Por no discriminar la ley vulnera derechos

Ambito Financiero

El verbo discriminar es sinónimo de diferenciar, separar y distinguir. La acción misma del hombre implica necesariamente discriminar. Cuando un individuo actúa, está implícita la elección de sacrificar otras actividades dado que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, en toda acción el ser humano distingue, elige y asigna recursos para satisfacer sus necesidades prioritarias. Sin embargo, más comúnmente se utiliza el término «discriminación» para hacer referencia a la conducta que segrega, por distintas razones, a otras personas.

Todos somos iguales ante la ley independientemente de nuestras creencias religiosas, el color de nuestra piel o nuestras preferencias individuales. El principio de igualdad ante la ley nos garantiza vivir en un clima de respeto recíproco y seguridad jurídica. Por esta razón, a la Justicia se la personaliza con una mujer con ojos vendados y una balanza simétrica en una de sus manos. Ambas cosas representan la imparcialidad y la igualdad ante la ley. Es sumamente importante subrayar que la igualdad ante la ley significa respetar las diferencias que existen entre las personas. Cuando la ley pretende hacernos iguales en nuestras diferencias, pierde justamente la imparcialidad y acaba dañando los derechos que supone defender.

Hoy en día es corriente escuchar que una persona fue discriminada en un «boliche» porque no se la dejó ingresar al establecimiento, hombres que no aceptan que mujeres tengan un club donde sólo admiten el ingreso de mujeres o mujeres que protestan porque ciertos clubes privados sólo aceptan a hombres como socios. En el mismo sentido, hace poco escuché a una madre decir que su hijo era discriminado por sus compañeros de colegio porque no querían jugar con él. El plano laboral no es la excepción, dado que quienes no son elegidos durante un proceso de selección, con frecuencia denuncian haber sido discriminados.

Hipocresía

Livianamente se califica de discriminadores a individuos que, en ejercicio de sus derechos, no actúan conforme a las preferencias o conveniencia de otros. Lejos de analizar en profundidad estos reclamos arbitrarios, algunas personas ofrecen el aplauso y el consentimiento mientras la gran mayoría prefiere eludir conflictos con el muy conveniente discurso políticamente correcto. Esta hipocresía generalizada termina siendo cómplice de leyes absurdas que afectan los principios básicos de justicia y derecho. ¿Acaso no tienen derecho los propietarios de un boliche privado a seleccionar a sus clientes? Quienes constituyen un club privado, ¿no deberían poder decidir libremente qué socios admitir y que actividades realizar? ¿No es legítimo que una persona elija a sus amistades y que los empresarios seleccionen a sus colaboradores bajo los parámetros que ellos crean más apropiados y conducentes?

En un bar, si bien prima la regla que permite el ingreso del público, siendo un establecimiento privado, sus dueños deben poder decidir si el ingreso de clientes es irrestricto o si existen condiciones para hacerlo. Del mismo modo, si un dueño de una empresa quiere contratar un colaborador, debe poder decidir si prefiere que sea un hombre o una mujer, la edad del candidato, su nivel de estudios y cualquier otra condición que dicho dueño estime apropiado.

Resultan un flagrante ataque al derecho las llamadas discriminaciones positivas ya que constituyen leyes que obligan a las personas a tomar elecciones que no tomarían de haber actuado libremente.

Universidades estadounidenses obligadas por la ley a incorporar una cuota latina de alumnos, empresas forzadas a contratar una cuota femenina y la clausura de establecimientos privados cuyos dueños prefieren elegir su clientela son sólo algunos ejemplos de estas legislaciones que, además de ser contrarias al derecho, resultan una subestimación ofensiva para las llamadas minorías.

Límites

El hecho de que tengamos los mismos derechos ante la ley no implica que la ley nos obligue a relacionarnos, celebrar contratos o asociarnos con personas con las que preferimos no vincularnos.

La ley debe limitarse a velar por el respeto recíproco y la preservación de nuestras libertades. Nada justifica invadir los legítimos planes de vida de otros.