Obamacare: el cálculo

Diario de América

El Obamacare dominó las legislativas de 2010, conduciendo a sus artífices Demócratas a una paliza electoral histórica. Pero desde entonces, a la polémica se la ha tragado discretamente la tierra.

Ahora vuelve, convocada a la escena nacional por la coincidencia de tres sucesos dispares: la difusión del nuevo cálculo del gasto por parte de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la proximidad de la vista de la constitucionalidad del código en el Supremo, y el decreto que obliga a la inclusión por ley de medidas anticonceptivas en el seguro.

Gasto:

El Obamacare se elaboró escrupulosamente para manipular el estándar de cálculo a 10 años que sigue la Oficina Presupuestaria. Puesto que la prestación no entra en vigor integralmente en cuatro años, el Presidente Obama puede anunciar a los cuatro vientos un gasto neto a 10 años inferior al billón de dólares — 938.000 millones para ser exactos.

Pero ahora que los ejercicios 2010 y 2011 en los que prácticamente no se incurre en gasto han transcurrido, la verdadera factura a 10 años es objeto de atención. De 2013 a 2022, informa la Oficina Presupuestaria, el coste del Obamacare asciende a 1,76 billones — casi el doble de la cifra original manipulada.

La cosa empeora. El gasto anual neto tras 2021 es más del doble de un cuarto de billón por ejercicio — para siempre jamás. Eso, tratándose de un nuevo derecho social en un país que ya se ahoga en una deuda de 16 billones de dólares.

Constitucionalidad:

A partir del 26 de marzo, el Tribunal Supremo examina los recursos al código. El pueblo estadounidense, por una sorprendente mayoría de dos tercios, quiere que el código y/o el capítulo que obliga a tener contratado por ley un seguro sean desechados por la instancia. En la práctica, sin embargo, las cuestiones de esta relevancia se fallan en general por mayoría simple, es decir, que dependen del pie del que se haya levantado esa mañana el magistrado Anthony Kennedy.

En última instancia, la cuestión pende de que el Capítulo de Actividad Comercial de la Constitución tenga algún límite. Si el gobierno federal puede obligar a un particular, bajo amenaza de multa federal, a tomar parte en un contrato privado con una entidad privada (contratar seguro médico), ¿hay algo que el Estado federal no pueda obligar a hacer a los particulares?

Si la reforma sanitaria Obamacare es refrendada, altera de forma fundamental la naturaleza del contrato social estadounidense. Ello se traduce en el final práctico de un gobierno de competencias enumeradas — léase competencias finitas y enumeradas más allá de las cuales el Estado no puede ir, más allá de las cuales se encuentra el verdadero ámbito del pueblo y de sus instituciones de participación voluntaria. La nueva dispensa post-Obamacare es un gobierno central de competencias ilimitadas de las que ciudadanía y sociedad civil luchan por zafarse y conservar algún margen de autonomía.

La parte se convierte en el todo; el todo se convierte en la parte. Los riesgos no podrían ser más elevados.

Coacción:

Accidentalmente, la regulación recientemente decretada de la cobertura de las medidas anticonceptivas nos ha permitido ver cómo van a funcionan exactamente estas nuevas competencias. Todas las instituciones — a excepción única de las iglesias, pero no los centros hospitalarios religiosos, las organizaciones religiosas de caridad, etc. — serán obligadas a ofrecer cobertura sanitaria que por fuerza tiene que incluir la asistencia anticonceptiva gratuita, la esterilización y los abortivos.

Considere la cascada de decisiones burocráticas arbitrarias que acabaron en este decreto:

(1) Las medidas anticonceptivas, la esterilización y los abortivos se clasifican como prevención médica. ¿Con qué autoridad? Con la de la secretario de salud y servicios sociales, invocando al Colegio de Médicos. Pero desde luego clasificar de enfermedad el embarazo es una decisión que requiere valor, disfrazada de científica. Si los anticonceptivos son prevención, ¿las clínicas de fertilidad qué son? ¿Inductoras de enfermedades? Y si el anticonceptivo es prevención porque reduce la mortalidad y ahorra dinero, en virtud de esa lógica, la esterilización colectiva sería el mayor favor a la salud pública desde la pasteurización de la leche.

(2) Esta clase de prevención es gratuita — sin copagos. ¿Por qué? ¿La contracepción es moralmente superior a o más socialmente vital que — y por tanto más "derecho" que — la penicilina de un chaval con neumonía?

(3) Las excepciones "religiosas" a este decreto solamente se extienden a los templos, lugares donde los fieles adoran a Dios, y no a las organizaciones de caridad ni los centros hospitalarios religiosos, lugares donde los fieles llevan a cabo la obra de Dios. ¿Quién promulga esta definición, tan subversiva con la noción entera de divinidad, tan sobrecogedoramente ignorante de la idea misma de vocación religiosa? La todopoderosa secretario de salud y servicios sociales.

Hoy, es la Iglesia Católica la que es objeto de ataque al libre ejercicio de su confesión desde este torrente de decretos aceptados — exigidos, en la práctica — por la reforma sanitaria Obamacare. Mañana será el turno de otras instituciones de la sociedad civil que se atrevan a interponerse entre el Estado sin límites y la ciudadanía atomizada.

Pocas veces una ley ha plasmado tanto lo peor del Estado intervencionista — gastos obscenos, constitucionalidad cuestionable y coacción burocrática arbitraria. No es raro que el presidente apenas lo mencionara en su discurso del Estado de la Unión más reciente. Quiere salir reelegido. Prefiere hablar de otras cosas.

Pero no hay salida a estas alturas. La vista oral está fijada el lunes a las diez de la mañana.