La política detrás de la inflación en Argentina

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Aunque la Presidenta la niegue y los ministros la minimicen, la
elevada tasa de inflación que caracteriza hoy a la economía argentina
está adquiriendo mayor preponderancia entre las preocupaciones de la
sociedad.

Y esto es así pese a que desde hace años tenemos una inflación anual
de dos dígitos que empiezan con 2, porque mientras esta elevada
inflación convivía con crecimiento económico, el Gobierno pudo “vender”
el falso dilema de que la inflación es un costo a pagar para crecer y
mantener el pleno empleo. Pero, ahora que la economía no crece ni genera
empleos, le cuesta más sostener este discurso, mientras que aquellos
que compensaban el impuesto con ingresos provenientes de sus ahorros
tampoco pueden en esta instancia “defenderse”, dadas la tasa negativa y
la dificultad para atesorar dólares.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido seguir usando el Banco Central y
el impuesto inflacionario para financiar un gasto público creciente y
concentrado en metas políticas.

Para evitar que los tenedores de pesos eludan dicho impuesto se
prohíbe vender esos pesos para atesorar cualquier otra moneda. En ese
sentido, la “pesificación forzada” no es más que una “estafa” disfrazada
de batalla cultural.

Pero, como no podía ser de otra manera, un contexto en el que
conviven una inflación elevada, diferentes grados de indexación,
subsidios al consumo de ciertos bienes y servicios, controles de
precios, restricciones a la importación, etc., genera un esquema de
“impuestos inflacionarios diferenciales”, dependiendo de la particular
situación de cada uno.

Los salarios del sector sindicalizado, en especial los más bajos, más
o menos se ajustan con la inflación real –aunque algún costo
inflacionario se paga, dado el rezago que tienen los aumentos
paritarios–. Es decir, pagan un impuesto inflacionario relativamente
bajo si se tiene en cuenta, además, que utilizan escuela pública, o
privada subsidiada, salud pública o a través de las obras sociales
sindicales, transporte subsidiado, energía subsidiada y alimentos y
bebidas con cierto grado de control de precios.

Los sindicalizados con salarios más elevados pagan más impuesto
inflacionario, dado el retraso en la actualización del mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias, y por el hecho de que consumen
en su canasta bienes y servicios con menos componente de subsidio en sus
precios (esparcimiento, educación privada, transporte privado, etc.).
Los trabajadores no sindicalizados de bajos ingresos, por su parte, no
pueden indexar sus salarios, pero consumen servicios subsidiados, de
manera que también pagan un impuesto inflacionario diferente.
Los jubilados, a partir de la movilidad legal de sus haberes, pagan
menos impuesto inflacionario, aunque su nivel de ingresos tiene un punto
de partida –en general– tan bajo que el aumento “no luce”, y además
consumen bienes y servicios con relativo menor componente de subsidios,
en particular en el área de la salud y la vivienda.

Finalmente, hay que considerar a empresarios, profesionales o
cuentapropistas con ingresos más altos, que pagan más o menos impuesto
inflacionario dependiendo del mercado en que actúan, de su capacidad
para fijar precios o trasladar costos, y del grado de consumo de
servicios subsidiados. Asimismo, como se mencionó, todos los que tienen
cierta capacidad de ahorro sufren el deterioro de los mismos en términos
reales al no poder atesorar en moneda extranjera.

Como se puede apreciar, sólo con estos ejemplos parciales la
inflación no es la misma ni afecta por igual a todos los ciudadanos. Y
ésa es la apuesta “política” del Gobierno. Mantener un elevado impuesto
inflacionario, en promedio, pero afectando “diferencialmente” al padrón
electoral. Favoreciendo a sus votantes –el próximo año puede elevar el
mínimo no imponible, y/o actualizar más los subsidios directos–. Y
haciéndoles pagar más a los que no lo votan, considerando que éstos se
mantendrán divididos en un amplio, desordenado y atomizado espectro
opositor.

Si, además, en el 2013 hay algo de crecimiento, a lo mejor capta
algunos votos que hoy se han ido, volviendo al falso argumento de
inflación vs. crecimiento.

Pero, desde la economía, el riesgo que se corre es enorme. Mantener
la droga de la inflación acumulándose en el cuerpo económico por tanto
tiempo, distorsionando precios e ingresos relativos, siempre termina
mal.