La apuesta terrorista de las FARC

Infolatam

Durante los pasados dos días, las FARC han ejecutado dos atentados contra sendos centros urbanos en los departamentos del Pacífico colombiano. Primero, una moto cargada con 50 kilogramos de explosivos fue detonada frente a la estación de policía del puerto de Tumaco (Nariño) con un saldo de 9 muertos. Un día más tarde, una camioneta bomba estalló frente al puesto de policía de Villa Rica (Cauca) con el resultado de otros 6 muertos. Estos ataques son el punto más visible de un comienzo de año particularmente difícil para la lucha contra el terrorismo en Colombia.

A comienzos de año, se produjeron choques armados entre unidades de la Fuerza Tareas Omega y la guerrilla en la región de la Macarena. Menos de tres semanas después, una estación de radar en Santa Ana (Cauca) fue destruida. Casi simultáneamente, la guerrilla emboscó un convoy de camiones cargados de petróleo en el norte del Caquetá. Estos tres incidentes tuvieron unas dimensiones por encima de lo habitual en la medida en que las FARC concentraron en cada uno de ellos algo más de un centenar de combatientes. Así las cosas, hay dos cuestiones que necesitan ser contestadas. Por un lado, ¿cómo se explica que la guerrilla pueda montar estas operaciones? Por otra parte, ¿por qué se están produciendo precisamente en este momento?

Para resolver el primer interrogante, es necesario prestar atención a los lugares donde se están desarrollando las acciones terroristas. Básicamente, el último mes ha sido particularmente complejo en el corredor del Pacífico y en la región de la Macarena entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Ambas regiones –al igual que otras como Catatumbo o Arauca – se caracterizan por una presencia histórica de la guerrilla que se traduce en la existencia de densas redes de milicianos que ocultan sus actividades al servicio de la organización detrás de la fachada de una vida aparentemente normal. Estas estructuras proporcionan a las FARC una ventaja clave a la hora de realizar ataques en la medida en que les garantizan la inteligencia y el soporte logístico que necesitan. Además, les permiten contar con un volumen de seguidores clandestinos que puede ser movilizado en un corto plazo de tiempo para ejecutar un atentado y luego volver a confundirse entre la población civil.

Pero sobre todo, la existencia de esta infraestructura secreta le proporciona a las FARC una enorme capacidad de recuperación frente a la presión del Estado. Las milicias operan como la maquinaria que regenera la capacidad operativa de la guerrilla después de cada golpe asestado por la Fuerza Pública. Los milicianos son quienes reclutan nuevos integrantes, adquieren armas y consiguen pertrechos para reemplazar las pérdidas. Esto explica que estructuras guerrilleras que parecen al borde de la desaparición después de una operación de las Fuerzas Militares y la Policía resurjan milagrosamente después de un cierto tiempo. En otras palabras, el trabajo clandestino de las milicias incrementa la resistencia de las FARC y transforma la campaña de seguridad en una interminable guerra de desgaste. Todos estos factores juegan a favor de la organización en las zonas donde se han realizado los recientes ataques.

Para entender el momento escogido por las FARC para intensificar su campaña terrorista, es necesario tomar en consideración la forma en que la organización combina política y violencia para desgastar la credibilidad del Estado. De hecho, resulta significativa la coincidencia entre las negociaciones para la entrega de seis de los militares y policías que la guerrilla todavía mantiene secuestrados con la actual campaña terrorista. Como en ocasiones anteriores, la intención de la dirigencia de las FARC es poner al gobierno en una posición imposible donde solo pueda perder políticamente. Por un lado, plantean una serie de exigencias para llevar a cabo la entrega de los cautivos. Por otra parte, incrementan la presión armada para hacer más costosa al gobierno cualquier concesión. Bajo tales circunstancias, si el ejecutivo escoge continuar con los contactos para facilitar la liberación de los secuestrados, automáticamente se expone a dar una imagen de debilidad. Por el contrario, si opta por endurecer su discurso, se enfrenta ser condenado por intransigente.

La cuestión que muchos colombianos se preguntan en estos días es qué se puede hacer para desmantelar la capacidad de las FARC para cometer actos de terrorismo. Sin duda, la clave descansa en el lanzamiento de una campaña dirigida a desmantelar las estructuras de milicias que se han convertido en el pilar que permite la supervivencia de la guerrilla. En este sentido, resulta fundamental fortalecer la coordinación de la Fuerza Pública con el aparato judicial. Dado que este tipo de redes no enfrentan abiertamente a las Fuerzas Militares y la Policía, la única forma de desarticularlas es identificar a sus integrantes, capturarlos y llevarlos ante la Justicia. Para ello, es imprescindible que el engranaje que conecta la inteligencia con la policía judicial y la Fiscalía funcione de manera ágil y efectiva. Colombia tiene experiencias muy exitosas en este campo como las desarrolladas para combatir el secuestro. La cuestión es aplicar estas lecciones en la lucha contra las milicias.

Más allá de este reto estratégico, en el contexto de esta oleada de violencia, vale la pena recordar el alud de opiniones que se vertieron no hace tanto tiempo en el sentido de que las FARC estaba dando señales de estar dispuestas a buscar su desmovilización por vía negociada. A la vista de los hechos, parece evidente que aquellos que vieron señales de apertura al diálogo en la oscura prosa de los comunicados del nuevo líder de la organización, Timoleón Jiménez “Timochenko”, estaban equivocados. En realidad, el nuevo cabecilla de la guerrilla no ha cambiado en nada el rumbo de sus antecesores. Antes y ahora, las FARC no han dado señales de querer abandonar las armas sino más bien de estar determinados a continuar con la violencia al tiempo que aprovechan cualquier ventana de negociación para debilitar al Estado y fortalecer la organización. No hay ninguna evidencia de que esta estrategia vaya a cambiar en el corto plazo. Los escombros de dos pueblos en Nariño y Cauca así lo atestiguan.