¡Infeliz aniversario, Guantánamo!
Estos fueron diez años problemáticos y para algunos, trágicos en el campo de detenciones de la base naval estadounidense de Guantánamo en Cuba. Ahora, al iniciar su onceavo año este 11 de enero, el fin no está a la vista.
"Nos decimos, con una especie de humor tétrico, que Guantánamo no se va a clausurar hasta que el último detenido no fallezca de muerte natural", dijo Jeremy Varon, un organizador del grupo Witness Against Torture (Testigos contra la tortura), a AOL Latino este miércoles.
El mismísimo Franz Kafka no podría haber creado una realidad más contradictoria, brutal y desconcertante. A lo largo de los años, las acusaciones incluyeron humillaciones sexuales, la tortura del submarino (waterboarding) y el uso de perros para aterrrorizar a los detenidos. Algunos de los puestos en libertad testificaron que fueron encerrados en celdas de privación sensorial, golpeados repetidamente y forzados a correr con grilletes en las piernas. Si se caían, los castigaban.
Si ésto le recuerda el campo de prisioneros de Abu Ghraib, está en lo cierto. El comité de Servicios Armados del Senado estadounidense concluyó que equipos de inteligencia transladaron las técnicas de interrogación "agresiva" que perfeccionaron en Guantánamo a Afganistán e Irak.
El encargado del enlace entre Cuba y las zonas de guerra, escribió el New York Times, fue el mayor general Geoffrey D. Miller, en aquel entonces jefe de operaciones de detención en Guantánamo. Gracias a su insistencia, dice el diario, el Departamento de Defensa de Estados Unidos envió equipos de entrenamiento a Irak por sendos períodos de 90 días, durante los cuales enseñaban a los soldados allí las técnicas utilizadas en la isla. Eso, como lo señala Amnistía Internacional, sucedió simultáneamente con los peores abusos cometidos en Abu Ghraib.
En virtud de informes como éste, los campos de detención se convirtieron en el símbolo internacional de lo que no son la democracia y la justicia. Durante años los caracterizó una ola de intentos de suicidio por parte de reos desesperados y de condenas por de Naciones Unidas, grupos de derechos humanos e incluso por el exsecretario de Estado Colin Powell, quien ya en 2006 llamó a la clausura de los campos.
"La ventaja de mantener a los prisioneros allí no era clara, pero el precio que estábamos pagando alrededor del mundo era muy obvio", dijo Powell.
Los campos fueron creados en 2002 en Guantánamo por ser un lugar "extraterritorial" en donde se podría extraer información de los capturados durante la "guerra contra el terror". Al colocarlos allí, Estados Unidos pretendía mantenerlos fuera de la jurisdicción de sus propios tribunales, así como de la convención de Ginebra.
Pero no pudieron quedar fuera del alcance de la opinión pública. Desde el primer día, los campos causaron indignación. Las escenas de detenidos – encadenados y esposados, arrodillados en el suelo, su cabeza cubierta por capuchas negras y sus manos en mitones – recorrieron el mundo.
La indignación creció cuando los primeros 20 cautivos fueron encerrados en Camp X-Ray (el campamento Rayos X), que los críticos describieron como "perrera". Poco después fueron transferidos a celdas permanentes y Camp X-Ray fue clausurado.
Pero las quejas por abusos a los derechos humanos no cejaron y procedían incluso de los aliados más cercanos a EE.UU.
En 2006, en una entrevista en la BBC, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña Jack Straw dijo: "Entiendo perfectamente que Estados Unidos no tiene el propósito de mantener un gulag en Guantánamo. Quieren resolver la situación y preferirían que fuese distinta. Pero esta es la situación por la que atraviesan".
En total, 779 detenidos pasaron por los campamentos. De ellos, ocho murieron: seis por suicidio, uno de cáncer del colon y otro, aparentemente, de un ataque cardíaco.
Y en sus 10 años de existencia, sólo seis detenidos han sido condenados por crímenes de guerra.
Los últimos 171 que todavía habitan el lugar están atrapados en un conflicto donde chocan la burocracia, la política y las regulaciones militares, todo lo cual les deja pocas probabilidades de ver la libertad, al menos en el futuro cercano.
De ellos, 46 son clasificados como "detenidos indefinidos". Están presos sin haber sido acusados y son considerados demasiado peligrosos para ser puestos en libertad. Otros 89 son candidatos a ser liberados o transferidos, pero viven en perpetua detención porque no hay adónde enviarlos. Cinco más fueron condenados por crímenes de guerra y seis adicionales están acusados de los ataques del 9/11 en 2001 y contra el destructor U.S.S. Cole en octubre de 2000. Sus juicios podrían llevarse a cabo este año.
Todo esto hace que Guantánamo, como dijo Carol Rosenberg del Miami Herald en un ensayo publicado por Foreign Affairs, "podría ser el campo de prisioneros más caro del mundo, en donde un equipo de 1,850 soldados y civiles estadounidenses administran un compuesto con 171 cautivos, a un costo de 800,000 dólares por año para cada uno".
Aún así, el Congreso, que por lo demás trata de reducir gastos, se resiste a cerrar la base. De hecho, utilizó su autoridad presupuestaria para frustrar los intentos del presidente Obama de hacerlo y también para prevenir que los detenidos sean enjuiciados en suelo estadounidense, bloqueando la adquisición de una prisión en Illinois para transferirlos allí.
Nadie quiere correr el riesgo de que uno de los detenidos puestos en libertad participe en el futuro en un acto de terrorismo o insurgencia, lo que ya sucedió con al menos la cuarta parte de los 500 detenidos puestos en libertad durante la administración del Presidente George W. Bush.
Por todo eso, los presos siguen en Guantánamo. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe.
"Tenemos el derecho a mantenerlos allí mientras Al Qaeda siga en guerra contra nosotros", dijo Marc Thiessen, del American Enterprise Institute, a CNN.
Pero una cosa es el derecho y otra es hacer lo correcto, dijo Geneve Mantri, directora de relaciones gubernamentales para la seguridad nacional en Amnistía Internacional. En una conversación con AOL Latino este miércoles, Mantri dijo que los 89 que la administración Bush decidió poner en libertad y para quienes posteriormente el Presidente Obama ordenó una revisión "representan una amenaza nula o muy pequeña".
"Esta gente siempre ha sido presentada como los peores de todos cuando en realidad hay una gran cantidad de ellos que fueron detenidos al azar, y que pertenecen, siento decirlo, a la categoría de historia triste, insignificante y más bien patética", dijo.
"Hay en los campos una minoría de gente sobre los que nadie duda de que son realmente peligrosos. A ellos los debería juzgar un tribunal estadounidense, porque tenemos el sistema más eficiente, el más rápido, más barato y el mejor para revisar las evidencias. Luego se presentarán en tribunales. Se propiciará una defensa verdadera, reconocida internacionalmente. Y después se los puede encerrar para siempre".
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