La crisis paraguaya desde la perspectiva de sus legisladores

Infolatam

SALAMANCA.- La presente nota pretende ayudar a entender la crisis política desencadenada en Paraguay tras el vertiginoso juicio político llevado a cabo por el Congreso contra el presidente Fernando Lugo y que acarreó la separación del cargo de éste al haber votado a favor de la misma de manera abrumadoramente mayoritaria en ambas cámaras (en la Cámara de Diputados, en el Senado: 39 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones). A la vez es posible que se puedan retomar argumentos teóricos que están lejos de ser obsoletos contra lo que algunas interpretaciones han sugerido en los últimos tiempos. Para ello se utiliza una rica evidencia empírica que es la acumulada en la Universidad de Salamanca gracias al proyecto de elites parlamentarias latinoamericanas (PELA) que allí se desarrolla (ver https://americo.usal.es/oir/elites/).

Paraguay comporta un escenario político en el que se dan cita las siguientes características que representan cierto particularismo: el ciclo político es de cinco años (solo superado por el presidencial de México e igualado por el de Perú y Uruguay) siendo el presidente es elegido por mayoría simple (como en México); en los últimos tres lustros dos de sus presidentes ya habían sido juzgados políticamente acarreando la dimisión de uno de los dos (Raúl Cubas en 1999) y superando el voto de censura del Senado el segundo (Luís González Macchi en 2003); cuenta con uno de los sistemas de partidos más viejos de América Latina (muy similar en lo oligárquico al de Honduras) que gira en torno a la Alianza Nacional Revolucionaria (ANR) o partido colorado, el viejo partido creado hace 140 años y que auspició la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de la misma época y opositor tolerado a la dictadura; y la izquierda ha tenido históricamente serias dificultades para estar presente en las instituciones bien por el manejo de los dos grandes partidos tradicionales, por la incapacidad de su liderazgo o porque la sociedad le había vuelto la espalda.

Esto último fue así hasta que en las elecciones de 2008, con una participación de apenas el sesenta por ciento, una coalición denominada Alianza Patriótica para el Cambio conformada en torno al entonces obispo Fernando Lugo e integrada también por el PLRA que impuso al candidato a la vicepresidencia, Federico Franco, le llevó al triunfo con el 41,8 por ciento de los votos. Esta mayoría social que dio a Lugo la presidencia con un programa impregnado por ideas de la teología de la liberación y una apuesta cierta a favor del reparto de tierras no se vio acompañada en el Congreso Nacional. En efecto, en la Cámara de Diputados integrada por 80 miembros, la ANR cuenta con 30 escaños y con 27 el PLRA estando los restantes 13 escaños se los repartían seis fuerzas políticas. En el Senado la situación es parecida, los 45 senadores se reparten a razón de 15 de ANR, 14 del PLRA y los restantes 16 en cinco formaciones.

Los datos de PELA para las últimas tres legislaturas muestran una Cámara de Diputados conformadas por individuos en los que apenas una de cada diez estima que “se debería permitir que cada diputado votara siguiendo su propio criterio” lo que evidencia un control muy relevante a la cúpula de los partidos del comportamiento de sus diputados. Estos, por otra parte perciben tradicionalmente cierta tensión en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo (en 1998 para el 50,8 por ciento suponían una amenaza o riesgo potencial para la consolidación de la democracia, porcentaje que pasó al 36,1 en 2003 y que subió en 2008 al 58,3 por ciento) y la confianza de los diputados para con el presidente se ha ido erosionado  notablemente (en 1998, el 54,7 por ciento decía tener bastante o mucha confianza, en 2003 subió al 82,3 por ciento y en 2008 bajó por debajo de la mitad al 48,6 por ciento). Datos todos ellos que no hacían sino reflejar el escaso apoyo con que Lugo contaba en una cámara donde su figura era ajena al nivel de popularidad alcanzado ante la sociedad paraguaya.

Una clase política autodeclarada católica en el 97 por ciento, conformada por únicamente el 14 por ciento de mujeres, fuertemente endogámica, en la que el 40 por ciento de los diputados afirma tener familiares en política (cifra que ha disminuido con respecto a las dos legislaturas anteriores en que se situó en el 60 por ciento), que la mitad permite el transfuguismo, que el 61 por ciento busca la reelección y que dice dedicarse con exclusividad a la política únicamente el 28 por ciento, representando uno de los valores de menor profesionalidad en el ámbito latinoamericano.

Por otra parte, Lugo no solamente no era un miembro perteneciente originalmente a las familias políticas tradicionales sino que su posición ideológica se alejaba profundamente de las mismas. Preguntados los diputados por el posicionamiento en la escala izquierda-derecha (1 a 10) de los principales líderes del país mientras que una muestra de 72 de ellos situaron a Lugo en un valor medio de 3,35 posicionaron al hoy presidente Federico Franco del PLRA en 6,56 más a la derecha incluso que el candidato presidencial de la ANR en 2008 Nicanor Duarte Frutos ubicado en 5,70.

Los dos principales partidos políticos del país fueron ubicados el PLRA en 6,78 y ANR en 6,33. Esas posiciones hacían que el pacto entre Lugo y el PLRA fuera desde sus inicios de naturaleza “contra natura”, por la distancia existente entre ambos polos, y claramente estratégico para ambos actores, Lugo y los que le apoyaban. El primero porque alcanzaba la presidencia y en cuanto a los liberales porque se desembarazaban de los colorados, sus históricos oponentes y monopolizadores durante décadas del poder en el país.

La tenaza implementada por liberales y colorados es pues coherente con la mínima distancia ideológica que les separa. Si lo acontecido en Paraguay es un juego muy habitual en la lógica parlamentaria, el supuesto mecanismo de juicio político presuntamente aplicado de manera estrictamente constitucional no deja de suponer una desautorización de la clase política a la voluntad popular expresada por el voto directo de sus ciudadanos hace cuatro años.

En términos teóricos se suscitan al menos dos temas que deben seguir siendo repensados: el secuestro de la representación política por maquinarias partidistas históricamente muy aceitadas que dan cabida a elites tradicionales, y, en segundo término, las relaciones ejecutivo-legislativo en medios poco institucionalizados y cada vez más personalizados, con escaso dominio del imperio de la ley y en escenarios de profundo desencantado ciudadano y activismo internacional acelerado.