Venezuela secuestrada por la violencia

Sin embargo, las encuestas revelan que a pesar del misterio que rodea su estado de salud, Chávez sigue varios puntos por delante de su más probable rival, Henrique Capriles Radonski, el actual favorito para ganar las primarias de la Mesa de la Unidad, el principal bloque opositor del país, el febrero próximo.

Para demostrar que tiene la fortaleza necesaria para enfrentar la que será sin duda la campaña más dura de sus 13 años en el gobierno, Chávez se ha prodigado en despliegues físicos mientras que en el terreno económico el gobierno ha vuelto a disparar el gasto público para asegurarse la lealtad política –y la dependencia económica- de las bases sociales del régimen.

Sin embargo, hay un campo en el que el gobierno solo ha cosechado fracasos y que puede ser determinante para que un porcentaje significativo de los venezolanos de la espalda a Chávez en las urnas: la violencia. Todos los sondeos revelan que los venezolanos consideran la delincuencia como el principal problema del país. El 71% cree que la criminalidad no hecho otra cosa que empeorar año tras año.

Según las propias estadísticas gubernamentales, el año pasado se produjeron 1.050 secuestros en el país, 23 veces más que en 1999 y el doble que en 2008. Pero las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística sugiere que la cifra real podría ser varias veces mayor dada las reticencias de muchas de las víctimas a denunciar los secuestros, muchos de los cuales duran apenas unas horas, las suficientes para obligar a sus familiares a pagar cuantiosos rescates.

Venezuela es hoy uno de los países más peligrosos de América Latina, con una tasa de secuestros que triplica a la de Colombia. En 2010 Caracas se convirtió en la segunda la ciudad más violenta de América Latina, después de Ciudad Juárez (México). Según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2009 la tasa de homicidios de Caracas fue de 130 personas por 100.000 habitantes y de 65 en el conjunto del país. La media latinoamericana es de 27 y la mundial ronda los nueve. En 2010 la tasa de la capital venezolana alcanzó los 200, más de ocho veces la de Bogotá.

Hace varios años que el gobierno no publica cifras oficiales, pero organizaciones como OVV aseguran basarse en filtraciones del ministerio del Interior para estimar que el número de homicidios se cuadriplicó de los 4.550 registrados en 1998 a más de 17.000 de 2010, lo que situó la tasa de homicidios de Venezuela, un país de 29 millones de habitantes, por encima de la de Irak o Afganistán.

Caracas es de lejos la capital más peligrosa del mundo, con un asesinato cada hora, según cálculos del informe de seguridad que publica el departamento de Estado de EE UU para sus diplomáticos. Pero los secuestros no se producen solo en las ciudades. Los propietarios de haciendas ganaderas en las zonas rurales del interior están armando a sus trabajadores para hacer frente a la oleada de secuestros que se ha abatido sobre ellos en Estados como el de Bolívar, donde actualmente se producen una docena cada mes.

Desde 1998 han muerto en Venezuela por causas violentas más de 150.000 personas, cifras sólo equiparables a las de países en guerra, en un auténtico Estado de sitio decretado por las organizaciones criminales. Según un estudio de la alcaldía de Chacao, un municipio capitalino, presentado en el Foro Hemisférico de Alcaldes de América Latina, el número de homicidios registrados entre 1998 y 2004 en Venezuela totalizó 90.027, casi el triple del número de muertos en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2006, superando ampliamente la de los conflictos de Chechenia (1991-94) y la guerra del Golfo (1990-92), y la del conflicto armado de Colombia entre 1985 y 2006.

Por su parte, un informe de la Unesco de 2005 señaló que Venezuela ocupaba ese año el primer lugar en el mundo en muertes causadas por armas de fuego (34,3 por cada 100.000 personas, frente a los 21,72 de Brasil, que ocupó el segundo lugar). Según la consultora Armor Group, en Venezuela existen entre de siete y 15 millones de armas en las calles y apenas 50.000 están registradas.

El fenómeno se convertido en una cuestión obsesiva para los venezolanos: dos películas de producción local sobre el crimen -una de ellas Secuestro exprés (2008)- han tenido un gran éxito de taquilla. Sin embargo, el gobierno prefiere minimizar el problema. La policía nacional prácticamente ha cerrado su oficina de prensa para evitar informar sobre la crisis de seguridad en el país.

Tanto la prensa independiente como los diplomáticos tienen que batallar para obtener datos de los ministerios de Justicia y el Interior, que son los que llevan las estadísticas de la delincuencia. La falta de información oficial solo ha contribuido a alimentar el miedo.

En 2010, un juez de Caracas prohibió al diario El Nacional, el mayor del país, a publicar imágenes de violencia después de que desplegara en primera plana una foto de la morgue de Caracas abarrotada de cadáveres después de un fin de semana especialmente violento. Según cifras extraoficiales, cada fin de semana mueren asesinadas unas 50 personas en Caracas. El pasado noviembre, el gobierno impuso una multa de 2,1 millones de dólares a Globovisión, la única cadena de televisión opositora aún el aire, por cubrir un motín carcelario que dejó una treintena de muertes en la prisión de Rodeo, cercana a Caracas.

Todo ello está impulsando, especialmente en las zonas rurales, la creación de milicias de autodefensa, en un fenómeno similar al de los paramilitares en Colombia. Los asaltos armados y los “secuestros exprés” tienen lugar a plena luz del día en Caracas con total impunidad, con frecuencia estableciendo falsos retenes policiales.

Cada quien tiene una historia más aterradora que la otra. En la noche de año nuevo de 2009, una banda de casi 30 hombres armados desvalijó un edificio de departamentos entero en un barrio residencial de Caracas después de matar al conserje, derribando una a una las puertas de cada piso. Cuando llegó la policía, los ladrones ya habían huido hacía horas.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ha incorporado a las estadísticas de homicidios una nueva categoría: el sicariato. Entre enero y octubre de 2009 ocurrieron 378 presuntos casos de crímenes por encargos. Según el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, sólo el 3% de los casos conocidos de homicidio recibe condenas de cárcel. El propio ministerio Público estima que apenas el 6% de los expedientes abiertos por homicidios llega al final del proceso judicial.

En sus intervenciones ante la Asamblea Nacional, Chávez suele decir que la epidemia de violencia interna es importada, subrayando que de Colombia vienen “las bandas de exterminadores (…) todo esto apoyado por la burguesía”. Ese lenguaje agresivo contribuye a exacerbar el problema, al legitimar la violencia contra “los ricos”.

Desde que en enero de 2008 Chávez puso bajo el control del ministerio del Interior a la Policía Metropolitana, hasta entonces bajo las órdenes de la Alcaldía Mayor de Caracas, la violencia se ha agravado. “La policía que defendía a la burguesía se acabó (…) Necesitamos una policía revolucionaria, socialista, cualquier otra cosa sería sospechosa”, dijo Chávez para justificar la medida.

Las mafias policiales hacen aún más peligrosa la situación de inseguridad. Al anunciar en 2009 la creación de la Policía Nacional Bolivariana, que sustituyó a los viejos cuerpos policiales, el propio Chávez los acusó de estar “infiltrados por el crimen”. En Caracas, el 30% de las personas afirma que ha sido víctima de un robo en el último año, pero solo el 36% los denuncia por su desconfianza de la policía y el poder judicial.

En febrero de 2006, tras la muerte de los tres hijos menores del empresario canadiense John Faddoul, fueron detenidos casi de inmediato seis policías Caracas. Otros cuatro agentes se dieron a la fuga tras las órdenes de arresto emitidas en su contra.

En el estado de Guarico, por ejemplo, el gobernador estuvo vinculado a escuadrones de la muerte dirigidos por la policía. La oficina de la secretaría de Justicia informó en 2007 que se estaban investigando a 5.997 policías por muertes cuestionables en el ejercicio de sus funciones entre enero de 2000 y julio de 2005. Sólo 88 fueron encontrados culpables.

No es extraño que los opositores sostengan que el gobierno encubre a grupos criminales y mafias policiales para intimidar a sus enemigos y disidentes del régimen y forzarlos a abandonar el país. El fiscal Danilo Anderson y Pierre Fould Gerges, gerente de negocios de Reporte Diario de la Economía, que publicó varios de artículos sobre las actividades de esos grupos, fueron asesinados en 2004 y 2008, respectivamente.

Ese último crimen fue atribuido por la oficina del Procurador General a miembros activos de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), hoy ya disuelto, que tenía una división de inteligencia financiera, indispensable para obtener información clave sobre potenciales objetivos de secuestro.

Según la ONG Provea, entre 2008 y 2009 205 personas fueron ajusticiadas y torturadas por policías. Cerca de 60% de los homicidios, añade, tienen como ejecutores a los cuerpos de seguridad del Estado. Las encuestas de Latinobarómetro muestran que los cuerpos policiales venezolanos tienen la peor reputación de la región.

El propio ministro del interior, Tarek El Aissami, admitió en una de las emisiones del programa semanal Aló Presidente que entre 15% y 20% de todos los delitos cometidos en Venezuela, especialmente los más violentos como el secuestro y el asesinato, son perpetrados por oficiales de la policía. El Aissami sabe de lo que habla. En enero de 2010, el director general de Seguridad Privada del ministerio de Interior, Haitam Sabeck, primo suyo, fue secuestrado cuando llegaba a su casa en su camioneta Toyota. Tras conducirlo por distintos cajeros automáticos y robarle el vehículo le dispararon cinco balazos, dejándolo malherido.