Argentina, cuesta abajo

En el avance de los países hacia la eficiencia institucional desempeña un papel central la noción de compromiso. Es por eso que allá donde exista un mal diseño, o un mal uso, de las instituciones políticas, el valor de los compromisos alcanzados por los agentes será reducido, las políticas serán de baja calidad e, inevitablemente, tendrán un sesgo hacia el corto plazo. Todo lo cual tendrá efectos negativos sobre la evolución del país de que se trate, mermando sus posibilidades de crecimiento sostenido en el tiempo. En definitiva, las instituciones se entienden como procedimientos para estabilizar expectativas y convertir así el tiempo histórico en tiempo lógico.

Los determinantes institucionales del desarrollo económico argentino han sido analizados por organismos multilaterales y por varios expertos de ese país. Entre los primeros, el Informe 2006 del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el progreso económico y social en América Latina, avalado también por la Universidad de Harvard, clasifica a las naciones latinoamericanas en tres categorías (“alta”, “media” y “baja”) según la calidad de sus políticas públicas. Pues bien, el Informe considera que las correspondientes a la República Argentina presentan una “baja” calidad en materia de “estabilidad”, “aplicación efectiva”, “coherencia” y “eficiencia”, otorgando también la calificación “baja” al índice global de las políticas. En este mismo ranking se reconoce una puntuación “alta” en el índice global a Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay, reservándose para Chile la categoría de “muy alta”. En el mismo Informe se recoge también que Argentina presenta un nivel “alto” de corrupción en materia de inversión empresarial, frente al “bajo” nivel de Chile o el “medio” de Brasil, Colombia y México. Y, como conclusión, afirma que “ciertas características clave de las políticas públicas, como su estabilidad y su calidad, son tan importantes como el contenido específico de las mismas para el desarrollo económico”. Algo que advierte también la CEPAL (ONU) cuando, refiriéndose a Argentina, señala que “una economía en donde las condiciones futuras son muy inciertas y donde, al mismo tiempo, se desconfía mucho de la discrecionalidad del Gobierno, tendrá dificultades para establecer un marco apropiado de políticas”.

La historia de incumplimientos de sus compromisos internacionales es, en el caso de Argentina, interminable. No en vano se trata del país con más causas activas en el CIADI por denuncias presentadas por empresas e inversores de toda condición. Y otro tanto cabría decir de las deudas millonarias con el Club de París, asociación de 19 países que negocia el pago de deudas bilaterales entre Estados y que fue creada a mediados del siglo XX para resolver, precisamente, otra suspensión de pagos, otro default, de Argentina. Entre los temas pendientes en el Club de París está la deuda que el país austral mantiene con España.

Durante el mandato de Néstor Kichner, un presidente caudillista próximo al chavismo que jamás reunió a su Consejo de Ministros, Argentina aumentó hasta límites insufribles la inseguridad jurídica de las empresas oferentes de servicios públicos utilizando diversas fórmulas, como congelaciones irracionales de tarifas o el establecimiento de impuestos abusivos a la exportación. Por su parte, grupos de piqueteros oficialistas, parados que recibían subsidios del Gobierno y obedecían directa y ciegamente a los Kichner (por ejemplo, para bloquear durante meses el puente que une Argentina con Uruguay), se desplegaron por supermercados y gasolineras para impedir manu militari el aumento de precios. Una original política de lucha contra la inflación, complementada con el hostigamiento a la prensa independiente y con la persistente manipulación del Índice de Precios elaborado por el Indec, Instituto de Estadística. Manipulación que se ha vuelto ahora a retomar.

Pues bien, el remate final de este proceso le ha puesto la presidenta Fernández con la expropiación del 51% de las acciones de YPF propiedad de Repsol, incumpliendo las normas del Derecho Internacional y el Acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre España y Argentina, de 3 de octubre de 1991. Una decisión duramente criticada por todos los países serios del mundo y que incrementará más, si cabe, el aislamiento internacional (EE.UU. expulsó recientemente a Argentina de su Sistema de Preferencias Generalizadas) de un país cuyo Gobierno se mueve cada vez más en el nacional-populismo, jaleado por grupos dogmáticos de creación propia, mientras tiene a casi medio país sometido al clientelismo político y por debajo del umbral de pobreza. Algunos analistas argentinos consideran que este despropósito no se hubiese realizado sin negociación previa con Repsol de haber vivido Néstor Kichner, de quien se decía que solía “recurrir a los actos para enmendar sus palabras”, muchas veces lapidarias y destinadas al consumo del populismo interno. Es imposible de saber. Lo único cierto es que su esposa continúa conduciendo no ya sin rumbo sino cuesta abajo a un país que, como dice el tango de este título, está hastiado de “arrastrar por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser”.

Roberto Velasco es catedrático de Economía Aplicada. Universidad del País Vasco.