Mientras apoya a Assange, el gobierno de Ecuador reprime a la prensa

Committee to Protect Journalists

La decisión del gobierno ecuatoriano de otorgar asilo político a Julian Assange se produce en un momento en el que la libertad de expresión en Ecuador está bajo amenaza. El registro de libertad de prensa bajo el gobierno del Presidente Rafael Correa figura entre los peores del continente así que el hecho de facilitar el asilo del fundador de Wikileaks no cambiará las restricciones que enfrentan los periodistas ecuatorianos que critican las políticas y las decisiones del gobierno.

La investigación de varios grupos internacionales de derechos humanos, incluyendo el CPJ, Human Rights Watch, Fundamedios y la relatoría especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, ha concluido que el gobierno de Correa no tolera el disenso y ha emprendido una campaña para silenciar a los críticos en la prensa.

Vale citar, por ejemplo, la reciente clausura de once estaciones locales de radio. La evaluación del CPJ encontró que la mayoría de las emisoras habían sido críticas del gobierno y que el ente regulador no había seguido el debido proceso en numerosas instancias. En una carta al director de Telecomunicaciones Fabián Jaramillo, el CPJ expresó preocupación de que los cierres de las emisoras fueran un intento politizado para controlar el flujo informativo.

Un informe especial de 2011 del CPJ mostró que Correa y su gobierno han presentado demandas por difamación en los tribunales civiles y penales como medio para intimidar a sus críticos. El caso contra el diario líder El Universo fue emblemático de esta práctica. En febrero, Correa ganó una demanda por difamación contra el diario. Tres directores y el ex editor de opinión, Emilio Palacio, fueron sentenciados a tres años de cárcel cada uno y un total de 40 millones de dólares en conceptos de daños. La demanda surgió de una columna de opinión publicada por El Universo en febrero de 2011 que insinuó que el presidente podría ser acusado por crímenes de lesa humanidad por sus acciones durante una rebelión policial en 2010.  Correa después perdonó a los periodistas, tras haber logrado su objetivo de intimidar a todos los que podrían cuestionar sus políticas. (Ya era demasiado tarde para Palacio, quien huyó del país por temor a ser encarcelado).

El gobierno también ha impulsado legislación para intimidar a sus críticos en los medios. Cambios a la ley electoral, aprobados en la Asamblea Nacional en enero, incluyeron cláusulas con un lenguaje amplio que podrían impedir que la prensa cubra información sobre las campañas políticas en los meses previos a las elecciones presidenciales en febrero de 2013, cuando Correa buscará la relección. Una de las cláusulas establece que los medios "se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta" sobre las campañas de los candidatos durante los 90 días anteriores a una elección. Una segunda cláusula en la ley prohíbe a los medios publicar o transmitir cualquier tipo de información, fotos u opiniones sobre el proceso electoral durante las 48 horas anteriores a una elección.  Un proyecto de ley de comunicación actualmente en debate en la Asamblea Nacional podría restringir aún más la libertad de expresión; su lenguaje ambiguo le otorgaría a reguladores amplia discrecionalidad para imponer sanciones arbitrarias y censurar a la prensa.

Siguiendo los pasos de su colega venezolano Hugo Chávez, Correa también ha erigido una masiva red de medios estatales que es utilizada para lanzar campañas de descrédito contra los críticos y para promocionar su agenda política, según la investigación del CPJ.

Resulta irónico que el mismo gobierno que ha otorgado asilo a Julian Assange haya conducido a Palacio del diario El Universo a exiliarse en Estados Unidos y está en la actualidad utilizando los medios en poder del estado para desacreditar a César Ricaurte, director de Fundamedios y uno de los defensores líderes de la libertad de expresión en el país.

La comunidad internacional no se deja engañar. Durante el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas en mayo, 17 estados integrantes de la ONU emitieron varias recomendaciones para fortalecer el triste estado de la libertad de expresión en Ecuador. El gobierno respondió como es habitual cuando se lo critica, con desprecio. El canciller Ricardo Patiño atribuyó las críticas internacionales al "desconocimiento".

Pero mientras Ecuador facilita el apoyo a Julian Assange, un defensor firme y controvertido del libre flujo informativo, sería recomendable que comenzara a escuchar a sus críticos, tanto a nivel nacional como internacional, y ponga fin a las numerosas restricciones que impiden el flujo informativo en el en el país.

Carlos Lauría es Coordinador Senior del Programa de las Américas.