España: ¿Para cuándo la reforma del funcionariado?

Ideas – Libertad Digital, Madrid

Ante la evidencia de la insostenibilidad del modelo laboral español, y
luego de que la barrera de los 5 millones de parados haya saltado por
los aires, el Gobierno aprobó el pasado viernes nuevas medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral. Lamentablemente, Rajoy no se
atrevió a tocar al funcionariado ni a cuestionar su monopolio sobre la
prestación de servicios de responsabilidad pública.

El modelo funcionarial español está inspirado en el francés, que da al
funcionario una plaza vitalicia que lo blinda de posibles
arbitrariedades del poder político. Esto no deja de ser un fin
encomiable, pero ya sabemos que el fin no justifica los medios: en este
caso, la creación de una casta inamovible que tiene a su cargo funciones
públicas esenciales.

Son varios los países europeos que han iniciado un camino de reformas
con el objeto de debilitar los privilegios de la casta funcionarial,
como bien se desprende del informe La Administración y el empleo público en los 27 Estados miembros de la UE,
elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de Francia,
país que anda buscando salir del entuerto que le ha generado su modelo
funcionarial.

En Alemania, el Gobierno central y los länder, junto con los
sindicatos, acordaron en 2005 una reforma para instaurar horarios
flexibles y un sistema de retribución basado en el rendimiento y la
experiencia; dos años más tarde se aprobó el sistema de pago por
objetivos. En Finlandia, en los últimos ocho años se han desarrollado
más de 200 proyectos centrados en aumentar la productividad de los
trabajadores públicos, cuyo número se ha reducido. En Holanda, a partir
de las reformas introducidas en 2008, que favorecieron la movilidad y
flexibilidad de los funcionarios, las condiciones laborales en los
sectores público y privado son ya muy parecidas. También tiene interés
la reforma italiana de 2009, que ha permitido, entre otras cosas, el
despido de funcionarios absentistas.

En
España, el problema no es que sobren empleados públicos, es decir,
trabajadores remunerados por las Administraciones para cumplir diversas
labores necesarias. No: el problema es que muchos de ellos disfrutan de
unos privilegios que los separan del resto de los trabajadores; unos
privilegios que les confieren una seguridad laboral dañina. Suecia tiene
muchos más empleados públicos per cápita que España, pero se rigen por
las mismas leyes laborales que los demás trabajadores.

La dificultad de tocar al funcionariado en España es evidente, y el Gobierno lo sabe. Intentar desfuncionarizar
la educación o la sanidad habría creado grandes resistencias mentales,
corporativas y políticas, provocado protestas callejeras y aireado todo
tipo de argumentos demagógicos. Ahora bien, el Gobierno podría haber
dado al menos un primer paso reformista ofreciendo vías de transición;
podría, por ejemplo, haber fomentado el abandono voluntario del estatus
de funcionario y puesto sobre la mesa estímulos económicos que faciliten
el camino a un mercado de trabajo más sensato. Ya que el grueso de los
empleados públicos de las comunidades autónomas son profesionales de las
áreas sanitaria y educativa (77% del total), se podría haber potenciado
el abandono voluntario de la condición funcionarial a cambio de un
fuerte apoyo financiero para la creación de centros educativos o de
atención sanitaria gestionados por esos mismos individuos (colaboración
público-privada), lo que por otra parte redundaría en una mejora de la
calidad de los centros que se mantuviesen ligados a formas de gestión
burocrático-funcionarial (competencia).

La experiencia de otros países muestra que este camino es posible… y
que a los que lo han seguido les ha ido muy bien. Una medida así no solo
habría permitido dar un paso de suma importancia hacia la modernización
de nuestro anquilosado mercado laboral, también hubiese significado un
fuerte impulso a la competitividad y al crecimiento económico de nuestra
economía mediante la dinamización de sectores vitales como la educación
y la sanidad.

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