Bolivia: Golpe desde el Estado

El Deber, Santa Cruz

El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) está ejecutando su plan para dar un golpe desde el Estado al gobernador Rubén Costas. Basado en leyes antidemocráticas –aprobadas por su rodillo parlamentario– el MAS procura apartar de su cargo al único gobernador opositor que aún no ha derrocado. Por esta vía ilegítima pretende el poder que el voto le niega. Recordemos que Santa Cruz, el departamento más poblado del país, lideró la causa autonómica y derrotó al MAS elección tras elección. Tomando Santa Cruz por las malas, el MAS espera concentrar todo el poder e inhabilitar al líder que ha conducido la reivindicación autonómica y que sostiene niveles muy altos de popularidad.

El gobernador Rubén Costas representa una particular preocupación para el MAS. Mientras el presidente Morales ha perdido la mitad del apoyo popular que tenía, el gobernador mantiene niveles de apoyo de alrededor del 70%, gracias a su cercanía a la gente, a su permanente presencia en las provincias y a sus constantes visitas a las poblaciones más alejadas. Su gestión entiende la autonomía como un camino de desarrollo justo, que debe traducirse en obras y servicios públicos concretos, un camino que genere oportunidades de prosperidad para todos y que nos conduzca a la unidad del país y a la superación de la pobreza.

Esta imagen de cercanía a la gente se vio muy fortalecida, además, cuando, en una reacción espontánea, el gobernador enfrentó a un delincuente que asaltaba a una ciudadana en la calle, lo que le costó una herida de bala en la cabeza que milagrosamente no le causó la muerte. La legitimidad y la legalidad con que Costas ganó el respaldo y el voto ciudadano lo convierten en un objetivo cuya destrucción es imprescindible para que el Gobierno logre su meta de concentrar todo el poder.

De legalidad ni hablar. A Rubén Costas lo quieren suspender con un juicio que le interpone el MAS por impulsar el referendo por los estatutos de la autonomía. Sin embargo, esos estatutos han sido reconocidos por la Constitución vigente. Si la Constitución y las leyes posteriores reconocen estos estatutos, cómo podría ser ilegal el referendo mediante el cual el 86% del electorado cruceño los aprobó.

Peor aún. El mecanismo establecido en la Ley Marco de Autonomías, por el cual se suspende a una autoridad electa mediante la simple acusación de un fiscal, implica una condena antes del juicio, lo que no solo contradice las garantías constitucionales, sino que vulnera los principios fundamentales de todos los tratados internacionales de protección a los derechos humanos y de preservación del orden democrático, suscritos por Bolivia.

El MAS y sus operadores saben que este es el tipo de liderazgo que representa una amenaza, porque puede construir una alternativa basada en la legitimidad y el apoyo ciudadano que ellos han perdido. Para el pueblo boliviano, la suspensión del gobernador Costas significaría acabar con el último vestigio de democracia que queda en la nación.

El autor fue presidente del Senado de Bolivia.