Chile: Calma y tiza

La Tercera

Al parecer estamos en un período estival de contrastes. Algunos contienen expectativas sombrías y aseguran que Chile enfrenta un escenario económico más pesimista. De la misma manera, el Banco Central no se deja llevar por los datos puntuales de inflación y decide, con convicción, bajar la tasa de política en 25 puntos base y mantener el estímulo monetario. En cambio, hay otros actores políticos que han visto un espacio para reformar el sistema tributario, entre otras instituciones. En el actual escenario externo, cabe preguntarse: ¿Qué hay de malo en un ajuste impositivo? Es muy probable que ninguno, toda vez que los objetivos que persigue la autoridad económica son loables: mayor eficiencia y equidad, entre otros. Ahora, donde sí caben ciertas dudas es en la capacidad del Estado para maximizar la recaudación tributaria y hacer un uso eficiente de esos nuevos recursos.

El diseño de las políticas públicas de los últimos años indica que se ha instalado poco a poco un estado de bienestar a la chilena. Este tipo de modelo de desarrollo, como es sabido, ha ocasionado importantes problemas a las sociedades europeas, lo que hace que en muchos de estos países se esté revisando y modificando. Entre otros aspectos, requiere de una cantidad creciente de recursos, que hoy pueden ser financiados con excedentes del precio del cobre, pero que al transformarse en beneficios permanentes y derechos adquiridos, requerirán de un incremento significativo en la carga impositiva. Lamentablemente, esta nueva estructura de incentivos implicaría un menor crecimiento en el largo plazo y una menor capacidad de generación de empleos.

La experiencia europea demuestra que este tipo de "Estado" ha generado una mayor ineficiencia de la burocracia estatal y un desincentivo al trabajo -ya que para algunos grupos conviene más vivir de los beneficios que trabajar-, pérdida de libertades para elegir y ahogo de la iniciativa privada, por la creciente intervención del Estado en la universalización de los programas sociales. Sólo si se compara el nivel de gasto público en países europeos de la Ocde con EE.UU., donde el nivel de gasto es menor, se encuentra que un mayor gasto público no necesariamente implica un mayor bienestar a sus habitantes. Tanto los países europeos como EE.UU. tienen altos estándares de vida; sin embargo, en el segundo, el nivel de gasto público es cercano al 21% del PIB; en cambio, en países como Suecia o Francia, éste alcanza al 50% del PIB. Luego, se puede concluir que altos niveles de gasto no necesariamente inciden en un mayor crecimiento, menor desempleo o una mejor calidad de vida.

Por otra parte, una estrategia redistributiva que contemple un mayor gasto público y mayores impuestos no necesariamente se traduce en mayor bienestar para los más pobres, sino que puede terminar ocasionando que los más ricos alcancen menores niveles de ingreso relativo y, con ello, sólo se nivele hacia abajo la distribución. Por lo tanto, toda vez que nuestro gasto público en relación al PIB ha alcanzado un 23% -similar al de algunas economías desarrolladas- y toda reforma tributaria que busque aumentar dicha recaudación debe pensar dónde y cómo gastará esos nuevos recursos, lo recomendable sería calma y tiza. Una reforma tributaria puede esperar.