Argentina: Las provincias y el triunfo de los unitarios

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Al revisionismo histórico que predomina en el relato oficial le falta aún consagrar la reivindicación del modelo unitario para la organización nacional, para completar su tarea.

De hacerlo, se explicitaría en los papeles lo que rige en la práctica: la Argentina es un país unitario, más allá de la Constitución y las leyes. Y esto no es sólo producto del hegemonismo antirrepublicano del presente ciclo de gobierno, si no que viene desde hace décadas, tanto en los gobiernos militares, unitarios por definición, como en los períodos democráticos, en donde la organización económica, y la falta de un replanteo serio de la coparticipación federal y de las potestades locales fueron acrecentando la dependencia fiscal de los gobiernos provinciales, con necesidades crecientes de transferencias de recursos discrecionales por parte de la administración central.

Ese replanteo y el debate previo fue “ordenado” por la reforma constitucional del ’94, pero dado que la Constitución y las leyes son optativas en la Argentina, se ha optado por ignorar este particular capítulo de nuestra Carta Magna.

Pasando a la coyuntura y el futuro cercano, 2012 les presenta a la mayoría de las provincias argentinas un desafío no menor.

En estos años, aprovechando el fuerte crecimiento de la actividad económica y, por lo tanto, de los ingresos fiscales que son proporcionales a la suma de actividad y precios, el IVA y Ganancias (por falta de ajuste por inflación) en la Nación e Ingresos Brutos en las provincias, los recursos a disposición de los gobernadores, vía coparticipación y propios, aumentaron a buen ritmo.

A esto se le agregó el “modelo unitario” de las retenciones a la exportación, que les quita recursos a las provincias productoras y los transfiere al Gobierno central, parcialmente compensado por la transferencia de recursos de la Nación, para realizar obras públicas, que si bien les restó autonomía a las autoridades locales, ya que el Gobierno central decide qué obras se ejecutan y con qué proveedores, les quitó la responsabilidad de asignar presupuestariamente los fondos para dichas obras.

Esos fondos los aporta la Nación, y el único requisito para recibirlos es ser “amigo”, favorecer a los amigos del Gobierno nacional, incluir en las listas locales y nacionales a los amigos del Gobierno nacional y votar como amigos en el Congreso.

Dicho de otra manera, las provincias mejoraron sus ingresos propios y los provenientes de recursos nacionales se incrementaron, pero cambiaron su forma de asignación. Pasaron de la automaticidad imperfecta de la coparticipación a la discrecionalidad unitaria del reparto nacional, en función del grado de amistad-servilismo y número de votos, aportados por cada gobernador.

Pero como las provincias tienen la responsabilidad de brindar los servicios de educación, salud y, parcialmente, seguridad y justicia, el grueso del gasto provincial es en salarios. Los gobernadores, para asegurarse su “continuidad”, aumentaron salarios y el empleo público descontroladamente estos años (total había plata) y se sumaron a la fiesta populista, con otros gastos, sin ahorrar para los momentos complicados.

Pero el Gobierno nacional puede hacerse de recursos de los que los gobiernos provinciales carecen. Las reservas del Banco Central o la emisión de billetes para pagar gasto, entre otros.

Es así que la dependencia de los gobiernos provinciales del central se ha ido acentuando en este período. Algunos gobernadores lograron en los últimos años algún grado de “libertad”, usando los recursos provenientes de las regalías petroleras o mineras, colocando deuda en el exterior o, gracias a su tamaño y tipo de actividad, con presupuestos más austeros y el aumento de los ingresos propios.

Pero ahora que la máquina de gastar se está quedando con menos combustible porque la economía crecerá menos, porque hay sequía, porque no se puede colocar fácilmente deuda en el mercado internacional, porque la región no tracciona tanto, se enfrentan con el desafío de moderar sus gastos o depender cada vez más del Gobierno central, que a su vez está en su propio programa de “sintonía fina”.

“Sin independencia económica no hay independencia política”, estudiábamos en los setenta. Parece que los gobernadores faltaron a esas clases. El Gobierno central, en cambio, aprobó con medalla de honor.