TACA: Turbulencias aéreas

En estos últimos días fueron varias las noticias referentes a la "evaluación de otros aeropuertos de Centro América", que estaría haciendo TACA. Se habló incluso de la posibilidad, no descartada, de que construya "su propio aeropuerto".

En rueda de prensa, el representante de la aerolínea hizo referencia a haber sido sorprendido, alguna vez, por un oficial del gobierno (no aclaró si actual o pasado), quien le habría dicho: "es que ustedes quieren que el gobierno les regale un aeropuerto".

Dicho bocadillo le sirvió para afirmar que "al aeropuerto no lo paga el gobierno. El gobierno tiene que hacer la inversión y obtener el crédito, pero lo pagan las líneas aéreas y los usuarios, así que no nos están regalando nada. Es una inversión en infraestructura remunerada, y se gana un montón de dinero".

Surgen al menos cuatro observaciones.

La primera es que las cosas no son tan automáticas como "hacer la inversión y obtener el crédito", para pasar a "ganar un montón de dinero". El puerto de La Unión es prueba elocuente.

La segunda es que cae en la típica confusión entre gobierno y Estado. Que no es menor. En todo caso quien invierte es el Estado, no el gobierno. Que es el mero ejecutor. Y lo más importante: el dinero que invierte el Estado proviene de los contribuyentes. Siempre. No es, genuinamente, "del Estado". Y menos aún del gobierno.

La tercera es que no está escrito en piedra que sea "el gobierno (sic, léase Estado)" quien tenga que "hacer la inversión y obtener el crédito". En el mundo existen sobrados ejemplos de infraestructuras públicas, entre ellas aeropuertos, construidas y operadas por inversionistas privados bajo un esquema de concesión, que exime al Estado de hacer inversión alguna.

Ello no implica que el Estado pierda poder para controlar lo relevante. Por el contrario, precisamente por no ser operador, el Estado podría ser más exigente con el nivel de servicios que el operador ofrece. Y mantener su total potestad para determinar las tarifas que el operador cobra. Las instalaciones, asimismo, revertirán a propiedad estatal al final del término de la concesión.

El nombre de estos contratos es B.O.T.: construir, operar y transferir (al Estado), por sus siglas en inglés. En eso, simplemente, suelen consistir los Asocios Público-Privados, últimamente tan mencionados. Pero tan poco aplicados por estas playas.

La cuarta observación es que a los pagos para recuperar la inversión los hacen los usuarios (de la misma manera que a los impuestos los pagan los consumidores…). Las líneas aéreas, en todo caso, son simples recaudadores del dinero. Que retorna a quien invirtió y opera el aeropuerto.

En lo que respecta al eventual interés que cualquier línea aérea pudiera tener en construir su propio aeropuerto privado, no debiera haber razones para impedírselo, siempre que cumpla con las normas de seguridad y demás regulaciones estatales.

Sería ingenuo, sin embargo, pensar que una línea aérea determinada, cualquiera sea su nombre, estaría dispuesta a darle libre acceso (en un aeropuerto de su propiedad…), a otras líneas aéreas con las que compita: en caso de no existir una terminal aérea pública, lejos de solucionarse el vidrioso tema de los "cielos abiertos", se caería en un esquema de "terminales cerradas". Y de cielos cerrados para siempre.

El desafío para las autoridades de CEPA es importante, y todo indica que lo están asumiendo correctamente: avanzar en la modernización de la infraestructura aeroportuaria pública existente. Minimizando la inversión del Estado, que nunca termina ganando "un montón de dinero". Al menos no en nuestros barrios latinoamericanos.

La historia del puerto de La Unión, heredada del gobierno anterior, es esclarecedora: el dinero "del Estado" debe ir a hospitales, escuelas, e infraestructura social. No a puertos o aeropuertos.

Finalmente, la Superintendencia de la Competencia debería cuestionarse si le parece normal que un viaje a Guatemala por cualquier otra aerolínea comercial requiera de una "escala" en Miami, en Panamá. O en Madrid.

Hasta la próxima.

El autor es Ingeniero, Máster en Economía (ESEADE, Buenos Aires) y columnista de El Diario de Hoy.