El que quiera dinero, que se lo pida a sus dueños
Ser liberal conlleva una maldición: todo aquel que quiere dinero del Estado para fines loables termina odiándote por estar en contra de que se lo concedan. En esta época donde el Estado no puede despilfarrar tanto como quisiera (hablar de austeridad cuando nos están endeudando a un ritmo de 90 mil millones por año es ridículo) el problema se agudiza ya que tenemos que tratar con defensores de todo tipo de proyectos que van a beneficiar a la humanidad y que se han quedado sin financiación. A saber, investigación de enfermedades raras, I+D, astrofísica, ayuda al tercer mundo, etc.
Los hay hasta que ven inconcebible que se pueda mantener nuestra postura. Por ejemplo, ante la posibilidad de que se cortase totalmente la financiación del Gran Telescopio de Canarias (CTC), una investigadora del mismo se preguntaba qué tipo de mentalidad se podía esconder detrás de estas decisiones.
Humildemente voy a intentar explicar a esta señora por qué algunos nos atrevemos a sostener semejante postura y podrá ver, espero, que no se esconde ningún odio hacia la humanidad en ella.
El dinero del Estado sale de los impuestos de los ciudadanos. Ese dinero no se da voluntariamente sino que se obtiene bajo coacción. Dicho más claramente, si no pagas el dinero que el Estado ha considerado que debes pagar, se te incauta por la fuerza y si te resistes a dicha incautación, vas derecho a la cárcel.
Algo que se obtiene de ese modo no se puede utilizar a la ligera en el primer proyecto que parezca bueno para la humanidad. La humanidad tiene muchos fines, tantos como personas habitan en este mundo, y no se pueden escoger los mejores por mayoría sin dejar fuera muchas cosas importantes que otros desean. Por lo tanto, todo dinero expropiado a la fuerza debería ser utilizado en servicios que la persona vaya a disfrutar y así al menos el uso de la fuerza estaría justificado en algún grado.
Un telescopio o la ayuda al tercer mundo o incluso la investigación de una determinada enfermedad no son servicios que la mayoría de nosotros vayamos a utilizar ni a sacar ningún beneficio directo de él. Por lo tanto, se está pidiendo que nos quiten por la fuerza parte de nuestros recursos para beneficiar a otras personas.
O dicho más claro: se le está quitando dinero a un padre de familia que se levanta a las 6 de la mañana todos los días para ir a un trabajo que detesta para que un grupo de científicos pueda dedicarse a lo que más le gusta. Se les está quitando recursos a los padres de una niña con una enfermedad que no está siendo investigada para investigar enfermedades que nunca van a padecer. Se le está quitando recursos a una persona que está a punto de ser parado de larga duración para hacer cursos de formación en Mozambique.
Una vez más, la diferencia entre los que están a favor de que el Estado les financie sus buenas obras y los que estamos en contra no es lo buenas o malas personas que somos, sino la convicción de que nadie puede decidir por los demás cuáles son los fines a los que deben dedicar sus recursos. En fin, es la incómoda convicción de que los fines no justifican los medios.
Y alguno preguntará: ¿entonces qué?, ¿dejamos estos estupendos proyectos sin realizar por el egoísmo de la gente? La respuesta es fácil para alguien que no odia la condición humana: pedid el dinero si de verdad creéis que el proyecto vale la pena. Las personas somos racionales en nuestra mayoría y ante una buena idea la gente suele responder bien.
En todo caso, la decisión le corresponde a cada ser humano, no a mayorías votadas cada cuatro años. Lo contrario es condenar la libertad y, sin ella, ningún otro proyecto vale la pena.
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