En la confrontación entre el gobierno argentino y la prensa, pierde el periodismo

Committee to Protect Journalists

BUENOS AIRES. – A Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior de Argentina y una de las figuras más poderosas y pintorescas del gobierno, se le ha visto los últimos meses portando una amplia gama de llamativos accesorios.
En el Congreso, lo vieron entregando tradicionales alfajores
argentinos. En una fotografía captada en un avión chárter del gobierno,
un globo flota encima de su cabeza. Y durante la misión oficial del
gobierno argentino a Angola en el mes de mayo, un funcionario fue fotografiado
mientras repartía medias a niños pobres. Toda esta parafernalia tenía
el mismo fondo blanco con una leyenda sencilla: "Clarín Miente".

Grupo Clarín, propietario del diario más leído del país, Clarín,
así como de radioemisoras, canales de televisión abierta y cable, y un
proveedor de servicio de Internet, es el principal conglomerado de
medios de Argentina y uno de los mayores de Latinoamérica. También es
el principal adversario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
en una batalla que enfrenta, de un lado, al gobierno y a los medios
aliados del gobierno, y del otro, a los que se oponen a la
administración. La principal arma gubernamental es financiera:
sustenta, por medio de la publicidad oficial, medios con línea editorial
favorable, mientras le niega ese ingreso a otros, como Clarín. Los medios críticos, por su parte, denuncian incesantemente al gobierno.

La consecuencia de esta ardua pelea es una prensa
altamente polarizada. Por un lado, los críticos de  Kirchner la acusan
de coartar la libertad de prensa al recompensar a los medios
simpatizantes y silenciar –mediante regulaciones y el reparto de la
publicidad oficial– a los medios que se le oponen. Por otro lado,
muchos creen que Clarín tiene demasiado poder y que utiliza su enorme
 red de medios para impulsar sus intereses comerciales particulares.

Horacio Verbitsky, conocido periodista argentino y ganador del Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ en 2001,
a quien se considera alineado con el gobierno de Kirchner, declaró al
CPJ: "En mi opinión, Clarín y [otro periódico crítico del gobierno] La
Nación comenzaron esta pelea, y lo hicieron en defensa de sus propios
intereses político-económicos".

"¿No vamos a investigar la corrupción?", replica
visiblemente molesto Martín Etchevers, portavoz del Grupo Clarín. "¿No
vamos a decir que las estadísticas de inflación que el gobierno publica
son falsas? Eso no es polarización ni oposición política", aseveró
Etchevers al CPJ, dando un manotazo sobre la mesa. "Eso es periodismo".

En realidad la credibilidad del periodismo está en
juego, mientras que los medios de cada grupo dedican cada vez más
espacios informativos a descalificarse. En tanto, los ciudadanos
argentinos no pueden confiar en que la prensa gráfica y los medios
audiovisuales les brindarán información objetiva sobre temas cruciales
para la vida nacional como la corrupción, la inflación, la delincuencia, la seguridad de la infraestructura, la desaceleración del crecimiento económico
y la posibilidad de que Kirchner se postule para un tercer período
presidencial. Puesto que Argentina no tiene una ley federal de acceso a
la información, la falta de fuentes objetivas es especialmente nociva
para la sociedad.

Mónica Baumgratz, coordinadora del Programa de
Monitoreo de la Libertad de Expresión de la organización Foro de
Periodismo Argentino (FOPEA), expresó al CPJ que la situación es
preocupante. Cuando todos los medios están desacreditados, hasta la
verdad es sospechosa, explica Baumgratz.

En
un discurso en 2010, Kirchner indicó que Clarín y La Nación utilizaron
Papel Prensa, la empresa productora de papel periódico, para imponer un
monopolio mediático. (AP/Eduardo Di Baia)

Las
cosas no siempre fueron de esta manera. Durante la presidencia del
difunto esposo de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner,
quien gobernó en el período 2003-2007, y al inicio del primer mandato
de Cristina (ella fue relegida en octubre de 2011), Clarín disfrutó de
una relación privilegiada con el poder ejecutivo. Graciela Mochkofsky
escribió en su libro Pecado original: Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder,
que Néstor Kirchner "se fascinó genuinamente con [Héctor] Magnetto"
(el poderoso presidente y director ejecutivo del Grupo Clarín, en el
cargo desde hace tiempo), una simpatía que se reflejaba en almuerzos
compartidos, regulares y en las primicias que Clarín recibía con
relación a acciones de gobierno. Y fue Néstor Kirchner quien aprobó en
2007 la fusión que le otorgó a Clarín el control de una de las mayores
empresas de TV por cable de Latinoamérica. La relación cambió en 2008,
cuando el gobierno incrementó el impuesto de exportación al sector
agrícola y la cobertura informativa de Clarín se puso del lado de los
productores agropecuarios que iniciaron una huelga en protesta por tal
medida. El gobierno acusó a Grupo Clarín de estar parcializado debido a
sus propios intereses económicos en el sector agropecuario. Clarín y
el Grupo Nación (propietario éste de varias publicaciones impresas y
digitales así como del diario del mismo nombre) son los principales
organizadores de Expoagro, la mayor exposición agropecuaria anual del
país.

Antes de esta disputa, Clarín recibía
considerables montos en concepto de publicidad oficial de parte del
gobierno nacional, de acuerdo con "Quid pro quo: La publicidad oficial
en la Argentina y sus múltiples facetas", un informe
publicado por la organización sin fines de lucro Poder Ciudadano en
diciembre de 2011. El autor del informe, Martín Becerra, investigador y
profesor de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de
Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires, analizó la publicidad
televisiva y concluyó que la asignación de publicidad del gobierno
nacional a los canales propiedad de Grupo Clarín entre mayo y octubre
de 2011 había sido prácticamente nula.

La asignación de publicidad oficial es común en
Latinoamérica y tiene la función expresa de mantener informada a la
sociedad acerca de los servicios y las políticas públicas. De
conformidad con el Artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial debe
estar expresamente prohibida por la ley, lo cual significa que no debe
utilizarse como recompensa o castigo por la cobertura informativa de la
gestión gubernamental.

No obstante lo anterior, un informe
publicado en 2008 por el Open Society Institute, reveló que la
práctica en general es poco regulada y muy abusada en la región, hasta
el punto de actuar como una especie de "censura indirecta". En junio,
el presidente ecuatoriano Rafael Correa declaró que suspendería toda la publicidad oficial en los medios privados ecuatorianos con quienes mantiene un intenso conflicto.

En Argentina, el reparto de la publicidad oficial, así como el
criterio para su asignación, no están reglamentados, lo cual se refleja
en la opacidad con que se maneja a escala nacional, provincial y
municipal,  no importa el partido político que está en el poder. (La
excepción es la provincia de Tierra del Fuego, que adoptó regulaciones
en 2008). Sólo dos de las 23 provincias argentinas respondieron  en su
totalidad a los pedidos de información que Poder Ciudadano interpuso
para la realización de sus informes sobre el gasto de publicidad
oficial, explicó Becerra al CPJ.

Periodistas
en la redacción de Clarín, que estuvo alineado con los gobiernos de los
Kirchner hasta 2008. ((AP/Ezequiel Pontoriero)

Según Andrés D'Alessandro, director ejecutivo de
FOPEA, la asignación de publicidad oficial ha sido un problema
sistémico para el periodismo argentino a lo largo de la historia del
país. Los medios de prensa durante mucho tiempo han sido susceptibles a
las represalias por sus denuncias, represalias que se han manifestado
mediante fluctuaciones en la publicidad oficial, bajo todos gobiernos,
independientemente de su afiliación política. La problemática ha
cobrado mayor interés recientemente, afirma D'Alessandro, porque el
gasto en publicidad oficial ha aumentado en forma drástica durante la
gestión de Cristina Fernández y Néstor Kirchner.

Becerra halló que en 2010 el gobierno nacional se
convirtió en el principal anunciante del país, y superó a las
multinacionales Unilever y Procter & Gamble hasta alcanzar el 9 por
ciento del mercado publicitario total. Ese año, el gobierno nacional
gastó aproximadamente 278,6 millones de dólares, en comparación con
10,5 millones en 2003. Las cifras de 2010 ascendieron marcadamente
respecto al año anterior en parte debido al número de anuncios
mostrados durante el programa "Fútbol para Todos", que en agosto de 2009
arrebató del Grupo Clarín los derechos de transmisión televisiva de
los partidos de fútbol de la primera división argentina. Grupo Clarín
había emitido los partidos en su canal de deportes por cable durante
casi dos décadas y poseía los derechos de transmisión hasta 2014. La
decisión de transmitir los partidos en la televisión pública fue
extremadamente popular, pero sus críticos argumentaron que la medida
tenía la intención de golpear al Grupo Clarín a la vez que
proporcionaba al gobierno oportunidades para colocar anuncios en el
horario de mayor audiencia de la programación en el año previo a las
elecciones de 2011. En los partidos de fútbol abundan anuncios
oficiales que celebran a los Kirchner y atacan
a la oposición. La asignación discriminatoria de la publicidad oficial
no se limita al Grupo Clarín. Editorial Perfil, la principal
editorial de revistas del país, demandó al gobierno por su política de
distribución de la publicidad oficial. En marzo de 2011, la Corte
Suprema de Justicia falló
a favor de Perfil y sostuvo que el gobierno debía aplicar un
equilibrio razonable en la distribución de publicidad. Siete meses
después, Perfil reclamó que el gobierno había colocado sólo ocho anuncios desde el fallo (entre ellos uno que señalaba:
"La editorial que publica este diario ha distinguido a empresas que
hoy están siendo denunciadas… por trata de personas y esclavitud
laboral"). En marzo, el poder judicial multó al gobierno por incumplimiento del fallo y el 14 de agosto un tribunal de apelaciones federal ratificó la decisión y ordenó aplicar al gobierno una multa de 1.000 pesos por día de demora.

La discriminación en la distribución de la
publicidad oficial no es terreno exclusivo del gobierno nacional. Según
el informe de Becerra, la Ciudad de Buenos Aires –dirigida por el
intendente Mauricio Macri, opositor de Kirchner– favorece a empresas
de medios como Clarín y La Nación a expensas de los medios públicos y
los que respaldan al gobierno de Kirchner. Sin embargo, el gobierno de
Macri representa solamente el uno por ciento del mercado publicitario de
Argentina.

De acuerdo con FOPEA, la situación es inclusive
peor para los pequeños medios de provincia, muchos de los cuales
dependen casi exclusivamente de la publicidad oficial para su
supervivencia económica y, por tanto, son vulnerables a las presiones
de los funcionarios de gobierno sobre su línea editorial. Marisa Rauta,
directora del Diario de Madryn, manifestó al CPJ que cuando
el gobierno de la provincia de Chubut retiró toda su publicidad del
diario en diciembre de 2010 tras la publicación de denuncias en el
diario, ella tuvo que reducir la redacción a la mitad y eliminar varias
secciones. En marzo de 2011, un tribunal local dictaminó que el gobierno tenía que restablecer la publicidad pero, sostuvo Rauta, el periódico seguía operando a capacidad reducida.

Empleados
de Cablevisión, operador de cable propiedad del Grupo Clarín, protestan
durante una inspección impositiva en 2011 que consideraron acoso del
gobierno de Kirchner. (AFP/Juan Vargas)

La otra cara de la publicidad oficial es que tener una cobertura favorable al gobierno rinde beneficios. Según un estudio
citado en varias publicaciones, los cuatro periódicos pertenecientes a
Grupo Uno, otrora enemigo y en la actualidad aliado del gobierno de
Kirchner, recibió 8,2 millones de dólares en publicidad oficial del
gobierno nacional en 2011, un aumento en comparación con los 830 mil
dólares recibidos en 2010 por el mismo concepto. El estudio también halló que
el oficialista Grupo Veintitrés recibió 6 millones de dólares–más que
cualquier otro grupo– en los primeros cuatro meses de 2012. En
comparación, Clarín recibió 109 mil dólares, una caída del 61 por
ciento en relación con el mismo período de 2011. El portavoz de Clarín,
se ha referido al aporte de recursos otorgados al Grupo Veintitrés y a
otros grupos como "una colonización del espacio mediático" y un
intento de utilizar fondos públicos para establecer una amplia red de
medios que, según su grado de compromiso, son "paraoficiales,"
"cooptados" o "pro gobierno" y dependen completamente de la publicidad
oficial para sobrevivir, según Etchevers. (Ninguno de los artículos
mencionaban al consultor privado que realizó el estudio. Algunos
analistas de medios han afirmado que el consultor fue contratado por
Grupo Clarín, lo cual es negado por el grupo).

Roberto Caballero, director de Tiempo Argentino,
un diario propiedad de Grupo Veintitrés, sostiene que aunque le
preocupa la posibilidad de que la publicidad oficial "genere
periodistas zombies" sin independencia editorial, no ve nada
malo en que el gobierno le otorgue publicidad a su diario a expensas de
grupos como Clarín y La Nación. "Creo que la distribución de la
publicidad oficial debe ser regulada y repartida  de forma igualitaria,
pero siempre beneficiando a los medios más chicos" que reciben menos
publicidad de particulares, señaló al CPJ. Caballero también observó
que Clarín nunca objetó la manera en que la publicidad se distribuía en
los gobiernos anteriores, cuando Clarín se beneficiaba y otros
periódicos sufrían: "Ellos son los que se empacharon de forma glotona.
Ahora, después de 40 años así ¿por qué tenemos que repartir?". Por su
parte, Grupo Uno no respondió a las solicitudes telefónicas y por
correo electrónico para efectuar comentarios.

Un amplio espectro de periodistas, académicos y
miembros de la sociedad civil entrevistados por el CPJ en Argentina
durante el mes de abril, en general manifestaron que la censura no era
motivo de preocupación en el país. No obstante, en una encuesta
llevada a cabo por FOPEA con una muestra de unos mil periodistas
argentinos en 2011, la dependencia de la publicidad oficial fue
calificada como el tercer reto más serio al que se enfrenta el
periodismo argentino, después de los bajos salarios y la falta de
profesionalismo. El 58 por ciento de los encuestados coincidieron en
que el periodismo en el país estaba "condicionado" y el 72 por ciento
manifestaron que el departamento comercial de su diario ejercía
influencia sobre la redacción.

La Secretaría de Comunicación Pública, responsable
de las políticas comunicacionales del gobierno, de la operación de los
medios estatales y de la difusión de la posición oficial de la
presidencia, no respondió a reiterados pedidos telefónicos y por correo
electrónico para una entrevista. El gobierno de Kirchner ha rechazado
públicamente los cuestionamientos sobre la publicidad oficial con el
argumento de que, por ser equivalente al nueve por ciento del mercado
publicitario nacional total, tiene una influencia insignificante.

Obsesionados por el pasado

En todo caso, el gobierno dispone de otros instrumentos. Además de
distribuir parafernalia  con el eslogan "Clarín miente", la
administración de Kirchner ha acusado al grupo de ser un monopolio y
hasta de cometer delitos de lesa humanidad durante la brutal dictadura
militar que ocupó el poder en Argentina de 1976 a 1983. Tanto Clarín
como La Nación han sido criticados por haber permanecido callados acerca
de los crímenes de la dictadura y muchos argentinos creen que
alinearse con la junta militar les permitió a ambos grupos alcanzar una
influencia desmedida.

El
gobierno ha impuesto criterios de productividad sobre Papel Prensa, la
única empresa productora de papel periódico en Argentina. (AP/Natacha
Pisarenko)

Los Kirchner –a quienes muchos les otorgan el mérito de continuar
el proceso iniciado por el ex presidente Raúl Alfonsín para enjuiciar a
los líderes de ese oscuro capítulo de la historia argentina– han
acusado a los propietarios de Clarín y La Nación de actuar en
contubernio con la dictadura para forzar la venta
de Papel Prensa, la única empresa productora de papel periódico del
país, por parte de su propietario original (cuya familia fue
posteriormente arrestada y torturada por la junta). Ambas empresas de
medios han rechazado las acusaciones. Claríncontestó
al CPJ en una declaración enviada por correo electrónico que se trataba
de un "bastardeo de la bandera de los derechos humanos". Una
investigación iniciada por un tribunal federal sigue su curso. La propietaria de Clarín fue también acusada de adoptar ilegalmente
a hijos de personas desaparecidas por el régimen, pero tales
acusaciones fueron desvirtuadas por los resultados de exámenes de ADN.

"La prensa argentina en general nunca hizo un mea culpa por su
cobertura periodística durante la dictadura. Con matices en el
desempeño de cada uno, Clarín y La Nación tampoco lo hicieron", señaló
D'Alessandro al CPJ. "Y por ello tienen un flanco abierto para que les
peguen, les critiquen y vinculen cualquier cosa del presente a su rol en
la dictadura". Grupo Clarín, en la declaración enviada al CPJ,
afirmó: "Dentro del contexto de esa época, Clarín tuvo espacios de
cuestionamiento que no eran precisamente comunes en la prensa de
entonces", y citaron las denuncias de la persecución cultural y la
cobertura de la visita de delegados de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. La Nación no respondió a pedidos para efectuar
comentarios.

En diciembre de 2011, Hebe de Bonafini, presidenta de la legendaria
asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo –quien ha sido
criticada en algunos círculos por su estrecha relación con el gobierno
de Kirchner– organizó un juicio público contra Clarín en la principal plaza de Buenos Aires por su presunta complicidad con la junta.

Los señalamientos públicos contra toda persona vinculada al Grupo
Clarín irritan en particular a Miguel Wiñazki, el secretario de
redacción del diario Clarín.El sector
comercial de la empresa "se puede defender por sí solo", Wiñazki afirmó
al CPJ. Pero los ataques contra los periodistas individuales "están
descreditando el trabajo periodístico".

En gran medida esas críticas se vierten desde los medios financiados
con fondos públicos. Uno de los principales espacios para los ataques
es el programa de televisión "6,7,8," donde los presentadores y sus
invitados disfrutan al insultar a periodistas conocidos, como a Joaquín
Morales Solá –columnista de La Nación que estuvo más de una década con Clarín–, quien fue blanco de una canción de mofa acompañada de un video
en los que se insinuaba que había cometido actos indignos durante la
dictadura y se mostraba una imagen suya con cuerpo de gorila. Jorge
Lanata, uno de los periodistas más críticos del gobierno, es otro
blanco frecuente. Cuando Lanata declaró en su entonces programa de
televisión por cable que el mundo se "reía" de Argentina por causa de su gobierno, el programa "6,7,8" de inmediato salió en defensa de Kirchner y compuso un montaje de titulares internacionales favorables al gobierno.

Los críticos del gobierno se quejan de que este contenido televisivo
altamente politizado se transmite con fondos de los contribuyentes al
erario público en un canal estatal. D'Alessandro advirtió que la
ausencia de reglamentación del sector de los medios públicos es un
problema de larga data en Argentina. Verbitsky, por su parte, indicó al
CPJ: "[El canal público] debería tener un comportamiento neutral y
pluralista, lo que no tiene. Si fuera la única fuente de información,
la situación sería intolerable". Sin embargo, agregó Verbitsky, se debe
tomar en cuenta el vasto entorno mediático en poder de Clarín.

Hebe
de Bonafini, presidenta de la organización de derechos humanos Madres
de Plaza de Mayo, con una pancarta que muestra portadas de Clarín
durante la dictadura militar argentina. (AFP/Juan Mabromata)

Cristina
Kirchner no ha vacilado en sumarse a la confrontación. La presidenta y
su entorno han calificado a los periodistas y ejecutivos de medios que
se le oponen de "Nazis" y "mafiosos". Muchos argentinos dicen que los
medios críticos del gobierno también son culpables de una retórica
excesiva y hasta absurda. Lanata ha acusado al programa "6,7,8" de ser "Goebbels puro" y al gobierno de "molestarle la libertad"
por decir que lo sancionarían por fumar, en violación de la ley, en su
programa de televisión abierta. Inclusive Caballero, director del
oficialista Tiempo Argentino, protestó que "en Clarín y La Nación me agreden permanentemente".

Laura Zommer, periodista de La Nación,
comentó que el clima está tan enrarecido que los periodistas se
autocensuran por miedo a cómo sus notas serán interpretadas. Cuando
cualquiera es clasificado "como amigo o enemigo, muchos prefieren
quedarse callados", subrayó Zommer.  FOPEA coincide en que tal
atmósfera es nociva para el ejercicio del periodismo. "Cierran las
fuentes, [los funcionarios de gobierno] no invitan a cubrir eventos
públicos, no responden preguntas en las conferencias de prensa y lanzan
campañas de descrédito", amplió D'Alessandro. Destacados reporteros se
han quejado
de la escasez de conferencias de prensa presidenciales (cinco en la
gestión de Kirchner hasta septiembre) y sostienen que los funcionarios
los engañan
a propósito. Kirchner declaró en una charla informal ante periodistas
que cubren la Casa Rosada que "para información oficial están mis
discursos. Yo no voy a hablar contra mí misma", según informes de
prensa. A escala provincial y municipal, según las investigaciones del
CPJ, los periodistas enfrentan el riesgo de sufrir violencia física por criticar a funcionarios de gobierno.

Pugna por la ley de medios audiovisuales

Dos iniciativas gubernamentales han trasladado la batalla a las
esferas legislativa y judicial. En diciembre de 2011, una nueva ley
estableció que el papel periódico era un producto de interés público
cuya fabricación sería regulada por el gobierno, y creó criterios de
productividad para la empresa Papel Prensa, de la cual Clarín y  La
Nación son propietarios mayoritarios (el Estado es el tercer socio en
la empresa). Ambos grupos de medios protestaron contra lo que
describieron como otro ataque contra los principales críticos del
gobierno. Sin embargo, muchos analistas catalogaron la iniciativa de
necesaria para contrarrestar el control monopólico de ambas empresas
sobre el mercado del papel periódico.

De igual manera,una ley de medios audiovisuales
promulgada en 2009 para remplazar una norma de la época de la
dictadura, fue impulsada para combatir los monopolios y democratizar la
propiedad de las estaciones de radio y televisión, así como el acceso a
ellos, según el gobierno. Por su parte, políticos opositores
argumentaron que se trataba de un instrumento para que el gobierno
ejerciera mayor control sobre el contenido informativo y obligara a
Clarín a desprenderse de algunos medios. De conformidad con algunas
disposiciones de la ley, la empresa pudiera perder una cantidad
significativa de sus activos, que abarcan al menos seis diarios, ocho
revistas, cuatro canales de televisión de señal abierta, seis canales de
cable, cinco radioemisoras, una empresa de TV por cable, y un
proveedor de servicio de Internet, así como otros negocios.

Simpatizantes
del gobierno celebran la aprobación de la ley de medios audiovisuales
en las afueras del Congreso en Buenos Aires, el 10 de octubre de 2009.
(AP/Alberto Raggio)

La
implementación de la normativa que obligaba a desprenderse de activos
estuvo interrumpida en la justicia hasta mayo último, cuando la Corte
Suprema falló
que los grupos de medios tenían hasta el 7 de diciembre para acatar la
norma. Clarín espera el desenlace de un último recurso que plantea la
inconstitucionalidad de la ley. También  argumenta que el gobierno no ha
demandado a otros grupos de medios que lo respaldan mediante su línea
editorial, y a los que Clarín señala de violar varias de las normativas
de la ley. "No buscan crear nuevas voces, buscan callar algunas
voces", condenó Etchevers. Kirchner ha declarado
que el gobierno no hará que ningún grupo se desprenda de activos hasta
que el pleito jurídico con Grupo Clarín, empresa en posición de perder
la mayor cantidad de activos, se haya dilucidado. Clarín también ha denunciado
que el empleo cada vez con mayor frecuencia por parte de Kirchner de
cadenas de radio y televisión, es una violación de la ley, que prevé
las cadenas sólo pueden utilizarse para circunstancias excepcionales.
La presidenta ha contestado que sus cadenas son legales.    

El ritmo de implementación de la ley ha frustrado a
algunos analistas de medios, inclusive a algunos que argumentaron que
la partición de Grupo Clarín era esencial para permitir la llegada de
nuevas voces a los medios.Becerra, autor del estudio
sobre la publicidad oficial y firme defensor de la ley, expresó al CPJ
que todas las partes son responsables de la dilación en su ejecución.
"Es responsabilidad del gobierno porque está tan obsesionado por la
pelea con Clarín que se distrae en la implementación de la ley. Sólo
quieren implementar aquellos aspectos de la ley que van en contra de
Clarín", precisó Becerra. Al mismo tiempo, Clarín, que según Becerra
"está acostumbrado a que el gobierno legisle en su favor", ha bloqueado
el progreso de la ley gracias a un "ejército de abogados". Y la
oposición política, alineada con Clarín, rehusó hasta este año integrar
el nuevo ente regulador de medios creado en virtud de la ley.

Claudio Schifer, director del ente regulador,
declaró al CPJ que si bien "lleva tiempo construir una casa nueva", el
gobierno había avanzado en la meta de ampliar el acceso a los medios de
prensa, y como ejemplo citó la creación de canales de TV
universitarios y de 14 radioemisoras gestionadas por comunidades
indígenas. Periodistas y analistas de todo el espectro político han
elogiado la programación de nuevos canales de TV estatales dedicados a
la educación y la cultura.

Sin duda alguna, los Kirchner han dado al menos un
gran paso en favor de la libertad de prensa: hasta sus más acérrimos
críticos en la prensa elogian la despenalización de la calumnia e
injuria, en 2009. "En lo personal, yo lo pasé peor con  Menem", sostuvo Wiñazki, secretario de redacción de Clarín, en referencia al ex presidente argentino Carlos Saúl Menem, quien en la década de los 90 interpuso una serie de querellas penales por difamación contra periodistas críticos.

Un factor importante en la óptica de los
periodistas argentinos –factor que diferencia al país de otros de
Latinoamérica donde la prensa es asediada por gobiernos
con poca tolerancia a la crítica– es la independencia de su poder
judicial. Como lo muestra la decisión en el caso de la Editorial
Perfil, los jueces no tienen miedo de fallar en contra de la Casa
Rosada. De todas maneras, el gobierno no ha mostrado ninguna intención
de acatar ese fallo y, más allá de las multas, al parecer no hay
repercusiones por su incumplimiento, de acuerdo con analistas de
medios.

Para muchos periodistas, la consecuencia más seria
de la disputa no es la guerra de titulares ni la propiedad de activos,
sino la perspectiva a largo plazo para la profesión misma. En julio,
después de que dos de las figuras más destacadas de la prensa argentina
(Víctor Hugo Morales, quien apoya al gobierno, y Jorge Lanata, uno de
sus más duros críticos) intercambiaran acusaciones desagradables en los
medios audiovisuales, un periodista colocó el siguiente título a un artículo sobre el episodio: "Pierde el periodismo".

Sara Rafsky es investigadora asociada del
programa de las Américas del CPJ. Periodista independiente en América
del sur y el Sudeste asiático, fue galardonada con la Beca Fulbright en
2008 para investigar la relación entre el fotoperiodismo y el conflicto
armado colombiano.