los que quedarían fuera de toda negociación política. Uno de esos ministerios es el de Defensa. ii. La otra información es que desde que asumió no paró la purga en las FF.AA. y en la Policía hasta descabezarlas totalmente. Es decir, asume pleno control sobre las fuerzas públicas.
Evidentemente ese control pleno –poner gente que le responda a él más que a la institucionalidad, a las leyes– es un elemento estratégico clave para el proyecto bolivariano. Clave, no solo en la función de defensa armada de su régimen sino como instrumento de otras acciones como las que estamos describiendo.
Segunda línea: ¿Qué procedimientos son los establecidos en el decreto como misión del “equipo”?
La ley no establece ninguna obligación a los habitantes y mucho menos procedimientos en el campo, en el inmueble, en la zona. El decreto sí las establece, cosa totalmente arbitraria e inconstitucional. Un verdadero abuso de poder.
El equipo (Indert/FF.AA.) va a ir a la chacra, a la estancia, a requerir “las condiciones dominiales de los inmuebles rurales (…) quedando el personal militar plenamente autorizado para ejercer la función indicada…” (art. 4). Es decir, los soldaditos van a evaluar las condiciones de dominio.
Ordena que las unidades militares realicen “periódicas verificaciones” (art. 7). ¿Qué tienen que verificar los soldados? El decreto ordena: 1. Que tengan título u otro documento que los productores tienen que presentarles en 72 horas máximo, título y fotocopia, plano georreferenciado y boleta de pago de impuesto inmobiliario “así como de otras documentaciones necesarias” (art. 16).
Otras verificaciones: cumplimiento de leyes tributarias, migratorias “o de otras disposiciones en la materia” (art. 11), documento de identidad (art. 12).
El procedimiento establecido en caso de incumplimiento es la inmediata denuncia inclusive en el ámbito judicial (art. 9).
Así pues queda clarísimamente establecido que “el equipo” tiene funciones jurídicas, policiales y fiscales extraordinarias. Todo el sistema de garantía constitucional y todo el sistema de limitación y regulación del poder público establecido en la Constitución son flagrantemente violados.
La intención es impedir a cualquier precio la producción en escala porque, como se ha visto, a criterio de esta gente, es la responsable de la pobreza y el hambre en el mundo. Jamás entenderé cómo produciendo eficientemente alimentos uno puede generar hambre.
Tercera línea: Pero la realidad es que el objetivo es político. Se pretende administrar la pobreza para asegurar el sistema de dominación política que permita anular la libertad y así sostener por décadas el control de la sociedad por parte de un grupito de inescrupulosos, como ocurre en Cuba y Venezuela en nuestro continente, y en tantos otros países sometidos a la tiranía en el resto del planeta.
El Decreto 7525 representa el inicio de la última etapa de la lucha contra el agronegocio, pero fundamentalmente es el inicio de la lucha contra la propiedad privada en general porque este es el verdadero enemigo, tal como reza el manual de instrucciones del Movimento Sem Terra del Brasil, que es la guía ideológica del Gobierno de Lugo: “Con la aparición del trabajo esclavo y de la propiedad privada… se consolidó la desigualdad y los seres humanos se dividieron en dos clases sociales: por un lado los señores, dueños de los esclavos, de las tierras, de las herramientas de trabajo y de todos los bienes materiales que son producidos. Por otro lado, están los esclavos”.
La trayectoria es clara y si no se le detiene será como un meteorito, que no se puede predecir el rumbo que tendrá y el impacto que generará. El Gobierno de Lugo está dirigido a destruir el sistema económico basado en la libertad que está establecido y garantizado en la Constitución.
Próxima nota: La trayectoria hacia la destrucción del sistema político.
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