La ciénaga legal de Chevron en Ecuador

The Wall Street Journal Americas

El 4 de mayo pasado, Chevron Corporation se presentó ante la corte federal de Estados Unidos en Miami en busca de los registros de ocho cuentas del Banco Pichincha en Ecuador. La petrolera sostiene que tales registros podrían probar que un ingeniero geológico ecuatoriano, que fue contratado por la corte para desempeñarse como experto independiente en el caso de María Aguinda y Otros contra Chevron, fue sobornado por los abogados de los demandantes. Tanto el experto como los abogados niegan la acusación.

Este es el nuevo capítulo de la larga lucha de Chevron contra la jurisprudencia ecuatoriana.

Chevron adquirió Texaco en 2001. Dos años más tarde, 48 ecuatorianos demandaron a la compañía ante la justicia de ese país, alegando que Texaco, que operó en Ecuador entre 1972 y 1992, dañó tierras públicas en la selva amazónica. En febrero de 2011, el tribunal falló a favor de los demandantes y fijó daños y multas por un total de US$18.200 millones, incluyendo US$8.600 en daños punitivos debido a que Chevron no había pedido disculpas.

Por supuesto, es posible que esos US$40 millones que Texaco gastó en limpiar el terreno cuando salió de Ecuador fuera insuficiente, a pesar de que el gobierno lo inspeccionó y aprobó el saneamiento en 1998. Sin embargo, PetroEcuador, una empresa estatal que nada sabe del medio ambiente que hace 20 años asumió los activos de Texaco en Ecuador, ahora sostiene que el costo de limpiar sus operaciones asciende a US$70 millones. En ese sentido, es natural que la magnitud de la sentencia invite a un escrutinio.

Chevron asegura que el caso estaba plagado de fraude, tanto por parte de los abogados de los demandantes como por el tribunal ecuatoriano. Ha presentado una demanda por crimen organizado en un tribunal de Nueva York contra el Frente de Defensa de la Amazonia (FDA), una organización no gubernamental ecuatoriana que lucha a favor de la demanda— así como contra los demandantes y algunos de sus abogados y consultores.

Una de las acusaciones de Chevron es que el ingeniero geológico Richard Cabrera, experto "independiente" designado por la el tribunal para evaluar los daños a la selva, estaba trabajando secretamente para los abogados de los demandantes. La empresa apoya su acusación en tomas descartadas de la película "Crudo", de la FDA, que muestran a las dos partes reuniéndose antes del nombramiento, así como en documentos conseguidos en los tribunales estadounidenses. Chevron afirma también que los documentos preparados por los abogados de los demandantes se convirtieron en parte del dictamen de la justicia ecuatoriana, que dice que arrojan dudas sobre la neutralidad del tribunal.

Karen Hinton, portavoz de FDA, dice que el informe de Cabrera contiene un texto idéntico al informe preparado por los defensores de la demanda debido a que sus hallazgos fueron iguales y a que los abogados de los demandantes se reunieron con Cabrera "de acuerdo con las reglas del tribunal". En cuanto a los documentos de los demandantes que se encuentran en el fallo del tribunal, Hinton afirma que estaban allí legítimamente, ya que "fueron incorporados al registro oficial".

Chevron ha acudido a las cortes federales de EE.UU. más de 20 veces con la intención de mostrar que el fraude fue cometido por algunos abogados de los demandantes y sus consultores y así obtener los documentos que a su juicio demostrarían que el caso estaba arreglado. En nueve instancias, los tribunales estadounidenses criticaron duramente los procedimientos judiciales ecuatorianos.

En una instancia, señalando que la acusación de Chevron de que los representantes de los demandantes habían escrito de manera encubierta el informe de Cabrera, el tribunal estadounidense del Distrito Oeste de Carolina del Norte señaló que si bien esa corte no estaba "familiarizada con las prácticas del sistema judicial ecuatoriano", debía creer que "el concepto de fraude es universal y que lo que ha ocurrido en ese asunto debe ser de hecho considerado fraude por cualquier tribunal", y que "si esa conducta no equivale a fraude en un país en particular, entonces ese país tiene problemas más grandes que un derrame de petróleo". Patton Boggs, que actúa en nombre de los demandantes, dice que las declaraciones de los diversos tribunales sobre el fraude fueron "realizadas en el estrecho contexto de determinar si existía una base para la exención del privilegio abogado-cliente basado en la excepción a la garantía de confidencialidad", en otras palabras, para justificar la obtención del acceso de Chevron a los documentos.

Chevron también ha cuestionado quién se beneficia de la enorme sentencia. El tribunal de Ecuador dictaminó que un fideicomiso establecido por FDA maneje cerca de US$8.700 millones del pago para llevar a cabo la indemnización ambiental, llevar agua potable, salud pública y proyectos comunitarios a la región. También concedió 10% de la indemnización para la FDA. Sin embargo, los demandantes individuales parecen no recibir nada y el rol de supervisor del tribunal sobre el fideicomiso en un país que no es famoso por su integridad judicial es poco tranquilizador.

Esto deja una cantidad aproximadamente equivalente a la indemnización por daños y perjuicios de US$8.600 millones sin asignar. Chevron dice que los documentos conseguidos en el descubrimiento indican que en el momento del pago de los más de US$5.700 millones de la sentencia ya estaba comprometido para intereses ajenos a la comunidad indígena. Estos incluían a Patton Boggs y a Burford Group, inversionista con sede en Reino Unido, que practica "litigio financiero". Burford ha admitido que había invertido US$4 millones en el caso, pero vendió su participación a un tercero. Ahora sólo tiene una "participación residual en el resultado". Patton Boggs dice que no hace comentarios sobre los acuerdos de honorarios con sus clientes.

Hinton, la portavoz de la FDA, niega que actores externos sean los grandes ganadores. "La mayor parte regresará a la selva y a la gente", insiste. Tal vez, un tribunal estadounidense pueda llegar al fondo de todo esto.