Capitalismo kirchnerista

La Nación

El kirchnerismo está demostrando que para instaurar su
capitalismo de Estado no requiere una reforma constitucional. Ayer
Julio De Vido anunció que la licitación para adjudicar frecuencias de telefonía celular
había sido anulada. Ahora el Gobierno creará una empresa pública para
intervenir en ese negocio. Casi a la misma hora, los gremialistas
oficialistas examinaban lo que creen inminente: la estatización
progresiva de las obras sociales. El titular de YPF, Miguel Galuccio, le
dio a esta deriva estatizante una matriz internacional.
A falta de un acuerdo con Exxon o Chevron, comunicó una
negociación con la rusa Gazprom, la segunda compañía estatal a la que
corteja, después de la venezolana Pdvsa.

En un aparte del Comité Central Confederal que realizó
ayer el sector de la CGT enfrentado a Hugo Moyano, José Luis Lingeri
informó las novedades que le había notificado la superintendenta de
Salud, Liliana Korenfeld. Comentó que, por más que doblen la espalda
ante la Presidenta, sus "cajas" seguirán asfixiadas. El Estado no les
devolverá los $ 14.000 millones que, según ellos, ha retenido por error.
Deberán conformarse con $ 2000 millones más por año, distribuidos según
la cantidad de afiliados y el nivel salarial de cada organización. El
Gobierno los ha tratado como si fueran gerentes de energéticas en busca
de tarifa.

Tampoco hay buenas noticias en el terreno más
escabroso: las causas penales por la adulteración de documentos para
arrancar subsidios a la Superintendencia no se cierran para Moyano, pero
tampoco para ellos.

Los gremialistas ya no consiguen disimular(se) que el
trato sellado con Néstor Kirchner en el molde tradicional del peronismo
fue suspendido por su viuda. Una de las señales de esa ruptura es el
avance del Estado sobre la salud, tal como exige la izquierda
oficialista. El primer paso sería que el PAMI se encargara de las
compras que realizan hoy las obras sociales. Sobre todo las de
medicamentos. Los grandes laboratorios, saludados por la Presidenta en
Tecnópolis, felices. El paso siguiente sería reemplazar a los gremios en
otras prestaciones, hasta la constitución de un seguro nacional de
salud, de cuño alfonsinista. El diseño, que estudia el interventor en el
PAMI, Luciano Di Cesare, impactaría sobre las empresas de prepago, que
capturan casi toda su clientela por derivación de los gremios.

La disputa de la CGT facilita este avance estatal sobre
el sector. Los adversarios de Moyano todavía no definieron al nuevo
secretario general. Pero es muy difícil que sea el candidato de la
señora de Kirchner. Como una trabajadora más, ella propuso al
metalúrgico Francisco Gutiérrez, intendente de Quilmes con veleidades
izquierdistas y bien vinculado con el sistema financiero de los Estados
Unidos, por la vía conyugal. Pero "los Gordos" y los "independientes" le
explicaron que eso sería imposible: si el secretario general no es
Antonio Caló, el jefe de la UOM, habrá que optar por el mecánico Ricardo
Pignanelli. "Ah, Pignanelli, ese gordito simpaticón?", cabeceó la
Presidenta. La propuesta duró poco: Pignanelli teme dejar su silla en
Smata a Mario Manrique, su segundo, un amigo de Moyano. Síntesis: ni en
la nueva CGT ni en la de Moyano ni en la de Luis Barrionuevo el Gobierno
contará con una conducción afín. ¿No será la hora de enfrentar a todos
en nombre de la democratización sindical? En la reunión de ayer el único
plan para enfrentar esa amenaza fue escribir un documento.

Las declaraciones de De Vido para "recuperar la
soberanía del éter" refuerzan esta tendencia. Otra vez el ministro debió
autoflagelarse por TV: la empresa que operará las frecuencias de
telefonía retiradas de la licitación, Ar-Sat, está en manos de Guillermo
Ruso, un militante de La Cámpora. Esta agrupación ha desplazado a De
Vido de todos los sectores en los que tenía influencia. Ar-Sat operó
hasta ahora la TV digital abierta gracias a los cuantiosos recursos
presupuestarios que recibe. Otra Aerolíneas.

Para asignar las frecuencias a esta empresa pública, De
Vido arguyó que Telefónica y Telecom constituyen un monopolio.
Contradijo lo que la Comisión de Defensa de la Competencia dictaminó al
autorizar la permanencia de Telecom Italia en Telecom. El ministro
sostiene que después de esa aprobación los italianos compraron más
acciones de Telecom a sus socios locales, los Werthein. Esas
adquisiciones no fueron aprobadas por la Comisión. La explicación es
misteriosa: "Mientras los W estén en Telecom, no les aprobemos nada". El
dato confirma una versión muy insistente: desde la muerte del ex
presidente, entre los Werthein y los Kirchner quedaron conversaciones
inconclusas. Otra baja en el capitalismo de amigos.

De Vido anticipó que el Estado operará la telefonía
móvil en asociación con privados. No debería sorprender que también en
este negocio irrumpa José Luis Manzano. Esta fase izquierdizante del
kirchnerismo coincide con el ascenso de Manzano, quien hoy ocupa una
posición casi tan inevitable como Osvaldo Cornide. Sólo Axel Kicillof
consigue eclipsarlo. Pero Manzano no lo cree: "Esto es Rusia y yo soy
Putin", suele repetir.

A propósito de estas ensoñaciones, Galuccio visitó
Moscú. Se entrevistó con el CEO de Gazprom, Alexei Miller, que secunda a
Putin desde que ambos espiaban en Dresden para la KGB. Miller y
Galuccio hablaron de hidrocarburos no convencionales, área sobre la que
los rusos conocen poco, y, sobre todo, de exportaciones de gas natural
licuado a la Argentina. Que no se entere De Vido: Gazprom está acusada
en Europa de conductas monopólicas.

La peregrinación a Moscú es la contracara de la
inquietante demora de Galuccio para conseguir inversiones de las
petroleras dedicadas al shale gas. El presidente de YPF confesó la
encerrona en su plan quinquenal. De los US$ 37.200 millones que prometió
invertir en ese lapso, 32.600 millones saldrán del flujo de caja de la
empresa. Galuccio supone que todos los años generará una renta
equivalente al valor de mercado de YPF. La norteamericana EOG, líder
mundial en explotación de recursos no convencionales, no alcanza ese
objetivo. Pero Galuccio, se sabe, es mago. Aun así, sólo podría cumplir
su sueño con una permanente suba de precios.

Pero la urgencia de YPF es el corto plazo. Los bancos
locales deberán prestarle a una tasa inferior a la que pagan por los
plazos fijos. Están dispuestos a hacerlo, pero por no más de 270 días.
Para una petrolera es un suspiro. Mientras, un equipo del Citibank
experto en la estructuración de bonos llegó a Buenos Aires y prepara un
papel por unos US$ 250 millones con una tasa no inferior al 11,5%.

El límite de Galuccio, como el de cualquier productor
de hidrocarburos, es el Gobierno. ¿Kicillof le permitirá la enorme suba
de precios que necesitan sus inversiones? ¿Cuál es, en este caso, la
"rentabilidad razonable"? ¿Será la de las demás compañías? Muchas
empresas estatales han conseguido, por su competitividad internacional,
mejorar la cultura económica de sus gobiernos. Es el caso de Petrobras
en Brasil, de la china Cnooc y hasta de Gazprom. El desafío de Galuccio
era influir, desde una YPF estatizada, en la racionalidad de la política
energética. Es su duelo con Kicillof. Lo va perdiendo.