Piratas informáticos pro-gobierno acosan a periodistas venezolanos

Committee to Protect Journalists

CARACAS. – El uso de las redes sociales está en aumento en todo el mundo, pero a
medida que se amplían  las restricciones del gobierno sobre los medios
venezolanos tradicionales, periodistas profesionales y reporteros
ciudadanos están volcándose en forma creciente a las redes sociales,
especialmente a Twitter, para informar y mantenerse informado. Venezuela
tiene cerca de dos millones de usuarios de Twitter, cerca del 8 por
ciento de la población. Eso le da a Venezuela la mayor penetración de
la red social Twitter en la región luego de Uruguay, según la investigación realizada por la empresa local Tendencias Digitales, especializada en análisis de mercados y audiencias digitales.

"El gobierno intenta silenciar las malas noticias y por esa razón
las redes sociales están jugando hoy un rol importante", indicó al CPJ,
Luisa Torrealba, coordinadora del Instituto Prensa y Sociedad
Venezuela. "Son la válvula de escape que permite a la gente saber lo
que está pasando". O como señaló al CPJ el director del diario El Nacional
de Caracas, Miguel Henrique Otero: "Con tanta autocensura en
Venezuela, Twitter representa libertad de expresión". Con frecuencia,
los venezolanos informan o se enteran sobre acontecimientos, tales
como cortes de energía y derrames de petróleo que el gobierno no está interesado en publicitar, a través de Twitter, mensajes en Facebook y blogs.

Pero el gobierno también está utilizando las redes sociales para
promover su agenda y atacar a sus críticos. La cuenta de Twitter del
Presidente Chávez ya superó los tres millones de seguidores, mientras
que los ministros a menudo anuncian nuevas medidas vía Twitter. Aún más
inquietante, las cuentas de Twitter de conocidos periodistas y líderes
de opinión fueron víctimas de piratas informáticos, en muchos casos
por un misterioso grupo denominado N33, que simpatiza con el
gobierno.   

En 2011, la organización de derechos humanos local Espacio Público
documentó 30 casos de pirateo informático contra periodistas,
escritores, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición.
La organización registró otros 14 casos en los primeros meses de este
año. En algunos casos, funcionarios del gobierno o figuras ligadas a la
administración fueron también atacados. La cuenta de correo
electrónico del vicepresidente Elías Jaua fue violada el 9 de febrero de
2012 y los piratas informáticos enviaron mensajes falsos desde su
cuenta.   

En un comunicado
difundido el 2 de septiembre de 2011, N33 anunció que había sido
constituido para lanzar ciberataques contra críticos "irresponsables e
ignorantes" del Presidente Chávez. El grupo ataca las cuentas de
Twitter y luego las utiliza para transmitir mensajes favorables al
gobierno o para insultar. N33 se hizo responsable de haber hackeado las
cuentas de Twitter de Ibéyise Pacheco, una conocida periodista de
oposición, y del escritor Leonardo Padrón, entre otros.

El reportero Nelson Bocaranda fue blanco de piratas informáticos.

Otra de las víctimas fue Nelson Bocaranda, un popular columnista del diario El Universal
quien tiene unos 70 mil seguidores en Twitter. Según Torrealba,
Bocaranda puede haber sido blanco de ataques porque en el contexto de
un vacío informativo por parte del gobierno, el columnista fue uno de
los primeros periodistas en informar que Chávez estaba enfermo de
cáncer.     

Luis Carlos Díaz, un periodista y bloguero independiente, afirmó al
CPJ que su cuenta de Twitter fue hackeada en varias ocasiones durante
el último año. "Los ataques digitales pueden ser feroces", señaló Díaz,
quien además organiza algunos seminarios para enseñar a periodistas
como proteger sus cuentas de Internet de piratas informáticos. "Hemos
visto declaraciones que indican que los críticos de Chávez… son
cucarachas, el enemigo y que deben desaparecer o abandonar el país". 

Los ataques informáticos van más allá de mensajes falsos e insultos.
Piratas informáticos que ingresan a Twitter pueden acceder a los
perfiles personales, que revelan direcciones reales de las cuentas de
correo electrónico así como el contenido de mensajes privados. De esa
forma, N33 y otros piratas informáticos pueden obtener acceso a
información personal y otros detalles.  

"Porque también ingresan en las cuentas de correo electrónico,
pueden obtener tus contactos, saber la dirección de tu casa o los
números de tus cuentas bancarias", afirmó Erika Rosales, quien ha
documentado los casos de pirateo informático para Espacio Público. "Es
una forma de sembrar miedo. Es la manera que tiene el gobierno para
decir: 'No hagan eso porque los castigaremos'. Y si continúan, será aún
peor". Rosales indicó que luego de que sus cuentas de Twitter fueron hackeadas
en septiembre de 2011,  Padrón y Berenice Gómez, un periodista de
Caracas, recibieron llamados amenazantes de gente que se identificó como
integrantes de N33.

Díaz cree que N33 obtuvo acceso a cuentas digitales personales a
través de la colaboración del principal servidor de Internet CANTV, que
es administrado por el gobierno. N33 ha negado cualquier vínculo con el
gobierno. Pero sus acciones son con frecuencia publicitadas en la "La
Hojilla", un programa en la televisión estatal que a menudo fustiga a
los críticos del gobierno de Chávez. Ni CANTV ni el Ministerio del
Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación respondieron a los
correos electrónicos y llamadas telefónicas del CPJ para efectuar
comentarios.      

Otero expresó al CPJ que luego de que la cuenta de Twitter de su
esposa fuera hackeada, algunas fuentes conocidas en el gobierno le
asistieron para llevar a cabo su propia investigación. Otero afirmó que
su información indicaba que los piratas informáticos estaban
trabajando en la oficina de Caracas del organismo nacional de
inteligencia, conocido como SEBIN. Ni el SEBIN ni el Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia respondieron a
correos electrónicos y llamadas telefónicas del CPJ para efectuar
comentarios.

El pirateo informático es ilegal bajo la Ley Especial contra los
Delitos Informáticos. De ser condenados, los que violen la norma pueden
enfrentar duras multas y hasta seis años en prisión. Si bien Gómez,
Padrón y otras víctimas de ataques informáticos han denunciado los
abusos ante la Fiscalía General de la nación, las investigaciones no
han arrojado progresos y no se han producido procesamientos en la
justicia, según Mariela Balbi, directora ejecutivo del Instituto Prensa y
Sociedad. Gómez y Padrón han confirmado que sus actuaciones en la
justicia no han llegado a ningún lado. Estos altos niveles de
impunidad, aseguró Rosales de Espacio Público, "hace que la gente tome
estas llamadas amenazantes muy seriamente". Espacio Público ha
publicado una guía digital  para ayudar a usuarios de Internet a protegerse contra los piratas informáticos.

Carlos Correa, director de Espacio Público, afirmó al CPJ que "el
problema acá es que los críticos del gobierno tienen muy poca
protección. El sistema de justicia no es considerado independiente y
aún no ha respondido con vigor a las demandas de gente que ha sido
víctima de hackeos, cuyo sitio Web ha sido atacado, ha sido difamada o
atacada en público".

Julio Rafael Chávez Meléndez, diputado de la Asamblea Nacional y
vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de
Comunicación, señaló al CPJ que las acusaciones sobre piratas
informáticos que atacan a voces independientes son exageradas. Le restó
importancia a las acusaciones de la oposición e indicó que se trata de
"resistencia a la libre circulación de las ideas". El diputado sostuvo
que las autoridades aún tienen que recibir evidencia de que N33 ha
atacado algunas cuentas pero indicó que "esos delitos serán procesados
en la justicia si existiera evidencia".

John Otis es corresponsal en los Andes del programa de las Américas del CPJ, es también corresponsal de la revista Time y de Global Post. Es
autor del libro "Law of the Jungle", publicado en 2010 sobre
contratistas militares estadounidenses secuestrados por la guerrilla
colombiana, y está radicado en Bogotá, Colombia.