Comisiones perniciosas en México

América Economía

En El extranjero, Camus cuenta la historia de un hombre
alienado del mundo que asesina a un árabe en Argelia por la simple razón
de que el sol le molestaba los ojos. Meursault, el
protagonista, es condenado a la guillotina y en su celda comienza a
meditar sobre el absurdo de la existencia. Algo así me pasa con las
comisiones e instituciones de regulación económica o política que se han
venido creando en los últimos años y, sobre todo, en la insistencia de
hacerlas "ciudadanas".

Ninguna sociedad nace con todos sus problemas
o contingencias resueltas: el tiempo y las circunstancias van obligando
a que se ajusten leyes, se modifiquen prácticas o se construyan formas
de interactuar que permitan lograr estabilidad y funcionalidad. Es así
que se van construyendo mecanismos, procesos e instituciones que tienen
por propósito resolver problemas, dar continuidad a cosas que se
valoran, limitar los excesos de la burocracia, evitar abusos: lo que se
llama institucionalizar.

El sometimiento de los reyes al Parlamento
fue una forma de institucionalizar el poder, así como la adopción de
reglas para la continuidad del presupuesto público cuando el cuerpo
legislativo no se pone de acuerdo fue una forma de estabilizar el
funcionamiento de un gobierno. Lo que en Inglaterra tomó 700
años y en EE.UU. 200, en México lo hemos tenido que ir construyendo en
un lapso muy breve en buena medida porque el sistema autoritario obviaba
toda necesidad (o posibilidad) de institucionalización.

El marco político-legal que se construyó a lo
largo del siglo XX fue de absoluta arbitrariedad. Las autoridades
tenían enorme latitud para decidir cualquier asunto: las leyes
establecían engorrosos requerimientos, pero siempre le conferían vastos
poderes a la burocracia para justificar cualquier decisión, misma que
usualmente respondía al interés político del jefe en turno o al
pecuniario del propio funcionario. La transición política y económica
que hemos experimentado ha obligado a acotar esas facultades, pero
persiste un enorme potencial de abuso.

Esto lo entendí hace algunos años cuando tuve
la oportunidad de observar la forma en que funciona la comisión de
valores de EE.UU. (la SEC). Las facultades de esa entidad no son sólo
vastas, sino que cuenta con un brutal margen de discrecionalidad. Sin
embargo, en el proceso me percaté de una cosa que parece simple pero que
contrasta radicalmente con nuestra realidad: esa entidad cuenta con
facultades discrecionales pero jamás es arbitraria. La razón de la
diferencia es que sus resoluciones (cada una un tabique) explican su
decisión, pero también por qué arribaron a ésta y cómo modificaron los
precedentes existentes. En nuestro caso, por ejemplo, la Comisión de
Competencia emite una resolución en una carta y no explica nada, negando
toda certeza a los regulados y haciendo factible cualquier cambio
posterior sin explicación alguna. Esa es la diferencia entre
discrecionalidad y arbitrariedad.

El objetivo de institucionalizar se puede
observar en entidades e instituciones tan diversas y disímbolas como el
TLC norteamericano, las Comisiones de Derechos Humanos, las comisiones
de regulación económica (en Competencia, Comunicaciones, Hidrocarburos y
Energía), el Instituto Federal Electoral, el IFAI y el Instituto para
la Protección del Ahorro Bancario. Estas instituciones y mecanismos se
vinieron a sumar a otras previamente existentes como la Comisión
Nacional Bancaria.

La construcción de instituciones y arreglos
políticos es un componente crucial del proceso civilizatorio de
cualquier sociedad y constituye una mojonera del proceso de desarrollo
mismo. Nadie, excepto quien prefiriera la arbitrariedad gubernamental
como principio de autoridad, podría objetar la existencia de este tipo
de cuerpos y estructuras de regulación, supervisión y observación.

Por supuesto, el grupo de entidades y
procesos con los que intento ilustrar el fenómeno constituye una canasta
de cosas disímbolas, muchas de las cuales nada tienen que ver en
naturaleza o concepto con las otras. El TLC es un arreglo comercial y de
inversión, pero uno de los objetivos primordiales en su concepción fue
el de conferirle certeza a los inversionistas y, en ese sentido,
constituye un mecanismo para institucionalizar a la economía. Las
comisiones de derechos humanos se crearon para observar y criticar a las
autoridades, sobre todo judiciales, para evitar abusos y excesos en
esos sub mundos. Las comisiones de regulación existen para supervisar el
funcionamiento de los mercados. Cada una de estas instancias tiene sus
instrumentos, procesos y formas de ser. Algunas son en realidad
mecanismos descentralizados del gobierno para actuar como autoridad, en
tanto que otras tienen por propósito no más que ejercer presión moral
sobre diversos actores o autoridades.

A pesar de la diversidad de estas entidades e
instituciones, es frecuente el llamado, tanto por parte de la sociedad
como de los políticos, para constituir instituciones "ciudadanas" o para
darle a personas de la sociedad civil, en vez de a funcionarios
públicos, la voz cantante en sus consejos. Yo difiero. Aunque hay
entidades donde son los ciudadanos quienes deben jugar el papel estelar,
pues su objetivo es el de ejercer presión moral (como las comisiones de
derechos humanos), las comisiones de regulación, comenzando por las
económicas y siguiendo por las electorales, deben encargarse a
funcionarios públicos profesionales, experimentados y con un récord que
demuestre competencia, honestidad y compromiso con la función pública.
Si uno observa el panorama de hoy, la diferencia es muy simple: quienes
son funcionarios públicos de carrera no andan buscando los reflectores y
sólo se dedican a su trabajo. Quienes son "ciudadanos" en estas
funciones tienden a cuidar su espalda y emplear a los medios para
satisfacer su vanidad.

Una sociedad moderna requiere instituciones y
entidades sólidas, muchas de ellas autónomas, pero en general
administradas y conducidas por funcionarios profesionales en la materia,
cuyo único interés sea el debido funcionamiento de la actividad y
sector. Por la misma razón, estas entidades requieren contrapesos muy
bien estructurados que obliguen a los comisionados o consejeros a
apegarse a la normatividad y a cumplir con su función no con
protagonismo sino con resultados.

Uno de nuestros grandes retos hoy es el de
construir un sistema de pesos y contrapesos eficiente que consolide a
todas estas entidades de regulación, pero en forma tal que se elimine
todo vestigio de arbitrariedad. Esa es una chamba para profesionales, no
para ciudadanos sin experiencia en asuntos de Estado.

Luis Rubio es Presidente del Centro de Investigación
para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la
investigación en temas de economía y política, en México.