Progresismo de amigos en la Argentina «K»

Economía Para todos

A raíz del trágico accidente ferroviario de Once han surgido varios comentarios en los que se sostiene que este desastre es consecuencia del capitalismo de amigos. Si bien el tema da para el debate, me permito disentir con quienes definen este sistema de concesiones como capitalismo de amigos. Por el contrario, en vez de hablar de capitalismo de amigos, que es una contradicción en términos, podríamos hablar de progresismo de amigos.

Veamos, si por capitalismo entendemos un sinónimo de liberalismo al estilo europeo, es decir, un liberalismo basado en el pensamiento de Locke, Say, Bastiat, Popper, Adam Smith, Mises, Hayek, etc. se concluye que el liberalismo o capitalismo no es solamente un sistema de organización social y económicas, sino que, fundamentalmente, busca limitar el poder del gobierno para que este no se transforme en un gobierno autoritario. La obsesión del liberalismo no es solamente que los precios se fijen por la ley de la oferta y la demanda, sino, fundamentalmente, que el gobierno de turno no pueda utilizar el monopolio de la fuerza en beneficio propio y en detrimento de la gente. Por lo tanto, si por capitalismo entendemos un gobierno limitado y subordinado al estado de derecho, mal podemos hablar de capitalismo de amigos, porque tal cosa implicaría que el Estado ha utilizado el monopolio de la fuerza para beneficiar a sus amigos en detrimento del resto de la sociedad y, en consecuencia, ha dejado de ser capitalismo. Por otro lado, generalmente este acuerdo entre gobernantes y pseudo empresarios, no es de amigos, sino que son, al decir de Bastiat, socios en el robo legalizado. Hasta me animaría a afirmar que hay casos en que se llegan a verdaderos acuerdos mafiosos y sabemos que entre los mafiosos no hay amistades, sino intereses económicos en común…hasta que dejan de serlo y se enfrentan hasta aniquilarse. ¿Hace falta que de ejemplos sobre este punto?

A diferencia del capitalismo, el progresismo considera que el Estado tiene que intervenir en la economía para redistribuir la riqueza, los ingresos, hacer justicia social y lograr una sociedad más justa. Es decir, el progresista se considera a sí mismo como alguien que tiene el monopolio de la bondad, la benevolencia y la honestidad. Esa supuesta honestidad le otorgaría el privilegio a utilizar el monopolio de la fuerza para quitarle a unos y otorgarle a otros en nombre de la justicia social sin cometer ningún tipo de corrupción. Es decir, el progresista no quiere un gobierno limitado y subordinado a la ley, sino que cree que su bondad intrínseca como persona le permite declarar ganadores y perdedores en la economía bajo un concepto de justicia que sólo él dispone y sin límites a su asignar.

Obviamente que el progresista, al poder disponer arbitrariamente de la riqueza y el fruto del trabajo ajeno, se transforma en un ser todopoderoso sin controles y cualquier error que se cometa no es un robo sino una error político, por lo cual no puede ser juzgado. Digamos que si un particular hiciera lo que hace un progresista iría preso por violar la ley. Si lo hace un progresista desde el gobierno, ese delito es un acto de justicia.

Bajo este manto de supuesta inmaculada benevolencia, este gobierno se ha proclamado progresista en infinidad de oportunidades, y para ello ha acumulado todo el poder posible para no ser controlado. La afirmación de Cristina Fernández diciendo que si a alguien no le gusta como gobierna ella, que forme un partido político y saque el 54% de los votos, muestra a una persona que considera que tener una mayoría circunstancial le otorga el derecho a violar todas las normas de un gobierno republicano y comportarse al estilo monárquico. Claro que ella intenta mostrarse como la monarca buena…pero monarca al fin. Pero lo más grave es que en nombre del progresismo se comenten todo tipo de atropellos.

Este gobierno ha hecho de los derechos humanos su bandera. Contando la mitad de la historia de lo ocurrido en los 70, ha denigrado a las Fuerzas Armadas, pero resulta que ahora venimos a descubrir que la Gendarmería, mediante el proyecto x, habría estado haciendo espionaje contra ciudadanos que piensan diferente. La ministra Garré acaba de afirmar que el proyecto x no es un plan secreto de espionaje, pero descabezó a la Gendarmería. ¿Por qué la descabezó si no hizo espionaje interno? Esto muestra, una vez más, que los tan declamados derechos humanos son para el gobierno una herramienta de marketing político que le han dado buenos resultados, pero, todo parece indicar, que los derechos humanos, para este gobierno terminarían en el mismo momento en que su gobernabilidad está en riesgo ante el desmadre económico que está generando.

Vayamos al tema subsidios. La página web de TBA, concesionaria del tren que chocó y dejó varios muertos, tiene una solapa en la cual habla de los subsidios al tren. Entre los argumentos que utiliza es que todo lo que ingresa por venta de pasajes va a financiar el sueldo de los 4.500 empleados. Y luego muestra un cuadro en el cual sostiene que el precio promedio del boleto, ida y vuelta, es de $ 2,10 por pasajero. Contando 24 días al mes, dice que un pasajero gasta $ 50,40 y que si no existiera el subsidio tendría que gastar $ 349. Es decir, lo primero que nos indica este dato es que el boleto de tren tendría que multiplicarse por 6 para que la empresa no recibiera más subsidios (quienes obtuvieron la tarjeta SUBE ya saben a lo que viene). Pero de nada sirve que la empresa afirme que la gente se ahorra $299 por mes en boleto de tren gracias al subsidio, si el servicio que presta no es eficiente y seguro. $ 50,40 puede ser barato o caro dependiendo de la calidad del servicio y de la seguridad del mismo.

En otra parte dice TBA: “El principal rubro de los costos de operación son los salarios al personal. En TBA, incluyendo al personal de seguridad, trabajan 4.429 personas. Con lo que se recauda por venta de pasajes se paga el 11 % de los salarios. El resto de los sueldos y los costos de mantenimiento, energía eléctrica, combustible, repuestos y seguros se pagan con los fondos provenientes del subsidio operativo”.

Si el Estado, es decir nosotros, cubrimos el 89% de los costos operativos y mantenimiento, es obvio que el Estado tendría que haber controlado que el mantenimiento fuera acorde a las condiciones de calidad y seguridad del servicio. Eso no ocurrió y, ahora, el gobierno, para tratar de zafar de su responsabilidad, se presenta como querellante contra la empresa privada.

También es obvio que si la concesionaria del servicio recibe la plata del Estado para hacer funcionar su empresa, poco le va a interesar controlar que la gente pague el pasaje. Si alguien sube al tren y no paga el boleto, igual la compañía cobra por el traslado.

Es decir, en nombre del progresismo se congelaron las tarifas de los servicios públicos, incluidos los trenes, generando una danza de miles de millones de pesos que circulan entre amigos del progresismo, que en su bondad eterna le dan la oportunidad a la gente de viajar casi gratis. Ahora, una cosa es que le den casi gratis el servicio y otra muy diferente es que por ese precio la gente reciba un buen servicio y seguridad en el traslado.

De acuerdo a la información de TBA, la empresa administra 2 líneas con 7 ramales, transportando unas 200 millones de personas por año. Según TBA cada pasajero se ahorra, gracias al subsidio, $ 3.583 por año. Hecha la cuenta en dólares me da que TBA debe recibir aproximadamente unos U$S 170 millones en subsidios. Es decir, tiene un costo mensual de unos U$S 14 millones, solo para dos líneas y 7 ramales. Pero esa plata va a parar a sueldos (72% del gasto operativo), seguridad y limpieza (¿?), impuestos y mantenimiento. Pregunta: ¿quién invierte para mejorar la calidad del servicio, con nuevos vagones, mejores vías, señalización, etc.? Debería hacerlo el gobierno nacional, pero por ahora prefiere, en su postura progre, dar fútbol para todos, automovilismo para todos, asignación universal por hijo, etc. Por su parte a la empresa le resulta más fácil, en nombre del progresismo de amigos, recibir subsidios que cobrar el boleto y poner guardias para verificar que nadie viaje sin pagar. El negocio es redondo para el progresismo de amigos. El gobierno queda como el bueno de la película estableciendo tarifas de tren regaladas, y a la empresa le resulta un buen negocio asegurarse el ingreso vía el Estado en vez de prestar un buen servicio, invertir y dar seguridad, para atraer más pasajeros.

La realidad es que el año pasado se gastaron $ 75.000 millones en subsidios para tener energía barata, transporte público barato (trenes, subtes y colectivos), enfrentar las pérdidas de Aerolíneas Argentinas, de AySA, televisión estatal satelital, etc. Son cerca de U$S 20.000 millones que el Estado reparte entre concesionarias, medios de comunicación, empresa de aviación estatal ineficiente, que administran pseudo empresarios y seguidores incondicionales del gobierno (incondicionales hasta que cambien los vientos políticos) sin controles y con total desprecio por la calidad del servicio que prestan a los usuarios.

Insisto, en este esquema perverso, la mayoría de las concesionarias están felices de la vida porque hacen caja sin tener que ganarse el favor del consumidor. Solo tienen que estar cerca del gobierno de turno para recibir el cheque en tiempo y forma. Esta forma de hacer negocios no tiene nada que ver con el capitalismo y mucho que ver con gobiernos sin límites en su accionar.

Tomemos otro caso, el de la impresión de billetes de 100 pesos en la cual está seriamente cuestionada la relación del vicepresidente con la empresa que ganó la licitación para la impresión de dichos billetes, con aparentes sobreprecios y con una licitación dudosa. De comprobarse un ilícito, esto no tiene nada que ver con el capitalismo y menos con la amistad. Esto tiene que ver con un simple acto de corrupción, corrupción que brota como hongos cuando el Estado, bajo el argumento del progresismo, interviene en la economía declarando, siempre arbitrariamente, ganadores y perdedores.

En nombre del progresismo, Marcó del Pont decretó que el ahorro no se genera dejando de consumir una parte del ingreso, sino que se imprime. Sí, para Marcó del Pont el ahorro se imprime. Como imprime mucho “ahorro” para que haya mucho “crédito” en nombre del progresismo, la inflación es galopante y los billetes de 100 pesos se gastan en 2 pavadas. Algo más del 50% de los billetes en circulación son de $ 100. La lógica indica que, ante la inflación galopante, deberían imprimirse billetes de menor denominación, pero ello implicaría reconocer que hay inflación, así que cada vez hay que imprimir más billetes de 100 pesos. Imaginemos que se emitieran billetes de 500 pesos, no es lo mismo hacer una licitación por un billete de 500 que por una por 5 billetes de cien. Es más negocio producir muchos billetes de 100 pesos y menos negocio producir pocos de 500.

El progresismo, al otorgarle poderes discrecionales al gobernante, abre las puertas para todo tipo de corrupción. No es que bajo un gobierno capitalista o liberal la corrupción sea igual a cero, lo que hace el liberalismo es asegurar la libertad frente de las personas y limitar los casos de corrupción porque el Estado no tiene el poder de subastar privilegios. En cambio, en el progresismo, como el funcionario público tiene el poder de decidir ganadores y perdedores, estar del lado del ganador tiene un costo. Tantos privilegios, subsidios y prebendas se transforman en un mercado de tráfico de influencias para quedarse con el dinero ajeno.

Seguramente habrá gente progresista honesta pero, a mi entender, equivocada en la forma de organizar el país. Pero lo que estamos viviendo en Argentina no es el caso de esa gente equivocada. Aquí se ha hecho del progresismo, ineficiente por definición, un discurso político que da lugar a todo tipo de progresismo de amigos o, mejor dicho, de socios. Para el gobierno el progresismo es una buena bandera de marketing político pero, sobre todo, una fenomenal máquina de generar dinero entre socios.