VI Cumbre de las Américas: El lugar para hablar de drogas
Al principio, los dirigentes de Estados Unidos se resistieron fuertemente a la petición de varios líderes de América Latina de que el debate sobre las drogas fuera un tema prioritario en la VI Cumbre de las Américas de Cartagena, entre el 14 y 15 de abril. No sin justificación. Washington teme que los latinoamericanos se esten preparando para apuntar con el dedo acusador la política antidrogas de EE.UU. de manera conjunta, culpándola del aumento del consumo de drogas que alimenta el crimen y la violencia en la región.
Los Estados Unidos se distanciaron del tema, al menos parcialmente, pero ahora dicen que están preparados para hablar sobre drogas en la Cumbre auqnue aclaran, que no tienen la intención de alterar su política actual.
Dentro de América Latina está creciendo el consenso sobre que la raíz de la violenta ola de criminalidad que se extiende por varios países se debe al uso masivo del consumo de drogas en Estados Unidos —lo que sobrepasa el gran mercado ilícito de drogas, con un consumo estimado de US$60 billones al año—. Pero el problema no es sólo el de una incesante demanda de drogas en Estados Unidos, ni de los altos beneficios que proporcionan al crimen organizado y otras actividades ilegales en la región, especialmente en México y Centroamérica.
EE.UU. ha demostrado a lo largo de los años que no quiere o no puede frenar su demanda, o frenar el flujo de dinero o armas, a las bandas criminales. La preocupación de Washington por la discusión de la política anti drogas con los líderes del hemisferio que se reunirán en Cartagena es exagerada. Entre los mayores defensores de incluir la problemática de las drogas dentro de la agenda de la Cumbre se encuentran los más sólidos aliados de Washington en la región: de Colombia, Juan Manuel Santos, quien será el anfitrión de la reunión; de México, Felipe Calderón, y de Guatemala, Otto Pérez Molina. Todos ellos comprometidos tanto con la lucha contra el narcotráfico como en trabajar en estrecha colaboración con EE.UU. contra las drogas y en otros asuntos de seguridad.
Quieren generar un debate sobre políticas y estrategias —no avergonzar a Estados Unidos o llevarlo a un juicio—. También saben que en un año electoral, la legalización seguramente merecerá alguna atención de Washington, aunque es muy poco probable que domine el debate electoral. Es una polémica que el presidente Barack Obama debería ser capaz de manejar. En realidad, los EE.UU. deberían estar agradecidos de que sean los líderes de América Latina —presidentes y expresidentes— los que estén presionando para que se produzca este debate. No hay nadie que lo haga en Washington, aunque la mayoría de los norteamericanos piense ahora que la guerra contra las drogas ha fallado.
El mismo presidente Obama habló sobre el tema, pero no tuvo la fuerza suficiente para implementar importantes reformas para cambiar el énfasis de la política de aplicación de la ley hacia la prevención y el tratamiento. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha afirmado que la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos “claramente no ha funcionado”. “¿Cómo?”, se preguntó. “¿Podría alguien llegar a una conclusión diferente?”. Así que, para el presidenten de EE.UU. será positivo participar en un debate serio sobre las drogas fuera de los límites políticos enrarecidos de Washington. Y EE.UU. tendrá la oportunidad de estar en un foro en el que pueda defender sus puntos de vista, si se decide a hacerlo.
El presidente Santos y otros colombianos deberían estar satisfechos por sus esfuerzos de meter las drogas en la agenda. Al abordar de frente un tema de tan alta intensidad como es la política de drogas, la Cumbre de abril ganará una importante atención mundial y tendrá relevancia en los asuntos hemisféricos. Pero, a pesar de la fuerte discusión en Cartagena, es es casi seguro que queden temas por resolver. Por eso los próximos pasos serán cruciales.
Lo ideal sería que Estados Unidos, Colombia y otros países del hemisferio salgan de Cartagena con un plan para continuar el debate y desarrollar el trabajo necesario para plantear nuevos enfoques pragmáticos en la lucha contra el naroctráfico y sus consecuencias, aunque no esten unidos por motivos ideolígicos o por la inercia de las políticas anteriores. Y si Washington decide que no está dispuesto a considerar nuevos enfoques y quiere reproches por sus políticas que no funcionan, entonces los latinoamericanos deben continuar por su cuenta. Al fin y al cabo, son sus intereses los que están en juego.
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