EE.UU: combatieron sin papeles y ahora pueden ser deportados

BBC Mundo

Ahora, los veteranos los usan para otra disputa, esta vez contra el gobierno de Estados Unidos, que tiene abiertas sendas causas de deportación en su contra.

"Podríamos haber muerto por este país. Tenemos que mostrar lo que hemos hecho y sacrificado", señaló durante el mitín Manuel, con 60 años el menor de los dos.

Nacidos en México y traídos a Estados Unidos por sus padres, los Valenzuela nunca han estado en posesión de los papeles de residencia pese a haber representado al país en la línea de fuego.

"Es insostenible que cualquiera que haya servido en las fuerzas armadas y haya arriesgado la vida no tenga derecho a la legalización. Ellos no tienen registro de haber vivido en ninguna otra parte que aquí y han cumplido una labor invaluable para el país", le señaló a BBC Mundo el abogado que los representa, Dennis Hartley.

El caso de los hermanos ilustra la situación de muchos soldados latinos en Estados Unidos, que a las secuelas de las campañas bélicas le suman, una vez que concluyen su servicio, el temor a ser perseguidos por su condición de indocumentados.

Vía para la ciudadanía

Los hispanos constituyen 11% del total de las fuerzas estadounidenses, lo que equivale a casi 150.000 soldados, según estimaciones de la organización America’s Voice.

Desde 2009, los distintos cuerpos de las fuerzas armadas recibieron inscripciones de 114.600 efectivos nacidos fuera de Estados Unidos, 12% de los cuales no son ciudadanos aunque resulta difícil saber a ciencia cierta cuántos son indocumentados.

En teoría, las fuerzas estadounidenses no aceptan a indocumentados en sus filas, pero muchos extranjeros se anotan con identidades cambiadas. Asimismo, los controles en el pasado eran más laxos y ni siquiera resultaba necesario presentar papeles falsos para ser inscrito.

Distintas organizaciones que objetan los métodos de reclutamiento militar -como la llamada Coalición para las Alternativas al Militarismo en las Escuelas (CAMS, en inglés)- señalan que muchos postulantes jóvenes se dejan seducir por la idea de que, a partir de su servicio armado, podrán regularizar el estatus propio o el de sus familias.

Lo cierto es que, bajo un estatuto de 2002 y tras los cambios en las políticas derivados de los ataques del 11-S , los inmigrantes que integran las fuerzas de seguridad pueden postular para convertirse en ciudadanos desde el primer día de actividad, si son poseedores de una visa o tarjeta de residencia.

Luego, un programa establecido en 2009 les aceleró el trámite de ciudadanía, según detalles otorgados a BBC Mundo por la Oficina de Migraciones y Aduanas (ICE, en inglés). Tras las guerras de Irak y Afganistán, el ejército considera también la inscripción de aquellos que estén en el país con visa temporaria, lo que ha permitido a muchos conseguir el documento estadounidense en un plazo récord de seis meses.

Desinformados

Pero muchos de los soldados latinos no lo saben. Según detalla el abogado Hartley, la falta de información es una de las principales razones por las que estos casos pueden terminar en el laberinto legal de la deportación.

"En muchos casos se trata de negligencia u olvido, de que no sabían y nadie los asesoró. Para muchos es una novedad saber que existen caminos para pasar de una residencia a una ciudadanía por ser militares, cuando es algo casi automático bajo la legislación actual. Mis representados, por ejemplo, en su momento simplemente tendrían que haber llenado un formulario para salir del problema", indicó Hartley.

Los Valenzuela, de hecho, se consideraron a sí mismos ciudadanos desde el momento en que se embarcaron para Vietnam: según señalan, asumieron que el juramento militar los convertía automáticamente en residentes legales y no fue sino hasta mucho más tarde que comprobaron que las irregularidades del pasado podían llevarlos de regreso a México.

Sus causas de deportación se iniciaron en 2009 porque ambos hermanos fueron acusados de otras faltas: un caso de violencia doméstica para Valente y un desacato a la autoridad para Manuel, ambos ocurridos hace más de 15 años.

Con los nuevos lineamientos instituidos por el gobierno de Barack Obama, que se concentran en la expulsión de indocumentados con antecedentes penales graves, los Valenzuela están en línea de espera.

Desde la autoridad migratoria estadounidense ICE, sin embargo, señalan que el hecho de haber servido en la milicia es un factor atenuante, que es tenido en consideración a la hora de evaluar individualmente las causas.

En tanto, las autoridades migratorias indican que no pueden proveer estadísticas sobre cuántos veteranos son encausados anualmente porque "los sistemas de la ICE no están configurados para obtener datos basados en el estatus de militar" de un detenido o deportado.

Las estimaciones de organizaciones no gubernamentales, en tanto, oscilan entre unos cientos a 4.000 casos en los últimos 5 años (cuando el dato oficial del total de deportaciones es de casi 397.000 casos para el período fiscal 2011, una cifra récord que marca un crecimiento de 89% desde 2008).

La solución de sus situaciones individuales no es la única fuente de lucha que ocupa a los veteranos por estos días.

Guadalupe Acosta, un ex marino de 26 años que sirvió por ocho años en Afganistán e Irak, tiene por objetivo mejorar la situación de su esposa sin papeles, traída de menor a Estados Unidos.

Según un memorándum que rige la labor de las autoridades de inmigración, se puede aplicar la "autoridad discrecional" para otorgar un permiso especial de estadía a esposas e hijos de militares activos, pero el mismo concepto no se aplica a quienes, como Acosta, ya pasaron a retiro.

"Yo entiendo que cuando uno deja de prestar servicio ya no es tan importante. Pero hice lo que creí que tenía que hacer, serví al país y no medí lo que entregué. No puedo decir que estoy molesto con el gobierno, pero me gustaría que tengan otro tipo de consideración…esta es mi familia", le dice a BBC Mundo el veterano entre lágrimas, flanqueado por Ileana Llamas, su mujer desde hace poco más de un año.

Como Acosta la conoció después de abandonar la Marina, la joven nunca pudo hacer uso del derecho a excepción, pensado para evitar que los miembros activos se vean separados de familiares indocumentados por períodos prolongados.

Si Ileana fuera deportada, por caso, debería esperar 10 años, a modo de castigo, antes de volver a ser aceptada en territorio estadounidense.

"El hecho de que ya no estén en servicio no debe ser usado en contra de ellos. Muchos de los que regresan sufren estrés postraumático y sus familias deberían recibir los mismos beneficios que aquellos que todavía están en actividad", le señaló a BBC Mundo la abogada Jessica Domínguez, que representa a este veterano y asegura que hay "miles de familias en estas circunstancias".