Uruguay: Injusticia Social

El Instituto Independiente

La novela “1984”  de George Orwell causó gran impacto en su momento. Hombre de espíritu libre, jamás se dejó encadenar por ninguna ideología. Esa independencia de criterio, le permitió reconocer la génesis de los gobiernos despóticos. Lo que el autor narra en esa obra es ficción. Sin embargo, no salió de su imaginación sino de la aguda observación de las prácticas políticas, la descripción de los métodos que conducen a los pueblos a la opresión.

Entre las técnicas que menciona, una de las más efectivas es vaciar a las palabras de su contenido, e ir  introduciendo en ellas nuevos significados que por lo general, suelen ser exactamente lo opuesto a su sentido original. La puesta en circulación de la “neolengua”, es uno de los pilares del régimen autoritario. El objetivo es desvirtuar el razonamiento de los habitantes y hacer que  juzguen como  “inmorales”,  ideas que no se ajustan a los nuevos “diccionarios”.

Este proceso hace mucho que se inició en la mayoría de los países, incluso en aquellos que aún siguen siendo democráticos. Como con ciertos términos el proceso de inversión de valores se enfrenta a la resistencia popular –porque son nociones muy arraigadas- el mecanismo utilizado fue agregarles un “distintivo”. Tal es el caso del concepto de justicia, al que se le ha agregado el calificativo de “social”

En rigor, el concepto de justicia hace siglos que ha quedado bien establecido en la cultura occidental. Podría ser sintetizado como la aplicación de la “isonomía” (todos, incluso los gobernantes, deben estar sujetos a las mismas leyes) y el “dar a cada quien lo suyo”. Pero bajo su nueva denominación de “justicia social”, ha pasado a expresar exactamente lo contrario. Significa quitarles a unos lo que les pertenece para dárselo a otros, lo que en los hechos significa beneficiar a los “favoritos” de los gobernantes de turno. Ese  ha pasado a ser el “primer mandamiento” de las nuevas “tablas de la ley”. Todo esto condimentado con una gran dosis de arbitrariedad por parte de las autoridades.

Uruguay es un país democrático. El partido que gobierna desde 2005 hasta la fecha, es de izquierda. Tras varias décadas de intentar conquistar el poder, finalmente lo logró gracias al apoyo incondicional de diversas colectividades. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) fue uno de esos grupos.

Fucvam le debe al Estado U$S 390 millones por concepto de préstamos para la construcción de viviendas Dicha deuda surgió en la década de 1970 y se fue arrastrando hasta el día de hoy. Originalmente las cooperativas le debían al estatal Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Pero como ese banco era dirigido con criterios políticos (se lo define como “institución financiera de interés social”), perdía cientos de millones de dólares por año. Sin embargo, era mantenido a flote gracias a la “generosidad” del erario público. A pesar de ello, en el 2004  estaba quebrado. Por ese motivo, las carteras de los malos pagadores pasaron a estar bajo la órbita de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

En 2003, Fucvam decidió dejar de pagar la deuda porque consideró que era injusta. Lo que objeta son los llamados “colgamentos” que se aplicaron, que a su juicio fueron “ilegales”. Ellos son refinanciaciones que hubo de la deuda original, algunas de las cuales, fueron realizadas en forma unilateral por parte del BHU sin consultar a los deudores.

Según informaron fuentes oficiales, eso sucedió durante la dictadura y también en el primer gobierno del colorado Julio María Sanguinetti y en el del nacionalista Luis Alberto Lacalle. A juicio del actual gobierno, varios de esos procedimientos son ilegales (¿dónde quedó la separación de poderes?) y por lo tanto había que reconsiderar la situación. En consecuencia, el gobierno y las cooperativas de vivienda cerraron un acuerdo para cancelar la deuda: de U$S 390 millones se reducirá a U$S 70 millones.

Las autoridades expresaron que se realizó una quita tan grande, debido a que consideran que en el pasado hubo por parte del Estado refinanciaciones (los “colgamentos”) unilaterales, sin tener en cuenta la posibilidad de pago de los cooperativistas y, por tanto, ilegítimos. Además, la administración de José Mujica considera que es una de sus  prioridades, “apalancar” (apoyar, fortalecer) al cooperativismo.

Esta eliminación de gran parte de la deuda no es la primera. Se suma a otras por diferentes deudas acumuladas,  “gracia” con la cual los dos gobiernos izquierdistas han beneficiado a Fucvam en los últimos años. En el 2008, el entonces ministro de Vivienda firmó un convenio con los cooperativistas, a través del cual refinanció lo adeudado a 7.000 familias con un descuento de 50%. Asimismo, puso en marcha una serie de subsidios a las cuotas para ayudar específicamente a esos grupos.

Ante esta situación, a todas luces arbitraria e injusta, el senador nacionalista Juan Chiruchi expresó, que si el gobierno “tiene la voluntad de exonerar más US$ 300 millones la deuda de Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam)”, debería también “resolver la situación de todos los deudores del BHU”. Agregó, que hay “un sinnúmero de casos de buenos pagadores, que cumplieron con su cuota durante 15 o 20 años y que hoy deben cuatro o cinco veces más de lo que fue el préstamo y del valor de la vivienda”.

Chiruchi señaló, “que hay gente que ha sido buena pagadora, que durante 15 años ha abonado puntualmente la cuota de un préstamo por US$ 20.000, que le ha sido descontada del sueldo, y hoy debe US$ 80.000. Esto se genera por los parámetros de ajuste de las cuotas”, que se basan en la moneda administrativa denominada “Unidades Indexadas”. Y agregó, que no es justo  que cuando se hizo la reestructura del BHU “se pasó a los malos pagadores a la Agencia Nacional de Vivienda y se les otorgó un subsidio, se les hizo quitas”. Sin embargo, para los buenos pagadores los valores de la deuda ha ido “creciendo y creciendo permanentemente por la Unidad Indexada”.

Con respecto al “perdón”  realizado a gran parte de lo adeudado, Chiruchi considera que “el gobierno puede disponer esta solución, como otra, de forma unilateral; pero si lo hace, si exonera de más de US$ 300 millones a Fucvam y le refinancia la deuda con una quita muy grande, creo que debería ser mucho más amplio y comprender a todos los deudores del BHU”.

La situación planteada en Uruguay, que lamentablemente se está repitiendo en muchos otros países democráticos, demuestra cabalmente los efectos perniciosos de esta “neolengua” Los gobernantes consideran –al mejor estilo del rey francés Luis XIV- que ellos son el Estado. Por lo tanto, su voluntad es la ley.

Esta “justicia social” es la antítesis del Estado de Derecho. El gobierno elige a dedo “ganadores” y “perdedores”. Es injusta con los buenos pagadores. Más injusta aún, con aquellos que por no haber podido hacer frente con sus obligaciones con algún banco, sus hipotecas fueron ejecutadas y perdieron sus hogares. Pero hasta a los políticos de la oposición les parece bien, que las autoridades utilicen a su arbitrio el dinero que otros han ganado con gran esfuerzo -el de los contribuyentes- para saldar deudas ajenas… incluso los recursos de aquellos que no tienen casa propia o están en riesgo de perderlas.

Dos palabras definen este estado de cosas: abuso y opresión.