Autoritarismo e ingobernabilidad en Bolivia

El Deber, Santa Cruz

La crisis política desatada por el motín policial refleja el fracaso de un partido político que pretendió imponer un pensamiento hegemónico por la fuerza y el temor. La destrucción de las bases fundamentales de la democracia y del estado de Derecho, la promoción de la confrontación permanente, la desatención de la gestión pública y la falta de soluciones a los problemas estructurales de la sociedad hoy se vuelcan contra el Gobierno del Movimiento al Socialismo, que perdió la gran oportunidad histórica que el pueblo le dio en dos elecciones.

La sucesión de conflictos que vivimos desde el ‘gasolinazo’ se ha acelerado en este primer semestre de 2012. A diferencia de lo que sucedía en el periodo 2006–2009, a partir de 2011, quienes se enfrentan a su Gobierno son los sectores populares que antes lo apoyaban: pueblos indígenas, mineros, maestros, universitarios, trabajadores de salud, etc.

Frente a estos sectores, la concentración de poder que ha logrado el MAS ya no es suficiente, a pesar del control de todos los órganos del Estado, la manipulación de la justicia, la toma de las gobernaciones y alcaldías opositoras, la sumisión de unas Fuerzas Armadas entregadas a un proyecto partidario y la fuerza de choque de los cocaleros.

Los sectores de trabajadores, técnicos y profesionales que constituyen la clase media urbana han perdido el temor al Gobierno y le exigen que cumpla con las promesas que les hizo. Los pueblos indígenas, que justificaron en algún momento su proyecto político, se han rebelado contra un partido que los utilizó para llegar al poder, pero que en realidad los ve como minorías que obstaculizan su proyecto de expansión territorial.

Qué paradoja: un gobierno tan fuerte desbordado por quienes lo llevaron al poder. Hay situaciones que no enfrentaron ni los gobiernos anteriores en sus peores momentos. Por ejemplo, la toma de pozos petroleros, como la que sucedió a inicios de 2012, por parte de productores de arroz. Esta acción creó un peligroso precedente, por más que los campesinos hayan estado reclamando algo razonable: la autorización para exportar, porque la estatal Emapa les pagaba un precio bajo por su producción.

También en el pasado hubo motines policiales por reivindicaciones salariales, pero ninguno en la magnitud del actual. Culpar a la derecha de una supuesta conspiración es un discurso ya desgastado que simplemente procura ocultar la responsabilidad de los colaboradores del presidente. Ellos han empeorado este conflicto por no haber demostrado una capacidad de negociación que hubiera evitado poner en entredicho la autoridad estatal en su conjunto.

La ola de conflictos y los síntomas de ingobernabilidad no deben ser observados con superficialidad. Es necesario entender que no solo está haciendo aguas un proyecto político, sino que los desafíos para el futuro serán aún más grandes, porque los problemas del país se están agravando. Lo que está claro es que la construcción de una alternativa política en realidad implicará un proyecto de reconstrucción nacional.

El autor fue presidente del Senado de Bolivia.