Latinoamérica: La gran batalla contra las represas

Infolatam

En un artículo publicado en 1853 en The New York Tribune, Karl Marx
observó que cuanto más colosales son las obras hidráulicas que emprende
un Estado, más despóticos son sus gobernantes porque la necesidad de
coordinar el uso del agua en amplias extensiones territoriales provoca
una mínima resistencia ante el despotismo.

Pero en el siglo XX, todo tipo de sistemas políticos se aficionaron a
la imagen que proyectaban las grandes presas: la idea de un Estado
enérgico y resuelto capaz de doblegar a la naturaleza. Políticos tan
distintos como Franklin Roosevelt o Gamal Abdel Nasser demostraron su gran afición a construir presas, a las que Nehru llamó “los templos de la India moderna”.

Debido a los daños medioambientales que causan, las represas
se han convertido en muchas regiones del mundo en un anacronismo. Pero
en otras, muchos gobiernos siguen viendo en ellas una fuente de energía
imprescindible. Hoy aproximadamente dos tercios de las corrientes
fluviales del planeta pasan por encima o a través de algún tipo de
dique. El 20% de la electricidad que se genera a escala global es de
origen hidroeléctrico.

Brasil, Canadá, Venezuela, Chile, Myanmar y Nepal, entre otros
países, están construyendo o proyectando una docena de grandes nuevas
represas. China terminó en octubre de 2010 la “madre” de todas ellas: la
de las Tres Gargantas, en el Yangtsé, el mayor río de Asia, en el que
el mayor proyecto hidráulico de la historia, relegando a la de Itaipú,
sobre el río Paraná, al segundo lugar y a la del Guri (Venezuela) al
tercero. La presa ha desplazado a dos millones de personas y aumentado
en un 10% la capacidad hidroeléctrica del país.

Pero a medida que avanzan esos faraónicos proyectos, también lo hacen
las protestas sociales que han provocando que varios de ellos se hayan
suspendido o cancelado. En Myanmar, por ejemplo, el régimen militar se
vio obligado a paralizar el año pasado la construcción de la presa de
Myitsone, financiada por China, que iba a recibir el 90% de la
electricidad generada, por el amplio movimiento de rechazo de los
pobladores de la cuenca del río Irawady, el más caudaloso del país.
Según Human Rights Watch, la insurrección de una guerrilla secesionista
étnica que ha provocado unos 75.000 desplazados, fue una consecuencia
directa de ese proyecto.

Las guerras del agua

En América Latina, los movimientos ecologistas y los pueblos
indígenas ya han forzado la cancelación de varios proyectos
hidroeléctricos en la Amazonía y la Patagonia. El 68% de la electricidad
que consume la región proviene de fuentes hidroeléctricas, que generan
energía limpia y barata, controlan los flujos fluviales y dirigen agua
para irrigar tierras áridas.

En un esfuerzo por reducir su dependencia de los combustibles
fósiles, y en parte en respuesta a la presión internacional para usar
energías renovables que reduzcan las emisiones de carbono, diversos
países de la región han apostado por los proyectos hidroeléctricos,
aparentemente ideales dadas sus grandes reservas de agua dulce y escasos
recursos energéticos alternativos. El problema es que, al mismo
tiempo,  las represas desvían ríos, destruyen ecosistemas frágiles,
desplazan comunidades enteras e inundan enormes territorios.

En Brasil, Belo Monte expulsará a 40.000 indígenas de la foresta amazónica

Desde Yucatán a la Tierra del Fuego, la región posee el 31%
del agua dulce del mundo, pero 500 millones de personas no tienen acceso
al agua potable, 125 millones carecen de servicios de saneamiento y el
40% vive en zonas que cuentan solo con un 10% de los recurso hídricos de
la región. Esa convergencia de factores es un cóctel explosivo.
Según USAID, la agencia para la cooperación de la desarrollo de EE UU,
en los últimos 60 años por lo menos el 40% de todos los conflictos
interestatales tuvieron un vínculo con los recursos naturales, gran
parte de ellos causados por disputas en torno al agua.

En ninguna otra región el desafío ecológico y social es mayor que en
la Amazonía. Ocho países -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Perú, Venezuela y Surinam- comparten la mayor cuenca hidrológica del
mundo: más de siete millones de kilómetros cuadrados que contienen más
de la mitad de los bosques tropicales que subsisten en el mundo.

El Amazonas descarga el 20% del agua de todos los ríos que
fluyen a los océanos del mundo, es decir un volumen mayor que el de los
ocho ríos siguientes, lo que hace de la cuenca amazónica un filón
hidroeléctrico… pero también un foco de conflictos. Solo la
represa de Balbina sobre el río Uatumá, al norte de Manaos, produjo tras
inauguración en 1987 la inundación de 2.000 kilómetros cuadrados de
bosques vírgenes. Las 80 represas planificadas o en construcción en la
Amazonía brasileña podrían inundar 12 millones de hectáreas más.

Esa demanda de energía hidroeléctrica puede ser incompatible con la
preservación de los ecosistemas amazónicos. En la Patagonia ocurre algo
similar. En el Perú, una de las primeras medias del gobierno de Ollanta Humala fue cancelar el plan anunciado por el ex presidente Alan
García de construir 20 centrales hidroeléctricas en la cuenca del río
Marañón, uno de los dos principales afluentes del Amazonas, con una
inversión estimada de 15.000 millones de dólares, lo que iba permitir al
país exportar energía por valor de 6.000 millones de dólares anuales y
atender la demanda de la gran industria minera.

Humala tuvo muy en cuenta que en la provincia de Bagua, en esa misma
zona, en 2009 una revuelta de pueblos indígenas contra proyectos
petroleros causó la muerte de 33 personas, 24 de ellas policías. Sin
embargo, el presidente aún no ha decidido que hará con el proyecto de la
represa Pakitzapango, que generaría 2.000 megavatios e inundaría el
valle del río Ene, poblada por la etnia asháninka, una de las más
golpeadas durante la campaña antisubversiva contra Sendero Luminoso. De
las 70.000 vidas que se cobró el conflicto, 6.000 fueron miembros de esa
etnia y varios miles más se convirtieron en refugiados internos.

El proyecto es parte de un plan para construir cinco represas que
generarían 6.500 megavatios, la mayor parte para su exportación a
Brasil. Por ahora, el debate del proyecto está estancado en el Congreso,
aunque muchos analistas creen que en la próxima vista a Lima de la
presidenta brasileña, Dilma Rousseff, terminará por
inclinar la decisión de Humala a favor del proyecto. La Central
Asháninka del Río Ene ya ha presentado una demanda judicial para que el
gobierno revele  los planes de viabilidad del proyecto.

En Chile, la oposición popular al megaproyecto hidroeléctrico
HidroAysén, conformado por cinco represas que iban a suponer una
inversión de 3.200 millones de dólares, la inundación de 5.000 hectáreas
y la generación de 2.750 megavatios, lo que iba a aumentar en un 15% la
capacidad eléctrica del país hacia 2020, ha forzado al gobierno de Sebastián Piñera a suspender indefinidamente el proyecto.

Las masivas marchas de protesta que se sucedieron a lo largo de
varios meses desde el norte al sur del país, lo que judicializó el
proceso pese a que el Tribunal Supremo dio luz verde al proyecto, e hizo
caer la aprobación del gobierno, terminaron por convencer a Piñera de
la inutilidad del empeño a pesar de que él mismo había advertido que los
racionamientos de energía se generalizarán en los próximos años a menos
que Chile reduzca su dependencia de las importaciones de gas de
Argentina.

Chile tiene un déficit de energía que le exige duplicar su capacidad
de generación actual en los próximos 15 años. El país importa el 96% del
petróleo y el 76% de la energía que consume. Según la Agencia
Internacional de la Energía y la Organización para la Cooperación de
Desarrollo Económico (OCDE), desde 1998 los precios de la electricidad
para los clientes residenciales chilenos se han casi cuadruplicado.

Pero las protestas obligaron al gobierno a solicitar nuevas
evaluaciones medioambientales antes de seguir adelante con el proyecto.
La comisión que evaluó originalmente las consecuencias medioambientales
del proyecto, solo analizó sus efectos inmediatos sobre los ecosistemas,
no los que tendrán de largo plazo.

Al final, el pasado junio, el grupo privado Colbún pidió a
Enel-Endesa -su socia en HidroAysén- suspender la tramitación de la
línea de transmisión del proyecto y la suspensión de los estudios
medioambientales, denunciando que el gobierno carecía de una política
energética. La sequía de este año complica más las cosas: la
hidroelectricidad, que significa en condiciones normales entre el 50% y
el 60% de la matriz, durante el pasado abril contribuyó sólo con el 31%.

La batalla del Amazonas

En Brasil, el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte requerirá
una inversión de 16.000 millones de dólares para generar 11.200
megavatios. Pero el reservorio que creará inundará 48.000 hectáreas en
la cuenca del río Xingú, tributario del Amazonas en el Estado de Pará,
lo que expulsará a 40.000 indígenas de la foresta amazónica y liberará
enormes cantidades de metano a la atmósfera por la descomposición de la
vegetación que quedará bajo las aguas.

La represa brasileña-paraguaya de Itaipú desplazó a 10.000 familias
que vivían en las riberas del río Paraná e inundó el parque nacional de
las Cataratas de Guaira. Pero esa represa fue aprobada bajo un régimen
militar cuando la conciencia medioambiental era mínima.

A
medida que avanzan esos faraónicos proyectos, también lo hacen las
protestas sociales que han provocando que varios de ellos se hayan
suspendido o cancelado

Ahora es distinto. Las protestas del movimiento ‘Xingú Vivo Para
Sempre’ y de las tribus amazónicas locales, que han atacado
repetidamente sus instalaciones con arcos y flechas han atraído la
atención internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
personalidades mundiales como Bill Clinton y James Cameron, director de la oscarizada Avatar, han pedido al gobierno brasileño que suspenda la construcción de Belo Monte.

Sin embargo, Brasilia no va a ceder ante esas presiones. Brasil
probablemente será la quinta economía mundial en 2017. Para entonces,
sus necesidades de suministro eléctrico habrán aumentado un 56%. El
gigante suramericano tiene además recursos públicos suficientes para
financiar sus ambiciones. El estatal Banco Nacional para el Desarrollo
Económico y Social (BNDES) concede créditos que multiplican por cuatro
los del Banco Mundial.

La primer turbina de la represa estará operativa en tres años y el
proyecto entero, que incluye dos represas, dos canales, dos reservorios y
un sistema de diques, en 2020. Belo Monte es solo una de las 48
represas que se van a construir en la Amazonía brasileña hasta 2020.
Según la ONG International Rivers Network de Berkeley (California), el
proyecto removerá más tierra que la construcción del canal de Panamá.

La contradicción quedó patente cuando en la reciente conferencia de
desarrollo sostenible de la ONU en Río de Janeiro, tribus amazónicas
protestaban en las calles mientras Rousseff firmaba la declaración final
en la que se comprometía  a luchar por un mundo “más verde y limpio”.

Según Philip Fearnside, profesor del Instituto
Nacional para la Investigación de la Amazonía, “Belo Monte es la punta
de lanza para desmantelar el sistema entero de regulaciones y licencias
medioambientales”. James Anaya, relator de la ONU para
derechos de los pueblos indígenas, no cree que el gobierno de Brasilia
haya cumplido sus obligaciones de consultar a las etnias locales.
Fearnside denuncia que solo un 25% de la energía que generará Belo Monte
irá para satisfacer el consumo de los hogares. Casi el 30% alimentará
industrias pesadas como la del aluminio.