Guatemala: El Cuco

El Periódico, Guatemala

El Cuco es un monstruo mítico con el que se asusta a los niños para que obedezcan a sus padres. No es casualidad que ese fuera el nombre abreviado de una “Cruzada contra la corrupción”, que hace años emprendió un grupo de amigos. Asusta, a los políticos y a sus funcionarios, la idea de ver su poder limitado.

Si ha de haber una reforma constitucional, es deseable que sea una que limite los poderes de los políticos y sus funcionarios, una que les devuelva el control del Estado a los votantes y a los tributarios, y una que le cierre las puertas a la corrupción.

Con aquello en mente, la semana pasada comenté que el Artículo 133 de la Constitución, que le impide al Ejecutivo pedirle al banco central que le imprima billetes para inflar la economía y financiar la demagogia es uno que no debe ser alterado.

Hoy, y basado en aquel Cuco de la corrupción, me permito sugerir un artículo para añadir al proyecto de reformas: “El presupuesto de egresos totales del Estado no podrá exceder al 10 por ciento del Producto Geográfico Bruto oficial, último, publicado por el Banco de Guatemala. No quedarán comprendidos, dentro de lo estipulado por este artículo, los casos de Estado de excepción, originados por causas naturales, o de fuerza mayor, con la correspondiente declaratoria del Congreso de la República”.

Desde aquel Cuco, hasta ahora, hay consenso con respecto a que las sucesivas administraciones han gastado demasiado, endeudado a los chapines, minado el valor de la moneda, y cargado a los guatemaltecos con más y más impuestos. Con cada Administración, suben los gastos y suben las demandas de impuestos y de endeudamiento por parte de los políticos y sus funcionarios. Sin que votantes y tributarios podamos defendernos.

Si me preguntan, mi opción primera para una reforma constitucional es la de ProReforma que apoyan más de 73 mil ciudadanos; pero si la reforma a la que nos va a meter esta Administración va a ser “un chirmol”, esta es mi contribución para que sea el “chirmol” menos dañino posible.

Los perjuicios que los políticos y sus funcionarios les pueden causar a los chapines deben ser evitados por medio de una norma constitucional que restrinja la capacidad discrecional de la Administración para gastar más allá del límite que puede tolerar la economía nacional.

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