Libre expresión en las Américas, más allá de ideologías

Committee to Protect Journalists

El domingo, la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) comenzará su reunión anual en la ciudad boliviana de Cochabamba, asentada en un valle. Se espera que los 35 estados miembros (todos los países de la región a excepción de Cuba) voten la adopción de una medida que, de ser aprobada, puede significar un duro golpe para la libertad de expresión y de prensa en el hemisferio y poner en riesgo a periodistas y otros ciudadanos.

Considere el caso de Héctor Francisco Medina Polanco, quien fue asesinado con impunidad, un año atrás este mismo mes en Honduras. Medina Polanco era productor y conductor del programa de noticias TV9 de la empresa de cable Omega Visión. Un día de mayo de 2011, regresaba de trabajar a su casa en motocicleta cuando dos sujetos desconocidos, quienes lo venían siguiendo también en motocicletas, lo mataron a balazos. Si bien el motivo del asesinato no ha sido confirmado, Medina ayudó a revelar corrupción oficial e irregularidades en la policía local. Además había informado sobre disputas de tierra incluyendo algunos conflictos donde campesinos desplazados tomaron propiedades de poderosos terratenientes y otros.

La relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó el asesinado y expresó "preocupación por la para esclarecer los 11 homicidios cometidos contra comunicadores en Honduras desde 2009", año en el cual un golpe de estado instaló un gobierno de derecha.

La relatoría de la OEA, sin embargo, no entra en juegos políticos. Solo en el último año, la relatora especial Catalina Botero y el personal de su organismo han difundido comunicados detallados condenando el asesinato de periodistas en Brasil, Haití, Colombia, México y nuevamente en Honduras, cuyos líderes tienden a ser considerados de moderados a conservadores. Botero, quien es de nacionalidad colombiana, también defendió los derechos del grupo indígena Ngöbe Buglé de Panamá a expresarse libremente durante las protestas contra proyectos de desarrollo minero e hidroeléctrico en su territorio ancestral.

No resulta sorprendente entonces que la relatoría para la libertad de expresión haya sido objeto de críticas. Pero puede sorprender a algunos que el ataque se origine en algunos de los países con gobiernos de izquierda en América Latina. El Presidente Rafael Correa de Ecuador es el principal agresor de la relatoría de la OEA. El mandatario está contrariado con la relatora especial Botero por haber denunciado sus intentos por encarcelar a ejecutivos del principal diario de Ecuador hallados culpables de difamación penal, y por sus críticas a varias leyes ecuatorianas que contradicen estándares internacionales sobre libertad de expresión.

El caso de difamación comenzó en febrero de 2011 luego de que una columna de opinión en el diario El Universo sugiriera que Correa podría ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad, una acusación difícil de probar en tribunales internacionales sin evidencia clara de pérdida generalizada y deliberada de vidas inocentes, por la forma en que decidió poner fin a una violenta huelga policial sobre reducción salarial y corte de beneficios. (El gobierno indicó que en el operativo militar que culminó con la revuelta murieron cinco personas. El operativo liberó a Correa de un hospital policial que estaba rodeado y donde estaba siendo tratado por haber estado expuesto a gases lacrimógenos). En febrero de este año, el máximo tribunal de justicia de Ecuador confirmó la sentencia contra los tres directores y el ex editor de opinión de El Universo a tres años de cárcel cada uno y a pagar un total de 40 millones de dólares en concepto de daños. Correa los perdonó más tarde, pero el daño ya estaba hecho: sentó un precedente inhibidor.

En enero, un Grupo de Trabajo Especial compuesto por los Estados miembros, incluyendo a representantes de Ecuador y Venezuela, propuso una serie de recomendaciones que podrían debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA y afectar la libertad de expresión. Las recomendaciones incluyeron impedir que la relatoría publique su propio informe sobre libertad de expresión en las Américas; restringir los fondos de la relatoría al no permitirle a buscar financiación independiente, y crear un código de conducta para incrementar el control de los Estados. En respuesta, el CPJ envió una carta al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, exhortándolo a que apoye plenamente el trabajo del órgano de monitoreo de derechos humanos de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión al denunciar públicamente cualquier intento de los Estados miembros que tengan como objetivo el debilitamiento de estas instituciones.

Los estados miembros con frecuencia se rehúsan a aceptar las críticas. En 2009, brindé testimonio durante una audiencia sobre libertad de expresión en la OEA que terminó generando protestas espontáneas de los representantes de Colombia, Venezuela y los Estados Unidos por haberme referido a temas de libertad de prensa en cada uno de esos países.

La Relatoría Especial de la CIDH fue creada en 1997 para promover temas sobre libertad de expresión en el hemisferio. Durante más de una década, ha hecho hincapié en la necesidad de acabar con impunidad en crímenes contra la prensa, ha denunciado censura gubernamental, ha liderado campañas para la eliminación de leyes de desacato y difamación y ha promovido el acceso a la información. Durante la década de los 2000, bajo diferentes relatores, examinó la libertad de expresión y de prensa en países como Colombia, Guatemala, Panamá, Haití y Paraguay, entre otros. El año pasado, la relatoría difundió informes sobre México, Venezuela y Honduras.

Muchos de esos mismos países parecían ambivalentes sobre las propuestas respaldadas por Ecuador y Venezuela para restringir el monitoreo de la OEA acerca de condiciones para la prensa y la libertad de expresión. Argentina y Brasil, que tienen los dos sus propias tensiones actuales con la prensa, se han mantenido en silencio, según un informe publicado este año por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. El embajador de Colombia ha afirmado públicamente que los cambios propuestos no son tan drásticos, según informó la revista colombiana Semana. Se esperan que Bolivia y Nicaragua, que también tienen presidentes de la izquierda, voten con Ecuador y Venezuela.

Los líderes de estos países y otros deben recordar los casos de periodistas como Héctor Francisco Medina Polanco, que fue asesinado hace un año atrás en Honduras. Y el de Ángel Alfredo Villatoro, un periodista de radio cuyo cuerpo fue hallado en la capital hondureña de Tegucigalpa este mes tras ser secuestrado cuando conducía su vehículo una semana antes. Y las decenas de otros periodistas que han sido asesinados con impunidad en países como México y Brasil.

Mientras periodistas en gran parte de la región siguen siendo acosados, atacados y asesinados, la relatora especial Botero es una de las pocas funcionarias en el hemisferio occidental que está alzando su voz en defensa de los que ya no tienen y está ayudando a sus valientes colegas que continúan informando a pesar de enfrentar peligros. Si el debate sobre la relatoría especial de libertad de expresión fuera sobre la política, sería en el sentido más cínico de la palabra.

En abstracto, el debate en la OEA involucra los principios de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Eso significa defender al derecho de toda persona a ejercer tanto el buen como el mal periodismo, incluyendo algunas exageraciones y peor, y sin importar las inclinaciones políticas. En lo concreto, eso significa apoyar a los periodistas que continúan criticando a los sujetos corruptos, abusivos y criminales, sabiendo que podrían sufrir las consecuencias, hasta pagar por su integridad con su vida. Es una cuestión de seguridad para los periodistas en toda la región.

El autor es Asesor Senior de Seguridad para Periodistas.