Un Mercosur sin leyes ni principios

La Nación

Asunción vio nacer el Mercosur. En marzo de 1991 se firmó el
tratado constitutivo, que cuajaba varios años de maduración de la idea
de una integración comercial liberalizadora y una mayor sintonía en las
políticas económicas.

Los primeros ocho años fueron de avance sustantivo en todos los
frentes, pero la devaluación brasileña, en enero de 1999, dejó al
desnudo la fragilidad de la institucionalidad y la asimetría en el peso
de las decisiones de cada Estado. A partir de ese momento, ya nada fue
igual y vinieron desconocimientos de sentencias de los tribunales
(caso del corte de un puente internacional entre la Argentina y
Uruguay), constantes medidas de restricción en el comercio (la Argentina
viene de instalar un complejo proceso de proteccionismo, respondido
por Brasil con medidas retorsivas) y una incongruencia creciente en las
políticas macroeconómicas. Veintiún años después, ahora en Mendoza, se
suspende de un plumazo al país natal del Mercosur y se abandona
definitivamente el valor jurídico de los tratados. Si Asunción lo
bautizó, Mendoza, en estos inolvidables 28 y 29 de junio, le dio la
extremaunción a un herido grave.

La suspensión de Paraguay fue una arbitrariedad. El acuerdo de
Ushuaia, que estableció la cláusula democrática como condición para
todo Estado miembro, prevé claramente que en caso de existir
violaciones institucionales se deben realizar consultas y que sólo en
el caso de que ellas sean infructuosas se podrá ir a las sanciones. En
el caso, no medió la menor consideración. Tres miembros, sin siquiera
escuchar al otro, resolvieron suspenderlo, al grito de que se trataba
de un golpe de Estado.

La caída del presidente Lugo se produjo por un juicio político,
previsto en la Constitución paraguaya, a raíz de un sangriento episodio
ocurrido en la ocupación de un predio rural. La Cámara de Diputados
acusó y el Senado condenó. De 125 legisladores, sólo 5 votaron en
contra de la remoción. Y asumió, también como lo manda la Constitución,
el vicepresidente, tan electo popularmente como el presidente, al
igual que los legisladores. Desde ya que no hubo intervención militar
ni policial ni violencia social alguna para influir en el resultado.
Todo ocurrió dentro del sistema jurídico del país.

Se alega que se actuó demasiado rápido y puede ser cierto. Pero no
son los países vecinos quienes puedan juzgar ese tema procesal, cuando
los órganos constituidos lo han hecho de un modo tan claro y abrumador.

No entramos a discutir si la resolución fue oportuna, tan cerca del
final del mando del presidente Lugo, ni si el incidente lo ameritaba.
Lo que es indiscutible es que todo ocurrió dentro del sistema y que el
doctor Franco, el hoy presidente, quien no participó de las decisiones,
no es un usurpador y solamente puede ser desconocido por un ejercicio
abusivo y prepotente de gobiernos vecinos, que asumen sobre el Paraguay
una inaceptable tutoría.

Como si todo lo reseñado fuera poco, se resuelve, a tambor batiente,
ingresar al Mercosur a Venezuela, cuya incorporación había sido negada
por el Parlamento paraguayo. Del modo más frangollado que se pueda
pedir, se aprovecha la coyuntura y sin que medie la unanimidad de las
aprobaciones legislativas, como exige el Tratado de Asunción, se hace
entrar por la ventana a un país que, además de su constante violación
de libertades públicas, no tiene la menor condición para integrarse al
Mercosur. Simplemente porque éste se basa en la libre circulación de
mercaderías entre los socios y Venezuela posee un comercio totalmente
administrado por el Estado.

Producido ese desenlace e intentando justificar que había salido de
Montevideo con una posición y terminó con la contraria, el presidente
uruguayo afirmó que “lo político supera ampliamente lo jurídico” y que
“en los hechos la política entró a sustituir lo que no funcionaba”.
Hasta llegó a decir que como probablemente la próxima elección la gane
el Partido Colorado paraguayo, habría que aprovechar el momento para
introducir a Venezuela. Quien le contestó de inmediato fue su propio
vicepresidente, Danilo Astori: es un “grave error incorporar como
miembro pleno a Venezuela”; “no se puede avasallar la ley por la
política”; “se desconocieron normas legales institucionales que
considero fundamentales para todos los miembros del bloque y que están
en la base de la propia existencia del Mercosur. El retroceso más grande
y más grave que ha sufrido el Mercosur en toda su compleja historia es
que ahora la única institucionalidad válida no es la de los tratados,
no es la de los mecanismos que nos protegen a todos y requieren largas y
trabajosas negociaciones. Ahora dependemos de las decisiones de los
presidentes de los países”.

En el terreno de la legalidad internacional, el Mercosur se ha
deslizado a un decaimiento generalizado. Como dice el vicepresidente
Astori, a partir de ahora todo puede esperarse de una reunión
presidencial. No importa ya el tratado fundacional ni los acuerdos
posteriores. Todo puede ser rebasado al impulso de decisiones
presidenciales, que suelen ser el producto de momentáneos arrebatos
emocionales.

Si esto ocurre en el terreno jurídico, nada mejor se advierte en el
escenario político. Está claro que si el presidente es “amigo” -como es
el caso- se lo defiende a cualquier precio; y si no lo es, se lo
desconoce arbitrariamente, como ocurre hoy con el doctor Franco. Aún
peor: se ha aceptado pacíficamente el más grosero intervencionismo en
la política interna de un país. El canciller venezolano, Nicolás
Maduro, se trasladó a Asunción y se reunió ostensiblemente con la
cúpula militar paraguaya, que felizmente le respondió como debía,
ateniéndose a sus mandos institucionales.

¿Alguien imagina en diciembre de 2001 o enero de 2002 a un canciller
brasileño conferenciando con los generales argentinos sobre las
alternativas políticas abiertas por la caída de De la Rúa, en aquel
caótico proceso que produjo cuatro presidencias en dos meses?

Lo ocurrido en Mendoza es un salto atrás inconmensurable en el
proceso de integración regional, en la validez de los estatutos
internacionales y en el reconocimiento de sus principios inspiradores.
En nombre de la democracia, se han desconocido todos los valores que la
sustentan. Ya no hay ley ni principios. En nombre de solidaridades o
enemistades políticas, se actúa sin las limitaciones del derecho. Ni el
principio de no intervención ha quedado en pie. A partir de ahora,
todo es válido. Y es muy triste reconocerlo.