Honduras: El poder absoluto
El Heraldo, Tegucigalpa
Lord Acton, reconocido historiador y moralista, expuso en uno de sus escritos: “El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente”.
La historia se ha encargado de confirmar la absoluta certeza de esta afirmación, cuando vemos que los que ostentan el poder en forma totalitaria actúan como si un país fuera de su propiedad, haciendo lo que se les antoja para beneficio de sus propios intereses.
Nuestra actual Constitución de la República, en forma sabia, establece en su artículo cuatro que “la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.
En un país donde existe fortaleza institucional se respeta la independencia de poderes, como un mecanismo para evitar los abusos de uno de ellos y buscar la complementariedad para impulsar iniciativas que beneficien el bien común. Un estado donde las instituciones funcionan se caracteriza por el respeto a la ley y por abstenerse de cometer acciones arbitrarias, siendo fundamental para la democracia y para el buen gobierno.
El partido que actualmente gobierna tiene control absoluto del poder a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
En un país con instituciones fuertes, donde impera el Estado de Derecho, este control podría ser beneficioso para lograr las reformas estructurales que se necesitan para impulsar la visión de país y el desarrollo económico y social, sostenido y equitativo.
En el caso de Honduras, este control absoluto a lo que conduce es a arbitrariedades, a la toma de decisiones para beneficio de los pocos que ostentan el poder, de sus familiares, de sus cercanos colaboradores y de los empresarios inescrupulosos que los acompañan.
La mejor evidencia de la poca institucionalidad en que vivimos son las recientes actuaciones de los que nos gobiernan y que están frescas en las mentes de los ciudadanos.
En el mes de julio 2011 se aprueba la Ley de Seguridad Poblacional, estableciendo impuestos sobre transacciones financieras y ciertas actividades comerciales. Seguidamente, se aprueba un contrato con una empresa desconocida por 16 años, en forma directa amparados en un decreto de falsa emergencia, para la generación de 100 megas de energía.
Luego se aprueba la extensión de la concesión a la empresa que administra los aeropuertos y simultáneamente se incrementa la tasa aeroportuaria en un cien por ciento, como capital semilla para construir un nuevo aeropuerto. Para cerrar el año, se aprueba un contrato también negociado en forma directa bajo la justificación de “seguridad nacional”, con una empresa privada para la administración de la seguridad en las aduanas de todo el país, incluyendo una tasa de migratoria de US$ 34.00 por entrar y salir del país.
Pareciera que aprovechándose de la angustia en que está sumida la ciudadanía y de la real necesidad de fortalecer la seguridad, las cargas impositivas que tendremos que soportar los hondureños van a ser impuestas por categorías como seguridad ciudadana, portuaria, aérea y similares.
En otro orden, el sistema de concesiones es utilizado en todo el mundo para atraer inversión privada que facilite la ejecución de obras de infraestructura para beneficio de la ciudadanía, la cual a cambio de gozar de mayores comodidades está dispuesta a pagar una tasa por servicio.
Bajo el novedoso esquema diseñado por nuestros gobernantes, ahora la ciudadanía tendría que pagar por un servicio que todavía no ha sido recibido, proveyendo parte del capital que debe ser aportado por el inversionista.
Haciendo abstracción de que los últimos dos decretos han sido dejados en suspenso por el mismo promotor supuestamente por el evidente rechazo popular, la conclusión es que las ambiciones de poder y de riqueza son las que priman al momento de tomar estas decisiones.
Lo peor de todo es el pobre papel desempeñado por nuestros honorables diputados, que esgrimen tan pobres justificaciones como que han sido engañados, que desconocían lo que se estaba aprobando y similares, dejando en evidencia la poca calidad profesional y moral con que representan nuestros intereses.
Honduras necesita una transformación integral, sin embargo, la clase política no va a promover la misma; somos los hondureños honestos que amamos nuestro país los que debemos hacerlo.
- 23 de enero, 2009
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