Seguridad jurídica y progreso

El Diario de Hoy

Plenamente inmersos en la segunda década de este siglo, se pueden apreciar con claridad diversas tendencias que están marcando el fluido escenario de las relaciones internacionales. Y como bien señalan muchos analistas, y se encargan de demostrar los diversos indicadores socio-económicos, una de esas tendencias es la plena consolidación de América Latina como un actor de primer orden en el conjunto del sistema internacional, ya sea en el campo político, el económico, comercial o cultural.

En efecto, tras la "década perdida" de los 80 y superado el largo decenio de crisis económicas de los 90 y primeros años de este siglo, los países del continente han demostrado su capacidad para convertirse en (y actuar como) actores de primer orden regional o global, consolidando sus instituciones y procesos democráticos, apostando por ambiciosos mecanismos de integración regional, posibilitando la inserción de sus economías en el orden económico internacional y, con todo ello, estableciendo las condiciones necesarias para el afianzamiento del progreso y bienestar de sus sociedades, a fin de cuentas la principal obligación de todo gobierno.

Y una parte fundamental de esos logros se debe a la seguridad y fiabilidad que han logrado trasmitir dichos gobiernos, tanto a los países amigos como a las empresas extranjeras, que ante tal clima de confianza y seguridad jurídica han decidido realizar importantísimas inversiones que mucho han ayudado a ese despegue o consolidación, según los casos, de los países del continente americano.

La región centroamericana es un muy buen ejemplo de ello y, con independencia del posicionamiento ideológico de sus diferentes gobiernos, todos ellos han optado por ese camino de establecer claras normativas y regulaciones que refuerzan la seguridad jurídica como marco fundamental para hacer posible la inversión extranjera, que tanto está aportando al crecimiento de los países.

Sin embargo, hace unos días el gobierno argentino decidió nacionalizar la empresa YPF, filial de la empresa española REPSOL, una medida ilegal y discriminatoria que atenta, precisamente, contra ese principio de seguridad jurídica. En efecto, el gobierno argentino, alegando una supuesta "insuficiente" inversión por parte de YPF, tomó el pasado 16 de abril la decisión de nacionalizar y expropiar el 51´01% de las acciones de YPF detentadas por REPSOL, declarando al mismo tiempo de utilidad pública todo el sector de hidrocarburos.

Medida ilegal porque atenta contra el acuerdo bilateral que regula las inversiones entre Argentina y España, vulnerando los compromisos del propio gobierno argentino cuando se privatizó YPF en 1992 –plasmados en los estatutos de YPF–, y medida discriminatoria pues, aunque declara de utilidad pública a todo el sector, establece la nacionalización de una sola empresa –YPF–, expropiando las acciones de un solo socio de esa empresa –REPSOL–.

Habría que añadir, además, que desde que REPSOL adquiriera YPF en 1999 la empresa ha invertido más de 20.000 millones de dólares en Argentina, duplicando la plantilla de sus trabajadores, que pasó de 8.000 a 16.000 personas y en todo momento, incluidos los más duros de la crisis del "corralito", ha estado profundamente implicada con la suerte y el éxito de ese país, apostando por el mismo y siendo reconocida públicamente como empresa modelo y socio estratégico en su política energética, lo que hace aún más incomprensible la medida adoptada por el gobierno argentino.

Por supuesto que el gobierno español espera que REPSOL obtenga la justa compensación resultante del daño sufrido, y para ello no dudará en acudir a los foros e instancias internacionales necesarios. En todo caso España, como segundo inversor global en Latinoamérica, pero también como parte y sujeto de la Comunidad Iberoamericana, seguirá apostando plenamente por fomentar las relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales con los países de la región, con el convencimiento de que así contribuiremos, todos, al desarrollo y bienestar del conjunto de nuestras sociedades.

El autor es Embajador de España en El Salvador.