¿Cuánta corrupción hay en México?

“La ASF hace años que no encuentra actos de corrupción graves, por eso la mayoría de las auditorías son de desempeño”. Prosiguió a declarar que todo se trata de ataques políticos en los temas que están de moda.

No sé qué considere grave el titular de una dependencia que debe velar por la no corrupción en los funcionarios de gobierno, pero aquí sólo dos de los hallazgos que minimiza el secretario Morgan Ríos:

1. El IMSS gastó tres mil millones de pesos en un contrato con la empresa de informática, Tata Consultancy Services de México, S. A. de C. V., con el fin de modernizar los servicios informáticos de la institución. Pero, además de contratar una empresa propiedad de un entonces empleado del Seguro Social, la modernización no se logró.

Lo que resulta incomprensible e inaceptable es que el titular de la SFP se asigne el papel de procurador de Justicia y deseche el conjunto de lo contenido en la auditoría y diga que en México no hay actos graves de corrupción cuando, de entrada, cualquier acto de corrupción de funcionarios públicos es grave, independientemente de su monto.

Dice el informe de la ASF que para diciembre de 2010 con el contrato multianual (2007-2010) por mil 770.5 millones de pesos, se desarrollaron 163 proyectos, de los cuales sólo 15 proyectos (9.2%) “están en funcionamiento”.

2. Los gastos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en representaciones como la de Bruselas, en donde se le paga mensualmente tres mil 647 euros (732 mil pesos al año) al chofer de la embajadora; 27 mil pesos mensuales a la mucama y 55 mil pesos mensuales a la cocinera. También, un mayordomo de 58 mil pesos mensuales y cuatro secretarias que ganan entre 44 mil y 64 mil pesos mensuales.

Las instancias señaladas tienen 30 días para responder a los señalamientos de la ASF. Quizás algunos casos puedan ser justificados, aunque Relaciones Exteriores ya respondió que se encuentra atada de manos y que no puede renegociar los contratos con sus empleados porque esto iría en contra de la ley belga.

Pero lo que resulta incomprensible e inaceptable es que el titular de la SFP se asigne el papel de procurador de Justicia y deseche el conjunto de lo contenido en la auditoría y diga que en México no hay actos graves de corrupción cuando, de entrada, cualquier acto de corrupción de funcionarios públicos es grave, independientemente de su monto.

Apostilla: Gerónimo Miguel Andrés Martínez era hasta esta semana el director del Cerezo de Apodaca. Antes era director del penal de Santa Martha Acatitla. Ahí estuvo de julio de 2009 a mayo de 2011. Lo destituyeron porque, bajo su mando, la banda de La Flor -la que secuestró y asesinó a Fernando Martí- siguió operando desde el interior del penal.

Antes fue subsecretario del sistema carcelario de Zacatecas, cuando se dio la fuga de zetas del penal de Cieneguillas. Lo destituyeron dos veces; no investigaron y lo mandaron mejor a dirigir el Cereso de Apodaca.

¡Qué manera de manejar los penales! ¿Y qué pasa con Plataforma México que, por lo visto, no es utilizada para ingresar el perfil y/o para revisar los antecedentes de quien es contratado para dirigir un penal?

Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.

Ana Paula Ordorica es analista político y conduce el programa Frente al País.