Guerra contra la comida chatarra en Ecuador

América Economía

“Siguen vendiendo porquerías en los bares escolares… Si nosotros ordenamos algo, determinamos algo, se tiene que cumplir” (Rafael Correa, enero del 2012)

El acuerdo ministerial 280 –que prohíbe la venta de alimentos considerados perjudiciales por ciertas autoridades en los bares escolares– constituye una intromisión estatal en un aspecto muy íntimo de nuestras vidas: qué comemos y cómo queremos enseñarle a nuestros hijos a alimentarse.

Justifican este tipo de intervenciones porque se vende comida chatarra o “porquerías”. Si los bares siguen vendiendo porquerías, ¿quiénes serán los ignorantes que las siguen comprando? ¿Niños que caen como víctimas indefensas ante las salchipapas, los choripanes y las colas?

Hay varios problemas para los ministros de Salud y de Educación, responsables de hacer cumplir estas restricciones de oferta en los bares escolares. Carmen Maruri, directora del colegio Tres de Noviembre dijo en 2010 que hay padres que envían alimentos poco saludables en las loncheras de sus hijos. Vilma Argudo, administradora del bar de este colegio, coincidía con Maruri en que otro problema es que en las calles afuera de los colegios se vende comida chatarra libremente porque –¡oh sorpresa!– los niños también comen fuera del colegio y más allá del control y dirección de sus colegios.

Mientras tanto, los padres estamos pintados en la pared viendo como nuestros hijos son destruidos por una armada de McFlurries, papitas fritas, hamburguesas (pero no por los bolones de verde, que si están permitidos en el reglamento). Como dice el abogado peruano Alfredo Bullard: “Invocan entonces la intervención superprotectora de un Estado, que aparecerá con su disfraz de héroe, a vengar la ignominia, eliminando esa comida de los colegios”.

Aparentemente, para realmente cambiar los hábitos alimenticios, como se lo han propuesto los iluminados que nos gobiernan, habría que eventualmente inspeccionar las loncheras que los niños traen de sus casas, sancionar a los padres que no se alinean a las preferencias nutritivas de las autoridades y prohibir el libre comercio de alimentos afuera de las instituciones educativas. También habría que inspeccionar las despensas y refrigeradoras en los hogares, de donde provienen la mayoría de las calorías que consumen los niños.

No hay indicios de que la intervención estatal en los bares escolares aparta a los obesos de la comida chatarra. Jennifer Van Hook y Claire Altman de la Universidad Estatal de Pennsylvania publicaron un estudio en enero de este año en el que presentan los resultados de un análisis de 20.000 estudiantes entre pre-escolar y penúltimo año de educación básica (preparatoria y segundo curso de secundaria) de 1.000 escuelas públicas y particulares en EE.UU. Su investigación concluye que los niños con acceso a la comida chatarra no eran más gordos que los que no tenían acceso. “Las escuelas puede que no sean buenas para combatir las profundas causas de la obesidad infantil, las cuales originan en los hogares y las comunidades de los niños”, dicen las autoras.

Radley Balko, del Huffington Post explica que “Los gobiernos de personas libres no están autorizados para asegurarnos una buena salud, están encargados de asegurar la libertad, que seguramente incluye la libertad de tener malos hábitos”. Además, los padres no deben transferirle al Estado la responsabilidad de educar a sus hijos, también acerca de cómo alimentarse.

Esta columna fue publicada originalmente en El Universo.com.

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org y columnista del diario El Universo (Ecuador)