Paraguay: De la línea de sucesión, los golpes y los versos

ABC
Color

En Paraguay no ha habido un golpe de
Estado. Un Parlamento legítimamente electo aplicó la figura constitucional del
juicio político y destituyó legalmente al Presidente. De ciento veinticinco
legisladores solamente cinco votaron en contra.

En
el lugar del presidente destituido no asumió quien el Parlamento quiso, sino el
vicepresidente, que es precisamente el primero en la línea de sucesión según el
texto constitucional. Ese hecho es representativo: que se respetara la sucesión
en los términos en que la Constitución la ordena es prueba de que no se ha
producido un golpe de Estado ni se ha atentado contra la institucionalidad del
Estado de derecho.

En
Paraguay se ha sostenido sin quebranto alguno la normalidad institucional. No
ha habido persecuciones ni represiones, no se ha limitado la libertad de prensa
ni de expresión. Así pues, la historia del golpe de Estado es el verdadero
“cuento chino”.

Si
no hubiera tenido efectos tan negativos para el país, resultaría hasta chistosa
la sistemática insistencia con que se repite, en los círculos afines a Fernando
Lugo y entre los gobernantes bolivarianos y sus aliados, lo de “golpe de
Estado”. Supongo que la idea es que la repetición machacona del verso del golpe
haga pasar por alto la falta de argumentos lógicos.

Una
falacia, por mucho que se repita hasta la saciedad, no se convierte en verdad,
pero siembra la confusión en quienes no tienen suficiente información dentro y
fuera de nuestro país. Por eso quienes hablan de golpe, procuran no mencionar
la Constitución nacional que, como ya he explicado varias veces, por reacción a
una larga dictadura de treinta y seis años y, precisamente, para evitar golpes
de Estado y abusos de poder, otorga muy amplios poderes al Congreso nacional no
solamente para hacer juicios políticos, sino también para establecer las normas
y plazos con que se realizan.

Se
trata de una campaña dictada por el interés y no por la convicción de los
partidarios de Lugo y de los gobiernos que lo apoyan interesadamente. Por
supuesto que ellos conocen la ley paraguaya, pero prefieren pasarla por alto.
No me propongo convencerlos de nada, sino aclarar las cosas para aquellos que
puedan llegar a creer de buena fe el verso del golpe de Estado.

En
nuestro país –y en toda la región– sabemos lo suficiente de golpes de Estado,
por dolorosa experiencia propia, para que sepamos distinguir una grave crisis
política resuelta de forma institucional, que es lo que ocurrió, de un golpe de
Estado, que es lo que no sucedió.

En
un golpe de Estado una o varias personas, con suficiente poder fáctico y apoyo
militar, desplazan a las autoridades legales, inactivan el sistema
institucional y toman el control del país; instalan un sistema de control
autoritario y, por supuesto, matan, encarcelan o exilian a los principales
referentes del anterior gobierno y aíslan o matonean a todos los que están en
desacuerdo.

Nada
de esto ocurrió durante el juicio político ni ha sucedido después. Un grave
estado de inseguridad y una absoluta carencia de respaldo en el legislativo
desencadenaron la crisis política. Tras el juicio político y la destitución,
llevada a cabo por un Parlamento legítimamente electo, ocupó el cargo el
vicepresidente que también había sido legítimamente electo en las mismas
elecciones y con el mismo número de votos que el presidente destituido.

Federico
Franco, vale la pena remarcarlo, no ocupó la presidencia por encabezar a un
poderoso grupo político o contar con un gran respaldo militar; sino que
ocupaba, como vicepresidente, el primer puesto en la línea legal de sucesión.
Tan simple y tan sencillo como eso.

Ya
sea que lo hagan los partidarios de Lugo acá, en Paraguay, o los impresentables
bolivarianos en los foros internacionales, resulta de una injusticia grotesca,
por lo irracional, que se acuse de “golpista” a Federico Franco, que no formaba
parte del Parlamento que tomó la decisión y que, ni en la composición del
Congreso ni dentro de su partido tampoco pertenece a los sectores actualmente
mayoritarios.

¿De
verdad alguien puede creer que dé un golpe de Estado para poner en el Gobierno
a una persona que legalmente está en el primer escalón de la sucesión? ¿De
verdad alguien puede creer que, tras un golpe de Estado, se permitirían las
huelgas de funcionarios, las críticas de los medios de comunicación y los
actos, manifestaciones y declaraciones públicas de los partidarios del anterior
gobierno?
Es como si intentan tomarnos el pelo. Todos hemos visto golpes de Estado de
verdad. Los golpes de Estado instauran o también, algunas veces, destituyen
dictaduras; pero nadie en su sano juicio puede imaginar que un golpe de Estado
mantenga intacto el sistema institucional contra el que se realizó.

En
resumidas cuentas, lo del golpe no es más que un verso y ni siquiera un buen
verso, sino que un verso ripioso, irracional y, naturalmente, interesado.