Por una reforma laboral drástica en España

Instituto Juan de Mariana

El mercado de trabajo español es una contradicción. No es mercado porque no hay acuerdos libres entre partes, y cada vez ofrece menos trabajo. Su estructura, heredera directa de la dictadura franquista, no ha sido cambiada significativamente durante estos treinta años largos de democracia.

De España dicen algunas encuestas que es un país donde domina ideológicamente la izquierda, pero también es un país muy conservador, existe mucha reticencia al cambio o, al menos, a ciertos cambios. Cualquier nueva propuesta encuentra rápidamente la oposición de no sólo muchos grupos que viven del statu quo, sino también de los individuos que tienen como filosofía el "que me quede como estoy" o "más vale malo conocido que bueno por conocer".

La liberalización del mercado laboral siempre ha contado con importantes detractores en los órganos de poder, sobre todo entre los sindicatos y partidos de izquierda, pero también entre las organizaciones de empresarios y en los partidos de derechas. En España, hay mucha alergia a la libertad y a sus consecuencias.

Durante el franquismo, los sindicatos que vivían en la clandestinidad reivindicaron la libertad de los trabajadores a asociarse y a luchar por sus propios derechos, pero cuando Franco murió y fueron poco a poco legalizados, simplemente ocuparon el lugar de los sindicatos verticales que ya existían. En vez de defender los derechos de los trabajadores o, al menos, de sus afiliados, trabajaron para afianzar y ampliar su poder. En España, hay 5,2 millones de parados, las perspectivas son muy sombrías y avanzamos inexorablemente hacia los seis a final de año. Y no parece importarles mucho, dado su empecinamiento en defender un modelo laboral y económico que nos ha llevado a semejante desastre.

Sindicatos y patronal fueron avisados por el presidente Mariano Rajoy de que tenían hasta el seis de enero para ponerse de acuerdo en una reforma profunda del mercado de trabajo. Pasó la fecha y el presidente del Gobierno, que no se caracteriza por su contundencia, amplió dicho plazo. Sindicatos y patronal parecen haberse especializado en marear la perdiz, no en buscar unas mejores condiciones a sus "protegidos". Y muy sano para la perdiz no debe de ser. El acuerdo al que han llegado, subir salarios por debajo del IPC, parece un mal chiste, porque no soluciona nada.

La liberalización de esta cosa laboral que padecemos es la única vía posible de mejora. Toda contratación lleva emparejado un posible despido, que tendrá muchas y variadas causas, desde la coyuntura económica, pasando por los problemas concretos del sector o las políticas económicas del Gobierno, hasta el capricho del empresario o de los propios trabajadores.

Si para "salvaguardar" el sacrosanto derecho al trabajo encarecemos el despido a niveles inaceptables por parte del empresario, necesariamente estaremos haciendo muy difícil la contratación, pues éste se ve en la obligación de comprometer unos ingresos que a lo mejor no consigue en el futuro, no llegan a tiempo o no puede permitirse. Tendrá que tirar con lo que tenga o pueda tener y no con lo que le gustaría tener.

Con las actuales condiciones laborales, el empresario se puede permitir jugar con el miedo del trabajador a ser despedido y a formar parte de esos 5,2 millones de desesperados. Se podrá permitir tener sueldos relativamente bajos o malas condiciones laborales a cambio de prometer estabilidad laboral. Ojo, no digo que esto ocurra necesariamente, sino que el empresario no tiene tantos incentivos para mejorar esas condiciones, aunque ello pueda repercutir en la eficiencia de la empresa.

Las cosas son muy distintas si el trabajador no tiene miedo a ser despedido. Sabiendo que encontrar un puesto de trabajo depende de su capacidad, de sus conocimientos, de su adaptación a las circunstancias y no tanto de otros factores ajenos, se podrá permitir vender sus servicios a cambio de un sueldo adecuado a sus características, con unas condiciones laborales aceptables.

Los empresarios buscarán mantener en plantilla a aquellos trabajadores mejores o, al menos, a los más adecuados, buscará hacer más rentable su empresa, más eficiente, y eso lo conseguirá manteniendo buenas condiciones, no sólo de sueldo, sino también en cuanto al entorno laboral y, por extensión, al familiar. La famosa conciliación familiar se puede conseguir sin necesidad de legislar a su favor, simplemente porque ayuda a la eficiencia empresarial y a que sus clientes tengan mejores servicios.

La libertad del trabajador es algo que molesta a los sindicatos porque les hace perder poder. Molesta a ciertos empresarios y empresas que se comportan como burocracias. Molesta a aquellos trabajadores que se niegan a mejorar, a evolucionar, que se asustan del cambio. Molesta a los que creen que su estatus es un derecho, que una carrera, unos estudios o una formación llevan implícito un sueldo "digno", que la sociedad tiene que velar por ellos.

Existen muchos más factores que podemos analizar en el panorama laboral español, pero quiero centrarme en una percepción personal. Creo que una gran mayoría de españoles aún piensa que la protección de sus puestos de trabajo a través de despidos caros es una ventaja y un derecho, sobre todo si aún no ha perdido el suyo. Mientras esta mentalidad sea la dominante y el miedo a la pérdida sea más potente que la iniciativa, la repulsa será mayoritaria. Mariano Rajoy parece ser consciente de ello y ha pronosticado movilizaciones y hasta una huelga general cuando presente su reforma. No sé qué hará el presidente del Gobierno, pero si seguimos haciendo lo mismo o algo parecido a lo que hemos hecho hasta ahora, los resultados serán similares: más parados.