Guatemala: Más fascismo entre nosotros

El Peródico, Guatemala

El mercantilismo y el corporativismo tienen raíces en común; y una de ellas es la idea de que el estado paternal tiene la responsabilidad de cuidar de todos, incluso de las utilidades de las grandes empresas, con las cuales puede participar.  Es una idea importante en el pensamiento de Bismark en el siglo XIX y de Mussolini en el siglo XX.

No hay que perder de vista esta perspectiva ahora que el equipo del presidente Otto Pérez propuso una reforma al Artículo 125 de la Constitución, que le dará al Gobierno la facultad de participar hasta en 40 por ciento del patrimonio de las empresas que exploten recursos naturales no renovables, y  abarcaría a las compañías mineras y petroleras.

Esto permitirá que capitales privados gocen del privilegio de contar con un socio inmensamente poderoso; y, adivina tú, quiénes van a ser los perjudicados.  Sobre todo cuando, después de esta, venga la idea de empresas mayoritariamente estatales.

El monopolio estatal de las telecomunicaciones era una fuente escandalosa de corrupción e ineptitud. Igual cosa eran (¿o es?) el gigantesco instituto de electrificación; y la empresa de aviación (que no tenía aviones propios) y la empresa naviera (que nunca tuvo barcos, ni alquilados).  Guatemala nunca tuvo muchas empresas estatales, pero tuvo una lechería y una comercializadora de granos, con las cuales se enriquecieron quién sabe cuántos funcionarios.  Tuvo un comisariato del Ejército que debe haber producido quién sabe cuántos millonarios. Tuvo bancos (y tiene) que fueron (¿o son?) piñatas.  El sistema estatal de pensiones es saqueado cada tanto.  ¿Confías en que las empresas estatales (municipales) de agua son ejemplos de buen servicio y de probidad?  

La empresa estatal de ferrocarriles era piedra de escándalo y de ella no quedó más que chatarra… y quién sabe cuántos nuevos ricos.  Las empresas estatales hicieron que muchos políticos, funcionarios y “empresaurios” quedaran pupusos de plata a costillas de… ¿adivina de quién?

Si la Administración quiere resolver el problema de la conflictividad por la minería, ahora que quiere modificar la Constitución, mejor que explore la idea de reconocerles a las personas su derecho al subsuelo y sus frutos, en vez de recetarnos mercantilismo y corporativismo fascista.

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