Argentina: El conflicto, gran oportunidad

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El amateurismo con que se manejó la macro argentina en los últimos años muestra hoy sus costos acumulados (en verdad, todo populismo, sea amateur o profesional, es una «enfermedad por acumulación», como el tabaquismo o el alcoholismo).

El intento de aislar los precios locales de los internacionales destruyó la oferta de energía, obligando a importar lo que antes se exportaba; despilfarró recursos fiscales, con una maraña de subsidios cruzados de todo tipo y color, dando lugar a gasto público creciente, déficits fiscales y una regresiva distribución del ingreso.

La distorsión de precios relativos resultante y el clima anti-inversión redujeron al mínimo la inversión extranjera directa, y la eliminación de alternativas de ahorro en pesos indexados o a tasas de interés positivas en el sistema financiero local crearon las condiciones para una sistemática y creciente salida de capitales, equivalente a más del 30% del PBI en los últimos 8 años. Los «beneficios» de un crecimiento acelerado, impulsado con estos artificios, empiezan a ser superados por los costos del agotamiento de los stocks, la falta de dólares y de pesos genuinos.

La «receta» actual de racionar la venta de dólares, aumentar la presión tributaria explícita e implícitamente, utilizar el impuesto inflacionario, y trasladar a las provincias lo máximo posible las penurias fiscales federales, no han hecho más que agravar los problemas previos, básicamente, porque el racionamiento de dólares no genera «nuevos dólares» y frena nivel de actividad. Porque no se han modificado los precios relativos en el sentido necesario para atraer nuevamente inversiones en áreas clave y porque la dinámica fiscal de ingresos creciendo menos que el gasto, producto del propio freno de la actividad mencionado, profundiza los desequilibrios fiscales.

Peligroso

Insistir por este camino, a la espera de que el «Lotosoja» provea más dólares, que reaparezcan los «20.000 millones de dólares de los chinos» o que particulares «negocios» con algunas petroleras modifiquen rápidamente el escenario energético, sin alterar los precios locales de la energía, resulta una apuesta extremadamente peligrosa para la economía y, por lo tanto, para la paz social y para la política en sentido amplio.

Obviamente, desarmar años de «curanderismo económico» no resulta sencillo ni indoloro, pero mucho más complicado y doloroso es «no hacer» y por algún lado hay que empezar.

Paradójicamente, el justo reclamo sindical por modificar tanto el nivel del mínimo no imponible como la estructura del Impuesto a las Ganancias que afecta a los salarios es una buena oportunidad para comenzar a desandar el desastroso camino arriba comentado.

Se podría actualizar el mínimo no imponible y rearmar las escalas de manera de producir un incremento del salario real sin seguir subiendo el costo laboral de las empresas. Como contrapartida se podría establecer un sendero relativamente agresivo de eliminación de subsidios en los servicios públicos, no sólo como una forma de reducir el impacto fiscal de la reducción en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, sino como una manera de normalizar los precios de la energía y el transporte, sin un efecto fuerte sobre el bolsillo de los trabajadores. Este mecanismo no es original, ya en otros momentos de la historia económica argentina (y regional), las necesarias adecuaciones de precios básicos atrasados fueron acompañados de incrementos salariales compensatorios. Es más, existe hoy la tecnología disponible para eliminar los subsidios en los casos de salarios elevados y mantener una tarifa social directa a los consumidores de bajos recursos o a empleados no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Esta sería una manera poco costosa de ir modificando los precios relativos y empezar a reconocer las remuneraciones necesarias en toda la cadena energética y del resto de los servicios para recuperar inversión privada.

Complementariamente, se podría empezar a permitir la indexación en los depósitos en el sistema financiero a plazos superiores a los 90 días. Como la indexación por índice de precios al consumidor no está disponible ni es confiable se podría autorizar todo tipo de ajuste por índices variados, a elección de las partes (variación del costo de la construcción, variación del salario promedio, variación del tipo de cambio oficial, etc.). Asimismo, y dado que el Gobierno ha manifestado (inclusive en la palabra de la Presidente de la Nación) que piensa honrar los próximos vencimientos de deuda pública en dólares, en la moneda del contrato, y tiene las reservas necesarias para hacerlo, se podría licitar contra un descuento el pago por adelantado de los vencimientos de los próximos dos años, de manera de despejar toda duda en torno de los burdos intentos de «pesificación» forzada de la economía (es más, pagar ya en dólares y permitir indexar depósitos en pesos podría generar alguna pesificación voluntaria).

En síntesis, convertir el conflicto con los sindicatos en una oportunidad para la normalización de los precios de la energía y el transporte (contra una compensación salarial basada en la regularización del Impuesto a las Ganancias y con tarifa social para los salarios bajos); indexación libre de depósitos para pesificar voluntariamente los ahorros; despejar dudas en torno de la capacidad de pago en dólares de la deuda pública, resultan elementos que permitirían empezar a crear un clima de expectativa más tranquilo, de manera de avanzar más ordenadamente hacia un programa macro profesional. Con otra política fiscal, monetaria y cambiaria que permita desviarnos con señales potentes del camino de la profundización de los problemas que hoy estamos transitando.