Libre Mercado, Madrid
Es necesario reconocer que, en una economía libre, las crisis tienen una doble vertiente. Una, dramática, representada por la contracción de la renta, el cierre de empresas y la tragedia del desempleo de buen número de personas, con los conflictos personales, familiares y sociales que esta situación provoca; la otra, una vertiente positiva, en cuanto que limpia el sistema económico-productivo de ineficiencias que se perpetúan en una vida ficticia que sólo se denuncia ante mercados más amplios y más libres, efectivos en un mundo global.
De este modo, la tristeza que proporciona la estadística de los concursos de acreedores, viene a contraponerse con la oportunidad para reestructurar, para enmendar errores, para encontrar nuevos cauces de mayor eficiencia que fortalecerán a la empresa para un nuevo itinerario económico.
Los concursos y las quiebras son, además, una ocasión para enjuiciar la acción de responsabilidad sobre los gestores de la empresa quebrada. Una responsabilidad patrimonial y personal, una responsabilidad civil y penal en su caso. Una responsabilidad que no se limita a la inmediatez previa al cierre empresarial, sino que se retrotrae al menos dos años de aquel momento, pudiéndose invalidar los actos de gestión adversos para el patrimonio de la entidad; fundamentalmente los realizados en beneficio de los gestores o producidos sin contraprestación.
¿Por qué no seguir un proceso semejante en las entidades financieras? ¿Por qué situaciones análogas se encubren con un rescate o con una fusión subvencionada? En éstas, cada día conocemos nuevos escándalos de Presidentes, consejeros delegados o directores generales que han blindado su puesto de trabajo con una indemnización insultante, o que han promovido a sus adictos ante la próxima intervención de la Autoridad Monetaria.
Los escándalos, multimillonarios, son abundantes y multiformes. Pero, aparte del impacto social de la noticia, el pueblo tiene la convicción de que a estos personajes –a los favorecidos y a quienes les favorecieron– no les pasa nada. Si ante las dificultades, ya por torpe gestión, ya por gestión fraudulenta, se iniciara un concurso ordinario de acreedores, de momento, se retrotraerían todos aquellos favores, reintegrando incluso al haber de la entidad las cantidades con las que se había disminuido su patrimonio. De este modo, el escándalo social se vería en parte reparado por la eliminación de los favores concedidos y, quizá, con mayores efectos patrimoniales, caso de fraude o de torpeza inexcusable de los gestores quebrados.
Se dirá que, normalmente, los gestores causantes de estas quiebras fácticas quedan inhabilitados para ejercer funciones de responsabilidad en entidades financieras, pero eso es muy poco y, al final, no es más que hacer pública una realidad que permanecía encubierta: su inhabilidad para gestionar recursos ajenos.
¿Por qué Bancos y Cajas no se benefician y benefician a la sociedad de las ventajas de las quiebras, desapareciendo los torpes y fraudulentos y fortaleciéndose los hábiles y honestos? Pensándolo bien, muchos serían los satisfechos por la medida y pocos los disgustados por ella.
