En Brasil, ¿se escuchan los ruidos de un terremoto, o será un temblorcito?

Infolatam

Brasil parece estar al borde de un terremoto político, cuyo alcance e intensidad son impredecibles. La causa son las grabaciones hechas en la investigación de la Policía Federal sobre la red de corrupción y negocios del infractor Carlos Augusto de Almeira Ramos, más conocido como Carlinhos Cachoeira. El contenido de las grabaciones, que desde hace más de diez días aparecen con cuenta gotas, revela una organización con tentáculos en varios partidos y gobiernos.

La primera víctima política del escándalo es el senador Demóstenes Torres, una de las estrellas de la oposición, que construyó su imagen de campeón de la lucha contra la corrupción desde el escándalo del “mensalão”, en el primer mandato del presidente Lula.

Las cintas muestran una estrecha asociación entre el senador y Carlos Cachoeira, ambos del Estado de Goiás. Del mismo estado, es el gobernador Marco Perilo, del PSDB, también sospechoso de mantener relaciones poco republicanas con el delincuente. Perilo se destacó durante el periodo del “mensalão” al afirmar que Lula sabía del esquema supuestamente orquestado por José Dirceu, entonces jefe dela Casa Civil.

El PT sintió luego la oportunidad de vengarse de sus torturadores y desviar la atención pública del jucio del “mensalão”, que se acerca a la Corte Suprema de Justicia, pudiendo celebrarse a finales de este año. Entre los acusados, está José Dirceu, acusado por el Procurador General de ser el “jefe” del esquema que corrompía a diputados a cambio de apoyar al gobierno.

A principios de la semana pasada, con el supuesto incentivo de Lula, el partido decidió proponer la creación de una CPI mixta de la Cámara y el Senado para investigar las relaciones de Carlos Cachoeira con el mundo político. El martes, se presentó la solicitud de apertura de la CPI, con las firmas de 340 diputados y 67 senadores, más que suficiente para su instalación.

Todos los principales partidos apoyan la CPI, aunque ninguno tiene interés real en que se cumplan plenamente sus objetivos. Como pronto se hará evidente, el sistema de Carlinhos Cachoeira es multipartidario. Las filtraciones de las grabaciones indican la participación del gobernador de Brasilia, que pertenece al PT, y la participación de la constructora Delta, cuyo dueño es un amigo cercano al gobernador de Río de Janeiro, uno de los líderes nacionales del PMDB.

Pequeña hasta hace poco, Delta se convirtió en una de las grandes construturas del país, gracias a un extraordinario desempeño en las licitaciones de obras públicas en varios estados, incluyendo Río de Janeiro, y el gobierno federal. El año pasado, fue la empresa que recibió más recursos del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un conjunto de obras de infraestructura que se extiende por todo el país, incluyendo importantes reformas o construcciones de estadios para la Copa del Mundo 2014.

La pregunta que está en el aire es hasta dónde irán las relaciones de Carlos Cachoeira en el mundo político y hasta qué punto llegarán los legisladores en sus investigaciones. Empujados a apoyar la idea de la CPI por el movimiento “instintivo” del PT, los partidos, incluido el propio PT, tratan ahora de ocupar posiciones que les permitan digerir los trabajos de la comisión. El objetivo es que sólo se apunte a los opositores.

En esta batalla, los dos principales partidos de la coalición de gobierno llevan una enorme ventaja. Pero tampoco entre ellos existe una firme relación de lealtad que garantice el control de los límites y de los objetivos de la CPI. La presidente Dilma teme que el PMDB use la investigación para dañar al PT y aumentar su poder de negociación con el Ejecutivo. La verdad es que los partidos están a merced de las filtraciones promovidas selectiva y paulatinamente por la prensa. Los documentos de la corte son el resultado de dos años de investigación y hasta el momento, en teoría, sólo la Policía Federal y la cúpula del Ministerio Público Federal conocen la totalidad de su contenido. Todavía hay mucho por hacerse pública. Difícilmente los partidos pueden tomar las riendas de un proceso que adquirió una dinámica propia.

En el corto plazo, a pesar de que la CPI representa un riesgo para el gobierno, la imagen y la autoridad de la presidente Dilma debe salir fortalecidas, en contraste con la desmoralización adicional del Congreso y de los partidos. La reciente encuesta del IBOPE muestra que la aprobación de Dilma alcanzó un porcentaje del 77%, uno de los mejores de la historia. La popularidad de la presidente refleja, en buena parte, la percepción de que ella está por encima de la “inmundicia de la política”.

El hecho de que haya dimitido a seis ministros acusados ​​de corrupción y / o tráfico de influencias y de que revele insatisfacción y molestia frente a las demandas de los partidos, incluso cuando tiene que reunirse con ellos, le da puntos a su favor. Esta imagen positiva puede colapsar si hay evidencia de que los tentáculos de Cachoeira penetraron en el núcleo del poder ejecutivo federal, incluyendo las grandes empresas estatales. Al parecer, no es el caso, menos por la invulnerabilidad de esos núcleos y más por las señales de que el infractor estaba operando (¿todavía?) en la periferia del sistema político.

En teoría, el escándalo amplía el poder de maniobra e iniciativa de Dilma. La pregunta es si ella sabrá aprovechar el momento y lo que hará con ese mayor poder de iniciativa. Tendrá, sin embargo, y sobre eso no hay lugar a dudas, que responder a preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿suspenderá las obras en curso por parte de Delta, si se establece que la empresa organizó un vasto esquema de corrupción y financiación de las campañas electorales?

En el mediano plazo, el escándalo, por su carácter ecuménico, por así decirlo, representa otro golpe a la ya maltratada reputación del Congreso, de los partidos y de los políticos. ¿Estaría Brasil, llegando a un punto de saturación similar al que llevó al colapso del sistema de partidos en Italia, en la primera mitad de los años 90? No es lo más probable, pero siguiendo esta melodía llegaremos a eso más tarde o temprano.

Vale la pena recordar que, en Italia, el colapso del viejo sistema de partidos dio paso a un Berlusconi. Así, lo que estaba mal tal vez peor aún. Aquí, por el momento, ninguno de los líderes más destacados -los llamados presidenciables- cumple con el perfil de un candidato anti-sistema, real o no. Ni el electorado parece inclinado a votar por un candidato así. Pero las posibilidades de una apuesta política de ese tipo crecerán si el sistema político brasileño no encuentra fuerzas, bajo la presión de la sociedad, para volverse no sólo más democrático, si no también más republicano.

¿Sería demasiado esperar que la presidente Dilma, en medio de las turbulencias que se avecinan, pusiese su liderazgo al servicio de una agenda de reforma institucional y predicación ética que pudiera representar un gran avance en esa dirección, y no a favor de un acuerdo para evitar el mal rato a los partidos en nombre de la “gobernabilidad”? No hay una solución mágica para todos los males que este escándalo revela. Sin embargo, algunas medidas son esenciales. La drástica reducción de 20.000 cargos de libre nombramiento de la máquina federal, botín bien peleado por los partidos, sería un buen ejemplo para dar.