España: entre la ira, la resignación y la prudencia

La Tercera

La decisión de Cristina Kirchner de expropiar 51% de YPF, la filial argentina de Repsol, una de las grandes compañías de España, coloca al gobierno del Presidente Mariano Rajoy en una situación bastante difícil. Las armas con que cuenta para responder al gobierno argentino no son las que quisiera o, al menos, no son las más oportunas, dado el contexto actual. Está constreñido, además, por una grave situación interna que debilita de por sí al Estado que dirige y exige concentrarse en otras prioridades, y por la enorme presencia de otras empresas ibéricas en Argentina, a las que Kirchner ha amenazado abiertamente en una comparecencia esta semana.

Es evidente, por la forma en que fue hecha la expropiación, que el gobierno argentino quiso afectar muy frontalmente a España, pero también evitarse demasiados problemas con otros países. Por eso, los casi 4.000 millones de dólares en acciones de YPF controladas por fondos de inversión estadounidenses no han sido expropiados. Aún así, Buenos Aires no tuvo más remedio que afectar a México porque Pemex, la empresa petrolera de ese país, posee el 9,49% de Repsol y, en menor medida, porque al hacer que un gobierno regional argentino cancelara una de las licencias con que contaba YPF, en la práctica perjudicó a Enap, la compañía chilena que actuaba como operadora de YPF en ese caso. No es de extrañar, pues, que el mandatario mexicano, Felipe Calderón, haya llamado “muy poco responsable y muy poco racional” a la decisión de Kirchner y que Sebastián Piñera, más prudente, haya pedido que “se respeten los convenios internacionales”. Cabe anotar, sí, lo audaz que fue el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien a pesar de no tener su país intereses directamente relacionados con lo ocurrido, ironizó con ocasión de un foro de inversiones en su país lanzando, en presencia de ejecutivos españoles, un contundente: “Nosotros no expropiamos, Presidente Rajoy”.

El problema que tiene entre manos Rajoy es triple: las inversiones españolas que todavía son vulnerables a un eventual zarpazo argentino; existe una significativa dificultad en dar contenido concreto a la solidaridad retórica de otros países, especialmente los europeos y Estados Unidos, y hay el riesgo de abrir un frente de batalla que movilice a toda la izquierda radical latinoamericana contra España y, por tanto, de que algo que es por el momento un conflicto político en torno a una expropiación, pase a ser un debilitamiento de la relación española con parte significativa de Iberoamérica en un momento especialmente adverso.

Hay unas 400 empresas españolas en Argentina, entre ellas, 15 que cotizan en la Bolsa de Madrid y son de mucha importancia para la economía ibérica en su conjunto. De hecho, España es el país que lidera el stock (o sea la acumulación) de capital extranjero en ese país: uno de cada cuatro dólares invertidos a lo largo de los años en Argentina es español. Hay empresas, como Prosegur, que generan la quinta parte de sus ventas en Argentina y otras, como DIA (alimentos), que obtienen allí más de siete por ciento de las suyas. Otras más grandes, como Telefónica, dependen del mercado argentino para algo más del cinco por ciento de sus ventas (la compañía telefónica tiene 23 millones de clientes en ese país). Para no hablar de otras compañías energéticas o de bancos, como el Santander y el BBVA. Esas empresas están hoy por lo bajo pidiendo a España no dar una respuesta excesivamente “desproporcionada” que las coloque en situación vulnerable. Y Rajoy no puede ser insensible a un pedido semejante cuando Telefónica tiene hoy a América Latina como su principal fuente de ganancias y a Argentina como su segundo mercado en el continente, lo que permite compensar el deterioro del mercado español. En este caso, pues, los intereses de Antonio Brufau, presidente de Repsol, y de sus colegas no están exactamente alineados.

El segundo problema que España enfrenta de cara a este conflicto tiene que ver con la posibilidad de adoptar acciones concretas. La acción legal más importante que puede emprender Repsol -y que contará con respaldo político de Rajoy- es una demanda contra Argentina en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, conocido como Ciadi (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a las Inversiones). Pero resulta que Argentina ha sido objeto allí de 48 demandas y sólo tres han sido resueltas en contra de Buenos Aires (las de las norteamericanas Azurix y CMS y la francesa Vivendi). Lo que ocurre casi invariablemente en este tipo de procesos es que el litigio se suspende después de unos años, porque la empresa afectada, sea la que sea, negocia con Argentina o desiste por completo cuando encuentra la oportunidad de hacer una nueva inversión o de proteger alguna otra ya existente (Telefónica acabó negociando un acuerdo hace un tiempo, por ejemplo, para renunciar a una demanda). Incluso en los casos en que hubo fallos contra Argentina, el gobierno se negó a pagar. Esa es la razón por la cual la Administración de Barack Obama ha retirado las preferencias arancelarias a Argentina.

Una acción semejante a la que ha tomado Estados Unidos podría tomar la Unión Europea. Eliminar las preferencias arancelarias de que goza Argentina en Europa sería perjudicial para ese país, pero es improbable que se llegue a ese extremo, como es improbable que se denuncie el Tratado de Amistad y Cooperación: nunca antes se ha tomado una decisión así y no está claro que Rajoy quiera escalar el conflicto hasta ese nivel. Por lo pronto, España ha anunciado que priorizará la compra de biodiésel a sus socios europeos en perjuicio de Argentina, que le vende este combustible por unos 800 millones de euros anuales. Pero si Europa en conjunto se animara a adoptar una represalia comercial, se verían afectados principalmente productos como la soja, el combustible y las carnes argentinas en el conjunto de la unión. Hablaríamos en ese caso de algunos miles de millones de euros. Hasta ahora, sin embargo, lo que ha habido es pura retórica de parte de la Comisión Europea (expresando su “más enérgica condena”) y de los parlamentarios. Los ministros de Asuntos Exteriores, probablemente, harán un pronunciamiento conjunto semejante muy pronto.

Estados Unidos no hará mucho más de lo que ya ha hecho, que es expresar su “preocupación” y decir que Argentina tiene que “justificar” su decisión, aun cuando el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, intenta que Hillary Clinton se comprometa más con su posición para actuar en el G-20 y el Fondo Monetario Internacional. La razón es simple: la secretaria de Estado es consciente del riesgo de victimizar a Cristina Kirchner y echarla en brazos de Hugo Chávez y el grupo del Alba, que cerraría filas contra Washington ante cualquier acción concreta. En este escenario es improbable, a juzgar por los antecedentes, que los gobiernos moderados se atrevieran a expresar su respaldo al gobierno norteamericano contra sus vecinos argentinos. Washington, al menos, así lo entiende por su experiencia en la OEA, el organismo hemisférico. Y en cualquier caso, ni el FMI ni el G-20 resultan hoy en la práctica útiles a Argentina. El efecto sería simbólico -y políticamente costoso- pero no tendría mucha secuela material.

También en España y Europa existe el comprensible temor a provocar una reacción en cadena de la izquierda radical a la que los latinoamericanos moderados no puedan responder con claridad. En ese caso, España, que atraviesa su peor crisis desde la transición a la democracia, se abriría un nuevo frente político desgastante. Rajoy sabe que tarde o temprano el Partido Socialista lo acusaría de haber arruinado las relaciones con Iberoamérica, asunto que para Madrid tiene algo más que resonancias nostálgicas: los españoles siempre se han preciado de ser el puente por el que pasa buena parte de la relación de toda Europa con América Latina. Poner en riesgo ese “estatus”, por un conflicto generalizado con varios países latinoamericanos, es algo que a Rajoy no interesa en este momento.

Como se ve, pues, Argentina ha golpeado donde duele y con mucha conciencia de las dificultades que impiden a España responder con dureza material a lo que a todas luces ha sido una acción encaminada a humillar a su país y no sólo a una empresa petrolera (eso indican las frases irónicas aludiendo al incidente del rey en Botsuana, el asalto físico a la sede de Repsol en Buenos Aires y la expulsión de los directivos españoles sin darles un segundo de aviso y sin tener en cuenta que, en teoría, todavía la compañía española tiene un porcentaje pequeño de la propiedad, pues no se ha expropiado el 57, sino el 51 por ciento).

Rajoy entiende bien que lo sucedido en Argentina es síntoma de que el modelo está fracasando y, por tanto, de que el peronismo buscará chivos expiatorios en el exterior para fortalecerse internamente, a medida que la po- blación vaya dándose cuenta de lo que realmente sucede. Eso significa que si España se limita a algunas frases retóricas, por temor a poner en riesgo a otras empresas españolas y a alimentar el radicalismo argentino, puede suceder exactamente lo contrario de lo pretendido con dicha prudencia: es decir, que Buenos Aires crea que la debilidad de Rajoy es un escenario perfecto para seguir afectando a otros intereses españoles. Después de todo, no hay ninguna posibilidad de que no se produzcan nacionalizaciones en el futuro, dado que el modelo ya no es financiable y las dos grandes fuentes de dinero que había -las pensiones y las reservas- ya fueron capturadas por las autoridades en su momento para tapar agujeros.

Pase lo que pase, la herida que ha abierto Kirchner tardará muchos años en cerrar. Los españoles difícilmente olvidarán que un país cuyos ciudadanos han emigrado a la madre patria por oleadas a lo largo de décadas, les asestó un golpe frontal en su momento más vulnerable y que, para colmo, la jefa del Estado se burló de su rey, insultó a su gobierno, amenazó a sus otras empresas y echó a sus ejecutivos como perros sarnosos de la sede de la entidad expropiada, sin darles tiempo a salir con dignidad