Argentina: La sintonía fina decide quién paga el ajuste

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Cualquier curso de macroeconomía elemental, aun en las universidades más heterodoxas, enseña la relación entre el gasto interno y el balance comercial.

Un país que tiene déficit comercial consume más de lo que produce (lo que lo obliga a importar la diferencia), mientras que un país que tiene superávit comercial produce más de lo que consume (exporta lo que le “sobra”).

Obviamente, las cosas son un poco más complejas pero, esencialmente, el balance comercial es, al final del día, consecuencia de la evolución del gasto interno. Es un resultado.

La Argentina de estos años ha crecido sobre la base de un fuerte aliento al consumo, impulsado desde una política fiscal superexpansiva, una estategia agresiva de recuperación del salario real y una tasa de interés real negativa para el crédito para consumo. Esta política tuvo como resultado un muy fuerte crecimiento de las importaciones por sobre el crecimiento de las exportaciones. A este deterioro “normal” del balance comercial, se le sumó un deterioro “inducido”: la prohibición de exportar diversos productos (trigo, maíz, carne, etc.) y la política de desaliento a la producción local de energía, que significó pasar de exportador neto de estos productos a importador neto. Es decir, el balance comercial se tornó deficitario, porque la Argentina gasta más de lo que produce y la diferencia, obviamente, se importa. Y porque las políticas sectoriales impidieron un crecimiento de las exportaciones agropecuarias, mientras desincentivaron la producción local de energía en sentido amplio.

A estas alturas, el amable lector o la gentil lectora se estarán preguntando: ¿por qué este tipo habla de déficit comercial cuando la Argentina tiene superávit comercial?

Ahora es cuando entra en escena la cuestión de las cantidades y los precios de la soja y otras commodities. En efecto, simultáneamente a lo arriba expuesto, la Argentina produjo más cantidades de soja. Y los precios de dicha oleaginosa crecieron fuertemente en el último bienio. Además, la Argentina también se está convirtiendo, lentamente, en una potencia minera, con precios que también subieron. (Aquí, como en la mayoría de nuestros temas productivos, tenemos que tomar una decisión estratégica: ser potencia minera en serio, con todos los cuidados medioambientales modernos, o resignar esa riqueza.) Por lo tanto, la Argentina tiene déficit comercial derivado del exceso de crecimiento del gasto por sobre la producción interna, “disimulado” hasta ahora por una explosión de los precios de las commodities y el surgimiento de nuevas exportaciones que brindaron los dólares necesarios para financiar el aumento de importaciones, gastar reservas del Banco Central para pagar deuda externa y financiar el ahorro en dólares de los argentinos.

Pero sucede que los precios de las commodities dejaron de subir al ritmo previo y, encima, la sequía amenaza las “cantidades”. Por otro lado, las importaciones de productos energéticos siguen creciendo. Por lo tanto, la “solución” a este problema es que el gasto interno crezca a menor ritmo o, dependiendo de la gravedad de la sequía, podría caer. Insisto, el saldo comercial es consecuencia y no causa.

Si se intenta seguir alentando el gasto, pero se impiden las importaciones, como la actividad interna está trabajando a plena capacidad, esa mayor presión del gasto –que no se puede canalizar aumentado las cantidades importadas– se transforma en incremento de precios de los productos que compiten internamente con dichas importaciones. Pero si esos precios aumentan, cae el poder de compra, se reduce el gasto en términos reales y, finalmente, el gasto se desacelera.

En otras palabras, el destino final de la política económica de 2012 es que, dado el escenario internacional, la menor cosecha y la fiesta previa, el consumo, en el mejor de los casos, se desacelera.

Lo que intenta el Gobierno con los controles de cambio, de importaciones, de precios, de la quita de subsidios, del tope a las paritarias, etc., no es evitar un ajuste inevitable, sino decidir, con “sintonía fina”, quiénes se ajustan más y quiénes se ajustan menos.

Quiénes pagan la cuenta de la fiesta y quiénes siguen festejando o, al menos, pagan con descuento. Y la decisión no se vincula con lo que le conviene al país, sino con lo que le conviene, políticamente, al Gobierno.