Vicepresidente argentino en aprietos

El Imparcial, Madrid

La semana pasada me referí al abierto contraste que se advierte entre Argentina y Brasil a la hora de comparar cómo en uno y otro país se combaten los delitos de corrupción. En la misma línea, en los últimos días se conoció la renuncia del presidente de Alemania por una causa de desvío de fondos que también podría servirnos de ilustración.

Aunque parezca cuento, existen en la Argentina al menos cinco organismos de control que, por lo visto, no son suficientes para poner coto a ese flagelo: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción, la Auditoria General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. A esto se suma la poca dignidad de algunos funcionarios que ni siquiera ensayan una mínima explicación cuando se ven directa o indirectamente involucrados. Véase si no el caso del Vicepresidente Amado Boudou a quien se lo vincula con la compañía cartográfica a la cual el Banco Central estuvo por asignarle la impresión de billetes pese a que en la licitación respectiva había ofertado un precio en un treinta por ciento superior al de otras propuestas.

Hoy se difundió la renuncia de un gerente del Central, muy allegado a Boudou, que en su momento había recomendado que el contrato se celebrara con aquella compañía. Sin embargo, el principal sospechado de querer hacer negocios con el. Estado mediante un testaferro no hizo tan sólo una declaración, silencio en el que están encerradas también las principales figuras del gobierno. Que hasta el momento ningún fiscal haya actuado de oficio es otro aspecto, no desdeñable ciertamente, de este episodio.

Todo esto ocurre cuando asistimos a una nueva “malvinización” de la Argentina que parece distraernos ex profeso de los muchos y más urgentes problemas que reclaman nuestra atención. A treinta años de un conflicto que fue fruto de una decisión tan irracional como irracionalmente consentida, rendiríamos mejor tributo a los muertos si trabajáramos en cambio por una mejora de nuestras instituciones que garantice la transparencia de la gestión pública y nos ubique como país entre aquellos donde la corrupción no prolifera ni permanece impune.