Algo bueno debían tener: Destacan secretismo de bancos en Cuba

El Nuevo Herald

Dos reportes cuidadosamente redactados por diplomáticos estadounidenses en La Habana señalan que, aunque no había “evidencia directa” de lavado de dinero en Cuba, la isla tenía uno de los sistemas bancarios “más reservados” del mundo, y su gobierno no da información sobre estos delitos.

Uno de los reportes contiene además una vaga referencia a lo que parece ser el caso de los tres hermanos Benítez, cubanos de Miami encarcelados en la isla y buscados en el sur de la Florida por fraudes al Medicare por valor de $119 millones.

La fiscalía federal presentó el lunes cargos contra Oscar Sánchez, vecino de Miami, por una operación de lavado de dinero que envió $31 millones en fondos estafados al Medicare a la isla. Las autoridades añadieron más tarde que no había pruebas de que el gobierno cubano estuviera detrás de estas operaciones.

Algunos ex funcionarios del gobierno cubano han alegado que es imposible que las autoridades de la isla no estén al tanto de transferencias sospechosas de dinero porque controlan todos los bancos de la isla y tienen uno de los sistemas de seguridad nacional más estrictos del mundo.

“Todo dinero que pase por los bancos cubanos es investigado, especialmente dinero extranjero”, dijo Marzo Fernández, quien trabajó en la sección financiera de la oficina del gobierno que coordinaba la planificación económica con los países del bloque soviético y quien desertó en 1996.

Los dos reportes diplomáticos de Estados Unidos fueron respuestas a preguntas enviadas por el Departamento de Estado a todas sus embajadas en el 2008 y el 2009 sobre cómo los gobiernos de los países en que estaban tomaban medidas para luchar contra el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo, conocidas como “AML/CFT”.

Ninguno de los dos reportes estaba clasificado, lo cual indica que no contenían información que la Sección de Intereses considerara como delicada.

Hechos públicos por el grupo Wikileaks, los dos cables diplomáticos usan un lenguaje virtualmente idéntico para reportar la ausencia de información alguna sobre casos de lavado de dinero en la isla, gobernada por un régimen comunista.

“El gobierno de EEUU no tiene evidencia directa alguna de actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo en Cuba en el 2009”, dice uno de los despachos, añadiendo que el gobierno cubano no “reportó públicamente arrestos, confiscaciones o enjuiciamientos significativos”.

Ambos reportes añaden que Cuba cuenta con “uno de los sistemas bancarios nacionales más reservados y menos transparentes del mundo”, y que no existe evidencia “de que se halla implementado alguna medida de tipo AML/CFT, o de que infractor alguno haya sido enjuiciado”.

“Se debe señalar, sin embargo, que los medios de prensa nacionales en Cuba están completamente controlados por el estado, el cual sólo permite una cobertura de prensa laudatoria sobre sí mismo”, añadieron. El gobierno “no publica o da publicidad habitualmente” a actividades de tipo AML/CFT.

Un tercer cable estadounidense desde La Habana señaló que Cuba había dado permiso en el 2009 para presentar una orden judicial emitida por un tribunal federal de Miami a “tres hermanos cubanoamericanos” sospechosos de fraude al Medicare por más de $100 millones.

El cable no los identificó, pero es casi seguro que se refería a José, Luis y Carlos Benítez, que huyeron a Cuba para no enfrentar su acusación oficial en el 2008 por cargos de presentar reclamaciones falsas al Medicare por $119 millones.

La citación judicial estaba “dirigida contra propiedades y pertenencias personales, aunque ninguna de las propiedades identificadas están en Cuba”, añadió el cable, sin dar más explicaciones.

Los hermanos “estaban detenidos en una cárcel cubana por cargos no especificados” según el cable, que no daba más detalles. Familiares suyos dijeron este año a sus amigos que los hermanos estaban todavía en la cárcel, presumiblemente por violaciones de inmigración, pero no han sido llevados a juicio.

Un cuarto cable con fecha del 25 de abril del 2007 señaló que el gobierno cubano se había ofrecido a deportar a un ciudadano estadounidense “que estaba cumpliendo una condena por un caso de lavado de dinero que había languidecido por mucho tiempo”, pero no dio más detalles.

En su mayor parte, los dos cables estadounidenses sobre lavado de dinero se dedicaron a informar en detalle sobre las leyes y regulaciones cubanas sobre el tema, mostrándolas como estrictas en el papel pero sin confirmación independiente.

Cuba “en general alega estar cumpliendo a plenitud con las convenciones de lavado de dinero y antiterrorismo internacional”, señaló un cable, pero no pertenece al Grupo de Acción Financiera, la principal organización global contra el lavado de dinero.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana, respondiendo a la alegación de que Oscar Sánchez enviaba dinero del Medicare a Cuba, dijo el miércoles que el país tenía controles estrictos para evitar el lavado de dinero y colabora estrechamente con los bancos para detectar y evitar las transacciones ilegales.

Resoluciones gubernamentales de 1997 establecen pautas para la “detección y prevención de movimientos de capital ilícito” y estableció una Central de Información de Riesgos (CIR) para compilar y procesar información sobre sospechas de violaciones, señalaron los cables estadounidenses.

Pero los diplomáticos estadounidenses “carecen de información en cuanto a la capacidad (de personal o de otro tipo) de la CIR para supervisar o examinar el cumplimiento por parte de instituciones financieras de las leyes y regulaciones de tipo AML/CFT”, añadió uno de los despachos.

Otra resolución del 2004 estableció la Oficina de Supervisión Bancaria dentro del Banco Central de Cuba para “procesar información brindada por la (CIR) y otros acerca de actividades delicadas e ilegales, corrupción y posibles operaciones de lavado de dinero”, señalaron los cables.

La Ley 87 aprobada en 1999 añadió el lavado de dinero al código penal, con condenas penitenciarias de 10 a 30 años, y órdenes del Banco Central en 1998 y 2002 dejaron en claro que las leyes de secreto bancario no se aplican a los investigadores del gobierno.

“Toda institución financiera tiene un funcionario designado que reporta directamente al ejecutivo principal” las transacciones sospechosas, señalan los cables, y se exige a los bancos que reporten toda “transacción compleja de una cantidad inusual” a la CRI y al Ministerio del Interior.

También se exige a los bancos que reporten transacciones de $10,000 o más y que determinen si una transacción dada “se corresponde al propósito corporativo o social aprobado de una compañía (estatal o privada)”, según los despachos.

Los bancos pueden además bloquear las cuentas sospechosas, y el código penal establece que toda persona hallada culpable de lavado de dinero será privada de todas sus ganancias, así como toda propiedad “esencial a la ofensa, o resultado de la misma”, según los despachos.