La educación y el Estado

América Economía

¿Habría educación sin la educación pública? Detrás de la intervención del Estado en la educación está la idea de que los padres de familia no se responsabilizarán adecuadamente de educar a sus hijos. Se presume que no lo harán o porque no les importa o porque no tienen los recursos económicos o por una combinación de ambos motivos. Así hemos llegado a un mundo en el que se considera sagrada la educación pública y un sacrilegio sugerir sistemas que le devuelvan a los padres de familia (y a los estudiantes en el caso de la educación universitaria) la libertad para elegir qué tipo de educación quieren.

Lo cierto es que la intervención del Estado en la educación corresponde a un fenómeno históricamente reciente. El historiador y economista Edwin G. West relata esto en su libro La educación y el Estado (Unión Editorial, 1994). Allí el autor estudia detenidamente cómo surgió la intervención estatal en la educación en Inglaterra a partir de 1870.

West concluye que el proceso político no es ideal para lograr mejoras en la educación y suele apoderar a las autoridades estatales frente a los padres. El autor indica que “Esto reduce las opciones disponibles, y para las familias más pobres las elimina del todo”.

West también analiza la alfabetización en Inglaterra antes y después de 1870. El economista presenta varios estimados de diversas fuentes que indican que entre dos terceras partes o casi tres cuartas partes de las clases obreras ya se habían alfabetizado prácticamente sin ayuda estatal.

Se cree que la intervención del Estado es necesaria porque se presume que en su ausencia el mercado no proveerá educación en suficiente calidad o cantidad. West señala que el número de niños asistiendo a escuelas en Inglaterra se había incrementado de 478.000 en 1818 a 1’294.000 en 1834 “sin interposición alguna del gobierno u otras autoridades públicas”.

Sobre la calidad de la educación, el autor afirma que “La calidad depende de quien elige”. La Comisión de Newcastle encargada de realizar un informe acerca del Estado de la educación en Inglaterra en 1861 reconocía que había un mecanismo automático que aseguraba que las escuelas de mala calidad fueran eliminadas. “Los padres de familia eran sus propios inspectores, y comparados con los inspectores oficiales, no solo eran mucho más numerosos, sino que efectuaban un seguimiento continuo”, agrega West.

La cuestión de fondo en el debate acerca de la educación es si los padres son competentes para elegir. West considera que “la incompetencia familiar es una condición necesaria para la intervención, pero no es una condición suficiente: también queremos saber si dicha incompetencia es más seria que la incompetencia potencial de los funcionarios públicos encargados de ejecutar la política estatal”.

Finalmente, el Premio Nobel de Economía, James Buchanan, advierte que la asignación de una actividad al sector público puede ser muy apropiada donde el gobierno está limitado por restricciones constitucionales efectivas, pero totalmente inadecuada donde el gobierno actúa con amplio poder discrecional.

Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato,org.

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org y columnista del diario El Universo (Ecuador)