Mitos para lograr un gobierno eficaz en México

América Economía

Retorna el mito de que unas cuantas reformas nos darían acceso directo al Nirvana.
Tres décadas de reformas diversas son testigo de que las reformas son
indispensables, pero no lo son todo: sin una claridad de dirección y un
liderazgo efectivo, las reformas, cualesquiera que éstas sean, serán
siempre insuficientes. El verdadero reto en México consiste en
saber qué reformar y para qué y sumar detrás de esa visión al conjunto
de la población. Sin ello seguiremos discutiendo "las" reformas por las
siguientes tres décadas.

El problema de los mitos es que, como afirmaba Monsiváis, "la realidad del mito es la irrealidad del país". Se
construyen enormes edificios en torno a una solución milagrosa y luego
se pretende que cambie la realidad en un santiamén. Para que surta
efecto, una reforma tiene que tener al menos tres características cruciales: primero, debe partir de un diagnóstico certero sobre la naturaleza del problema que se pretende resolver; segundo, debe ser coherente y consistente con otras acciones gubernamentales que se emprenden de manera paralela; y, tercero, debe afectar a los intereses que se benefician del statu quo que la reforma se propone modificar. Si no se satisfacen los tres requisitos, la reforma no logrará su cometido.

Lamentablemente, muy pocas de las reformas
(incluyendo privatizaciones) que se emprendieron desde los ochenta han
satisfecho estos requisitos. Peor, se ha arraigado la noción de
que todos nuestros problemas están plenamente diagnosticados y que lo
único que hace falta es que el Congreso actúe para salir del hoyo en el
que estamos. Como ilustra la polémica en torno a la iniciativa
de reforma laboral que recientemente envió el presidente Calderón al
poder legislativo, no existen consensos respecto a las causas de los
problemas que nos aquejan. Mucho menos existen respuestas automáticas
que, además, gocen de consenso entre especialistas o políticos. En otras
palabras, no existen soluciones mágicas.

En adición a lo anterior, dado que cada
iniciativa de ley que se presenta desata su propia dinámica política
(producto de las fuerzas con intereses de por medio), existe el riesgo
de que, al final del proceso, una reforma acabe siendo contradictoria
con otras. Esto es algo normal en un entorno democrático donde en cada
proceso intervienen fuerzas distintas que acaban conformando un producto
único cada vez. El arte de lo posible como dirían los clásicos.

Sin embargo, nosotros debemos aspirar
a más. La clave del desarrollo, y del logro de tasas elevadas de
crecimiento económico, reside en la coherencia del conjunto de
estrategias que organiza el gobierno y que se plasman en la forma de
leyes, reglamentos, regulaciones y presupuestos. Puesto en
otros términos, el éxito de una estrategia de desarrollo reside
enteramente en la capacidad de un gobierno de articular una visión y
convencer a la población y a los legisladores de sus beneficios. En este
sentido, se trata de un proceso inherentemente político aunque sus
resultados se aprecien, para bien o para mal, en el desempeño económico.

Dicho lo anterior, es evidente que México requiere reformas al menos en materia laboral, fiscal y energética. Pero estas reformas no pueden ser independientes del conjunto que se pretende conciliar y coordinar.

Para que sea exitosa, una reforma
laboral debe facilitar la contratación de personal y favorecer el
crecimiento de la productividad sin mermar los derechos políticos y
laborales del trabajador. Estos principios son elementales,
pero es importante notar que esta reforma es mucho más importante para
empresas chicas que para las grandes, cuya escala les permite mucho
mayor latitud en materia de sueldos y prestaciones. Además, el costo
laboral como porcentaje de los costos totales tiende a ser mucho menor
en empresas con alta inversión en tecnología y maquinaria que aquellas
dependientes estrictamente de mano de obra. Es decir, las empresas
chicas, que son las que más empleos generan (con bajos salarios), son
las que urgentemente requieren mayor flexibilidad laboral. Prueba de
esto es que ahí domina la economía informal, que carece de prestaciones o
protección alguna.

Para que sea exitosa, una reforma
energética debe hacer posible que el país cuente con combustibles y
materias primas a precio competitivo y en condiciones similares o
mejores a las de nuestros competidores. En la actualidad no
sólo no se cumple esa premisa, sino que es incierta la disponibilidad de
energéticos y los monstruosos monopolios que se encargan del sector
tienen por prioridad la satisfacción de sus intereses sindicales y
burocráticos internos, así como de sus jefes políticos. El mercado y la
competitividad los tienen sin cuidado. Para que sirva, una reforma
energética tiene que resolver estos entuertos y, a la vez, hacer posible
la explotación de los recursos con acceso a tecnologías que hoy sólo
son asequibles a través de asociaciones privadas.

Por su parte, una reforma fiscal
exitosa implicaría liberar al gobierno de su dependencia respecto al
ingreso petrolero, sin que eso implique exprimir a los pagadores de
impuestos de tal manera que se trastoque el incentivo a producir de
manera eficiente. Desde luego, en materia de impuestos todos
queremos que alguien más pague, pero la clave reside en que el
contribuyente vea en los servicios públicos una justificación plena para
su pago. Sin embargo, si uno ve desde la seguridad pública hasta el
estado del pavimento es evidente que el divorcio entre impuestos y
servicios es tan grande que es imposible pretender conciliarlos sin un
profundo y serio compromiso gubernamental.

Las reformas son necesarias, pero perviven
tantos obstáculos, estancos, favores, mecanismos de protección,
subsidios y burocratismos dentro del poder Ejecutivo, que un actuar
serio en ese frente tendría el efecto de liberalizar fuerzas y recursos,
además de dinamizar la competencia en sectores clave de la economía. Lo
mismo es cierto en sectores sujetos a concesión, siempre dados al
chantaje y a las prácticas monopólicas. En muchos ámbitos, el problema
es menos legislativo que ejecutivo, pero no por eso menos polémico o
político.

En la conformación de su gabinete, el
presidente deberá equilibrar la presencia de técnicos del primer mundo
con operadores políticos eficaces y dispuestos a enfrentar a los
intereses -en todos los ámbitos- que mantienen paralizada a la economía.
Si nombra puro grillo cosechará bajas tasas de crecimiento; si nombra puro técnico cosechará conflictos por doquier. Su
decisión en esta materia será otra muestra de su visión y de su
disposición a lograr eso que le ganó el voto: un gobierno eficaz.

Luis Rubio es Presidente del Centro de Investigación
para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la
investigación en temas de economía y política, en México.