La Haya y la sombra de Bolivia

La Tercera

Dentro de algunas semanas se dará inicio a los alegatos -la fase
oral- del proceso de La Haya, relacionado con la delimitación de la
frontera marítima entre Perú y Chile. Será el momento delicado en que
por primera vez se conocerán, expuestos en términos necesariamente
confrontacionales, los argumentos completos de ambas partes. Concluida
esa fase, vendrá finalmente el fallo.

Este proceso es seguido muy de cerca no sólo por chilenos y peruanos,
sino también por Bolivia. Desde marzo de 2011, La Paz ha incorporado
una nueva carta a su baraja relacionada con el reclamo de acceso al
Pacífico: la posibilidad de acudir al mismo tribunal internacional al
que ha acudido Perú en su diferendo con Chile. Una pregunta que se hace
insistente, aunque discretamente, cierto sector de la clase dirigente
chilena, por tanto, es qué hará Bolivia después del fallo. ¿Se le viene a
Chile un segundo proceso con todo lo que ello implicaría? Si, como se
asume en privado en Chile, La Haya otorga al Perú por lo menos un
porcentaje de lo que reclama, ¿es inevitable que Bolivia vaya por la
misma vía? ¿Es eso jurídicamente viable? Y si lo fuera, ¿puede Chile
arriesgarse a una derrota o debe, con el costo internacional que ello
podría entrañar, negarse a aceptar, a diferencia de lo que hizo en la
disputa con Lima, la intervención de la corte de la ONU?

Desde el siglo 19, los destinos de estos tres países están tan
ligados entre sí, que por lo general los asuntos bilaterales acaban
convirtiéndose en asuntos trilaterales… y por tanto, las soluciones
bilaterales definitivas acaban postergándose. Ocurrió con la
Confederación Perú-Boliviana, a la que Chile derrotó en 1839 con ayuda
de exiliados peruanos y parcialmente de Argentina, y sucedió obviamente
con la Guerra del Pacífico, a la que el Perú ingresó por su acuerdo
secreto con La Paz. A partir del Tratado de Lima de 1929, cuyo Protocolo
Complementario en la práctica dio al Perú un derecho de veto sobre
cualquier arreglo entre Chile y Bolivia relacionado con un acceso
soberano de este último al Pacífico, todo se complicó. Así, en los años
70, el acuerdo de Charaña entre Augusto Pinochet y Hugo Bánzer, que
pretendía dar a Bolivia un acceso soberano a través de un corredor que
pasaba por el norte de Arica, fue vetado por el gobierno peruano de
Morales Bermúdez. Una negociación chileno-boliviana más o menos similar
se había frustrado, asimismo, en 1950.

Todo indicaba, hasta hace poco tiempo, que por fin se rompería al
maleficio de la triangulación de las tensiones entre estos tres países
con el proceso de La Haya que enfrenta a Perú y Chile, pues en una
primera instancia La Paz se mantuvo totalmente al margen, haciendo gala
de mucha prudencia. Sin embargo, en marzo del año pasado esa percepción
quedó disipada cuando el Presidente Evo Morales anunció abiertamente que
estaba considerando demandar a Chile ante “tribunales internacionales”,
lo que fue interpretado por todos como una amenaza de acudir a La Haya.
Desde entonces, Bolivia ha reiterado en varias oportunidades esa
postura, aunque lo cierto es que no ha dado ningún paso concreto en
dicho sentido.

Al menos, no todavía. De allí que la sombra de Bolivia vaya
estirándose sobre el proceso relacionado con Perú y Chile a medida que
se acerca la hora final. Es evidente que, al blandir en público el arma
de la judicialización internacional de su reclamo, Evo Morales ha
buscado presionar a Chile sabiendo el apremio en el que el país austral,
que es quien más tiene que perder, se encontraba. Pero también es
probable y así lo ve la oposición en Bolivia, que La Paz haya
considerado que es mejor esperar el fallo sobre el diferendo entre
Santiago y Lima para actuar. La Paz calcula que un fallo adverso a Chile
reforzaría mucho a Bolivia, independientemente de que sea viable
judicializar el reclamo boliviano, lo que es altamente dudoso, como
veremos más adelante; en cambio, un fallo que dejara las cosas como
están, por tanto favorable a Chile en la práctica, colocaría a Bolivia
en situación mucho más desventajosa si pretende judicializar el caso o
incluso, usar esa arma con fines de presión política.

El cambio de estrategia de Morales en marzo de 2011 es tanto más
sorprendente cuanto que al inicio del gobierno de Sebastián Piñera todo
parecía encaminado a dar continuidad al clima de cordialidad con que,
salvo ciertos episodios pasajeros, Bolivia y Chile habían manejado sus
relaciones en el gobierno de Michelle Bachelet. Al asumir el mando,
Piñera ratificó la famosa “agenda de los 13 puntos”, que fijaba un
amplio espectro de temas de conversación entre ambos países, incluyendo
el acceso al mar. En octubre de 2010, Morales llegó a decir que “una
gran ventaja en este momento es la confianza de presidente a
presidente”. Como se recuerda, ambos mandatarios habían jugado un
partido de fútbol contra viejos astros chilenos, en marzo de ese año.
Morales viajó meses después a Chile otra vez, esta vez a Copiapó, con
motivo del rescate de los mineros, entre los cuales estaba su
compatriota Carlos Mamani.

En los años anteriores, no se había producido nada muy concreto
-salvo en relación con otros puntos contenciosos, como el compromiso de
Chile de pagar por el uso de las aguas del Silala-, pero Bolivia había
evitado patear el tablero. En marzo de 2011 todo cambió. Desde el
sorprendente anuncio de entonces, hasta las frases duras dichas por
Morales en Lima recientemente (“el gobierno de Chile no solamente es una
amenaza para Bolivia, sino también para el Perú… Chile es un peligro
para la región”), la estrategia pasa por usar la amenaza de una
judicialización internacional del reclamo marítimo como instrumento de
presión.

En Chile no hay una preocupación excesiva con el aspecto jurídico, en
el que su posición frente a Bolivia es relativamente inexpugnable. No
existen instrumentos legales de derecho positivo que permitan plantear
la nulidad de un tratado que a una de las partes le parezca injusto. Y
esto precisamente es lo que tendría que hacer Bolivia en La Haya en
relación con el Tratado de 1904, que selló su mediterraneidad al
cerrarle las puertas del Pacífico. En el caso del diferendo con el Perú,
Lima no ha pedido la nulidad del Tratado de 1929, que fijó la frontera
territorial entre ambos países, sino algo muy distinto. El gobierno
peruano ha planteado que no existe un tratado que fije la frontera
marítima, sólo un tratado que fija la terrestre, por lo que no pretende
anular un tratado existente. Bolivia, en cambio, tendría que plantear al
tribunal la anulación del tratado que fijó su frontera, lo que, según
interpreta Chile, es un imposible jurídico. De acuerdo con esta premisa,
no hay riesgo de que el reclamo boliviano sea acogido en La Haya ni
obligación moral por parte de Chile de aceptar la intervención del
tribunal.

Pero estas discusiones no son nunca únicamente jurídicas, sino
políticas (el propio tribunal de La Haya no deja de tener en cuenta las
sensibilidades políticas de los litigantes en los casos que adjudica). Y
es por eso que lo que haga o deje de hacer Bolivia después del fallo
sobre el diferendo entre Chile y Perú tiene importancia.

¿Cómo se explica el cambio de estrategia de Bolivia? Esencialmente,
por razones internas. A partir de 2010, cuando Evo Morales empezó su
segundo mandato se inició una erosión de su figura y del gobierno del
MAS. Ella se agudizó a medida que ciertas decisiones impopulares fueron
creando espacios para que sectores que habían estado muy cerca del MAS
rompieran con el presidente. La agudización de las diferencias se
produjo a partir sobre todo del “gasolinazo” de fines de 2010, a lo que
se sumó, meses después, una traumática disputa política y social en
torno al proyecto de hacer pasar una carretera por una reserva ecológica
que se conoce como Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro
Secure).

El debilitamiento político del mandatario, sostienen casi
unánimemente sectores críticos, entre los que se cuentan antiguos
aliados, llevó a Morales a apelar al arma nacionalista y poner fin al
clima en el que, primero con Bachelet y brevemente con Piñera, se habían
desarrollado las conversaciones con Chile. De allí el anuncio, en marzo
de 2011, de que Bolivia acudiría a organismos internacionales
(advertencia política) y a tribunales internacionales (advertencia
jurídica). A medida que los conflictos internos se multiplicaron en
Bolivia -por ejemplo, con las protestas de los médicos ante el aumento
del número de horas de trabajo o la huelga policial por reclamos
salariales-, se hizo más urgente desviar la atención hacia el frente
externo. Las encuestas registraban a mediados de este año, cuando
Morales endureció aún más el tono con Chile, apenas un 33 por ciento de
aprobación para un presidente que había gozado de cifras dos veces
mayores en su mejor momento.

Evo Morales tiene intenciones de presentarse a un tercer mandato en
diciembre de 2014. Hay una discusión constitucional sobre si el mandato
en curso del presidente boliviano debe contabilizarse como el primero o
el segundo, dependiendo de si se cuenta o no a partir de la nueva
Constitución que él hizo aprobar en reemplazo de la Carta Fundamental
bajo la cual llegó al poder. La nueva permite sólo una reelección, de
modo que para poder presentarse deberá prevalecer -algo que nadie duda
que ocurrirá en un país con instituciones débiles- la tesis de que se
debe empezar a contar a partir del nuevo ordenamiento constitucional.

Con un frente interno tan revuelto y riesgoso para él, el Presidente
Morales no puede darse el lujo de presentarse a la segunda reelección
con cifras de popularidad tan bajas y que podrían empeorar si siguen
multiplicándose los puntos de conflicto. Lo previsible, por tanto, es
que Morales juegue cada vez más a fondo la carta “chilena”.

Se suma a ello un factor muy reciente que le dará la cobertura
regional necesaria para proyectar su estrategia: la nueva reelección de
Hugo Chávez. Aunque desde hace ya algún tiempo que Venezuela no agita la
bandera del reclamo boliviano, nadie olvida en Santiago que en el
pasado, Chávez respaldó públicamente a Morales en este asunto. Haya o no
jugado un rol Caracas tras bambalinas para empujar a Morales a usar la
judicialización como arma de presión sobre Chile, lo cierto es que no
puede descartarse que el comandante Chávez respalde eventualmente a su
aliado boliviano. De ello es consciente el gobierno chileno, que ha
llevado la fiesta en paz con Caracas en los últimos tiempos y ha evitado
alejarse de las posturas regionales alentadas por los gobiernos de
izquierda, en temas como Las Malvinas o la destitución de Lugo en
Paraguay.

Aunque desde el punto de vista jurídico, Chile se siente más seguro
frente a Bolivia que frente a Perú, de cara a un eventual intento de
Morales de acudir a La Haya, el gobierno chileno evalúa con cuidado los
escenarios posibles. En la eventualidad de que Perú obtenga algo de lo
que reclama en La Haya, uno de los principales puntos a tener en cuenta
es cómo afectará ello el escenario político interno de Chile, dado que
este país celebrará elecciones presidenciales en 2013. La incógnita es
si las corrientes nacionalistas que han estado hasta ahora relativamente
disminuidas cobrarán fuerza y a quién responsabilizarán más los
electores: ¿a la Concertación, que es quien llevó desde el comienzo la
defensa chilena, o a la Alianza, que ratificó al equipo nombrado por el
gobierno anterior? La pregunta, en ese escenario hipotético, es cómo
afectaría el frente externo a la precampaña electoral chilena.
Sensibilizado por un eventual revés, por parcial que sea, ante el Perú
en La Haya, el público chileno podría reaccionar ante la pretensión
boliviana volcando su sensación de ser víctima de un acoso externo
contra alguna de las dos coaliciones.

Todo esto es altamente especulativo a estas alturas y existe siempre
la posibilidad de que Morales se abstenga de intentar algo que puede
costarle mucho en términos políticos si la carta de La Haya resulta un
fiasco, por la imposibilidad jurídica antes apuntada. Pase lo que pase,
la sombra de Bolivia planea sobre La Haya.