El plan de Fortuño para dinamizar Puerto Rico

The Wall Street Journal Americas

Viejo San Juan, Puerto Rico. – Entonces, a Mitt Romney "no le importan los muy pobres". ¿Pero qué sucede con el resto de la clase política estadounidense que criticó despiadadamente su más reciente paso en falso? Dejando a un lado sus vociferantes declaraciones en sentido contrario, ¿qué tan interesado está Washington en reducir la pobreza?

La pregunta se me ocurrió durante una entrevista con el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, hace 10 días en esta ciudad. Para que su plan para mejorar la competitividad de la isla al cambiar la generación de electricidad de la isla de petróleo a gas natural fructifica, necesitará una exención de la perniciosa ley Jones de 1920. La norma prohíbe que cualquier barco que no haya sido fabricado en EE.UU. traslade carga entre puertos estadounidenses. En EE.UU. no se fabrican buques cisterna que transporten gas natural licuado. A menos que Puerto Rico reciba una exención de la ley, no podrá aprovechar la bonanza de gas natural del país para hacerse más competitivo.

La ley Jones es buena si usted es parte del sindicato de astilleros al que no le gusta la competencia o un miembro del Congreso que recibe contribuciones políticas del lobby marítimo. Pero es mala si es un puertorriqueño de bajos ingresos que necesita un empleo. Y de esos hay muchos.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero son significativamente más pobres que el resto del país. El ingreso per capita de la isla en 2010 bordeó los US$16.300, frente a poco más de US$47.000 para el país en general.

El costo de vida en la isla también es alto, en parte debido al alto precio de la electricidad, 68% de la cual se produce a partir de crudo importado. La oficina del gobernador asegura que el precio de la electricidad subió 100% entre 2001 y 2011.

Fortuño forjó su reputación al negarse a elevar los impuestos cuando heredó un estado de bienestar en condiciones deplorables en 2009. En cambio, eliminó 21.000 empleos fiscales, 13% de la fuerza laboral del estado central, recortó impuestos y comenzó una enérgica liberalización de la economía. También impuso un impuesto temporal (que expira en 2016) a las multinacionales ya que, según dice, las empresas puertorriqueñas pagan tasas mucho más altas y lo justo era que todos hicieran sacrificios durante la emergencia fiscal.

Sus reformas han dado frutos. En un ranking de déficit fiscales como porcentaje de los ingresos en los 50 estados, Puerto Rico (que no es un estado) ocupa el lugar número 15, frente a la posición 51 que ocupaba hace tres años, explica el gobernador. El desempleo ha "caído" a 13% desde su punto más alto de casi 17% en julio de 2010 y después de seis años consecutivos de contracción económica, Fortuño calcula que el crecimiento económico de 2012 oscilará entre 1% y 1,25%. Puesto que se estima que la economía estadounidense crecerá alrededor de 2,5%, Fortuño cree que la expansión de Puerto Rico acercará a la isla a su relación histórica con el resto del país. Las encuestas muestran que incluso podría ser suficiente para conseguir que sea reelecto en noviembre, algo que él admite que parecía imposible hace apenas un año.

El gobernador sabe que Puerto Rico debería estar creciendo más rápido que la economía nacional y reconoce que eso no sucederá a menos que lo pueda convertir en un destino más atractivo para el capital. Sus recortes de impuestos y simplificaciones regulatorias han surtido cierto efecto. Economist Intelligence Unit, el servicio de datos y análisis de The Economist, proyectó en noviembre que la inversión bruta fija se "recupere en un modesto 2% en 2011-2012, su primer crecimiento en varios años". No obstante, Puerto Rico necesita más.

Los proyectos de infraestructura público-privados podrían ayudar. Nos referimos a una concesión de peajes para la carretera entre San Juan y Hatilo y Aguadilla por US$1.500 millones; sociedades en educación que aportarán US$878 millones para la modernización de 100 escuelas y una subasta que se lleva a cabo en estos días para otorgar la concesión para modernizar el aeropuerto Luis Muñoz Marín en San Juan.

Sin embargo, reducir los altos costos de la energía sigue siendo un reto fundamental, el cual se ha exacerbado por las nuevas y costosas regulaciones federales sobre emisiones que requieren la instalación de limpiadores en las plantas que producen electricidad a base de crudo. Para cumplir con esas regulación a un costo razonable, Fortuño desea poner a funcionar las plantas con gas natural. Para tal fin, propuso un gasoducto desde la terminal sur de gas natural licuado en Punta Guayanilla a lo largo de la isla hasta San Juan. El cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense ha evaluado la propuesta y ha dicho que no tendría un impacto ambiental significativo.

Suena como un plan para ayudar a los pobres y desempleados. Sólo hay dos problemas. Primero, el Sierra Club y los ambientalistas locales han avivado los temores sobre el proyecto y han prometido entablar demandas para detener la construcción. Segundo, la ley Jones sigue en vigencia.

El gobernador reconoce que su gobierno podría haber hecho un mejor trabajo a la hora de promocionar la inciativa del gasoducto ante los puertorriqueños, pero también señala que "algunos de los mismos grupos que se oponen al gasoducto también se oponen a los proyectos de energía eólica y solares. Se oponen a todo, incluyendo los proyectos de transformación de desperdicios en energía" que él asegura que contaminan menos que los rellenos sanitarios.

Fortuño cree que Washington le dará una exención para usar buques cisterna que transporten gas natural licuado, pero aún no la tiene. También asegura que buena parte del rechazo de los ambientalistas es político, sugiriéndome que quizás debería estar más preocupado de lo que está. Este tipo de política necesita preservar el estatus quo del estado bienestar y eso implica bloquear la agenda de desarrollo de Fortuño sin importar lo que le suceda a los pobres.