El capitalismo inglés entra en funcionamiento

Fundación Atlas 1853

El sistema capitalista y el mercado público de valores (“la bolsa”) permiten que compradores y vendedores se encuentren en un mercado abierto para intercambiar voluntariamente instrumentos financieros (acciones, bonos y otras clases de activos) en busca de una rentabilidad. Estos intercambios se rigen siempre por el libre juego de oferta y demanda, lo que resulta en la natural volatilidad de las acciones. Gran parte de esas acciones, además de otorgar derechos económicos, conceden derechos políticos a sus tenedores, por ejemplo rechazar la gestión o remuneración de los directores.

El pasado viernes accionistas minoritarios de los bancos Barclays y Credit Suisse, ejercitando los derechos políticos conferidos por sus tenencias accionarias, rechazaron los paquetes de remuneración para sus CEOs. Las impugnaciones alcanzaron un récord de 27% y 32% para Barclays y Credit Suisse respectivamente, lejos del 6% promedio para las compañías inglesas durante 2010.

En épocas de alta incertidumbre económica y descontento social, donde algunos sectores exigen mayor intervención y protección del estado, las “rebeliones” de los accionistas deben ser interpretadas como un sano avance del sistema capitalista. Los inversores están haciendo escuchar su voz no sólo a través de la elección de las acciones que compran o venden, sino también ejerciendo sus derechos políticos, forzando a los directores a gestionar de forma más eficiente. Si los accionistas consideran que las remuneraciones de los directores no son acordes al valor que estos últimos agregan a las compañías, entonces están en todo su derecho a demandar menores salarios o bonos. Pero a no olvidar que el mercado laboral se rige por las mismas leyes de oferta y demanda que el mercado bursátil. El riesgo recae entonces en exigir excesivos descensos en las remuneraciones del management. Aquellos directores generadores de alto valor pero no remunerados en consecuencia pueden dejar la compañía en busca de una mejor remuneración, impactando negativamente en el precio de la acción y erosionando el valor para los accionistas.

Esta visión sobre el funcionamiento de la economía y los mercados dista radicalmente de aquella que propone mayor control del Estado, mediante topes a los salarios o un “impuesto a los ricos”.

En Inglaterra estas ideas son impulsadas por el líder del partido laborista, Ed Milliband, y empiezan a cobrar fuerza. Sin embargo, estas opciones generan “soluciones” sub-óptimas y perjudican a la mayor parte de los actores sociales. La opción de salarios máximos genera la transferencia de empleados de un sector controlado, hacia otro de menores exigencias (por ejemplo, del bancario a la consultoría) y la consecuente pérdida de competitividad del sector, o bien de un país hacia otros resultando en una fuga de cerebros (por ejemplo, de Inglaterra hacia Singapur). La opción del “impuesto a los ricos” desincentiva la generación de riqueza, además de la transferir el dinero del sector privado al sector público, con la invariable pérdida de eficiencia.

En conclusión, debemos celebrar que los accionistas ejerzan sus derechos políticos e incentivar a una mayor participación corporativa. El sistema actual tiene los resortes suficientes para que el inversor se proteja de un posible abuso por parte del management. La responsabilidad del estado debe ser fomentar la transparencia para que los accionistas tengan mejores herramientas de decisión y promover la competencia para ofrecer mayores opciones de inversión. La alternativa de un Estado interventor con altos controles, mayores impuestos y trabas al libre comercio sólo genera mayores deficiencias e improductividad. Basta con revisar las políticas económicas adoptadas por el actual  gobierno argentino y observar los efectos nocivos en la economía en su conjunto.