¿Quiénes son los jueces de la democracia paraguaya?

ABC Color

Los latinoamericanos siempre hemos sido mejores haciendo literatura que política. Esto seguramente se debe a que la racionalidad no es uno de nuestros mayores atributos. Muestra de ello es la actitud de los representantes de los gobiernos más autoritarios de la región, con Cuba y Venezuela a la cabeza, desgarrando sus vestiduras en defensa de la democracia Paraguaya, mientras que en sus países hay cada día menos democracia y más autoritarismo.

En ese juego indecente es insólita la decisión de Mercosur de suspender a Paraguay y simultáneamente incorporar a Venezuela, lo cual nuevamente pone de manifiesto con meridiana claridad el poco aprecio que hoy existe en algunos países de América Latina por la democracia. Es una pena que Brasil y Uruguay se hayan adherido a esa comedia de errores e hipocresía.

La destitución constitucional del presidente Lugo, dentro de un proceso que fue criticado en el exterior por apresurado, no fue un golpe de Estado ni mucho menos. Fue una decisión soberana y abrumadamente mayoritaria de los representantes del pueblo paraguayo en aplicación de una disposición constitucional que prevé una acción de carácter político de retiro de la confianza y destitución del presidente de la República por mal desempeño de sus funciones, dentro de un proceso pacífico, no jurisdiccional sino político, en el Parlamento paraguayo. Uno puede estar o no de acuerdo con la sabiduría de esa disposición constitucional y su falta de precisión sobre las circunstancias en que se puede dar dicha destitución, pero eso no invalida la acción llevada a cabo al amparo de dicha disposición legal. La realidad es que Lugo perdió la confianza de los representantes, incluidos los propios, y se activó una disposición constitucional que prevé un procedimiento de reemplazo del Presidente por el Vicepresidente de la República. En Paraguay se respetaron los derechos humanos, no se produjeron detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales como en otros países de la región, que hoy aparecen como plañideras de la democracia.

Lo que sí constituyen graves violaciones a la CDI y a la Convención Americana de Derechos Humanos, son las derivaciones totalitarias de los países del ALBA. Cómo es posible que los demócratas de Latinoamérica permitan que la dictadura militar cubana y los populismos autoritarios de Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y Nicaragua, se conviertan en jueces de la democracia paraguaya.

Muy poca gente en la región, por diferentes motivos, se atreve a repudiar públicamente y a denunciar, como lo hacen con Paraguay, el menosprecio de algunos gobiernos latinoamericanos por la democracia y a llamarlos por su nombre: populismos autoritarios.

Así como amenazan a Paraguay, por qué no actuaron con la misma celeridad y energía con países como Bolivia que hoy mismo tiene, después de Cuba, el mayor número de presos políticos sin juicio y refugiados políticos en la región, lo cual no es un récord despreciable. La maquinaria judicial boliviana, controlada por el gobierno, persigue implacablemente todo vestigio de disidencia, sea en la oposición o en sus propias filas, mediante juicios fabricados y acusaciones imaginarias, que acaban en el encarcelamiento del acusado o su asilo político. Por qué no llamaron a una reunión de la OEA o de Celac para reclamar la reelección fraudulenta y abiertamente inconstitucional de Daniel Ortega en Nicaragua, como se demuestra documentalmente en la denuncia presentada por la oposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Cuál es la razón por la que no se cuestionan las enormes violaciones a la libertad de expresión por parte de Ecuador y Argentina?

Las verdaderas violaciones al Estado de derecho y a los elementos esenciales de la democracia definidos por todos los países miembros de la OEA en la Carta Democrática Interamericana se dan en los países que ahora juzgan al Paraguay, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Argentina.

El autor fue vicecanciller de Bolivia, embajador de Bolivia en los Estados Unidos y presidente del Comité Jurídico Interamericano.